El Gobierno no habilitará más prórrogas del 'decreto antidesahucios' que expira el próximo 9 de agosto, sino que aprobará un nuevo decreto para proteger de manera "estructural" a las familias vulnerables sin alternativa habitacional, hasta que saque adelante la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Así lo ha señalado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en una comparecencia en el Congreso para informar del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

"Vamos a tratar de adelantar vía real decreto lo que tenemos previsto en la ley de vivienda, de tal modo que no sea una prórroga de una situación excepcional, sino que sea ya estructural, aunque en esa parte nos adelantemos a la propia ley, que evidentemente va a tardar más tiempo en su debate", ha anunciado el ministro.

Ábalos ha recordado que el decreto que ha paralizado los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional durante la pandemia "venía a atender una situación excepcional derivada del covid", pero ha dicho que luego se dieron "cuenta de que con eso no se resolvía el problema, porque había situaciones precovid" que la crisis sanitaria había agravado.

Los socios de gobierno han pactado incluir este asunto en el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que esperan llevar al Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano y que previsiblemente no terminará su tramitación parlamentaria hasta finales de 2022, por lo que el nuevo real decreto que prepara el Mitma cubriría la falta de protección durante ese tiempo.

"En este caso hace falta tener un marco de aplicación que cubra lo que deje de cubrir el decreto que llega al 9 de agosto y la idea es que antes de su vencimiento podamos tener ese real decreto decreto", ha recalcado el ministro.

El Gobierno aprobó el llamado 'decreto antidesahucios' en diciembre de 2020, tras una tensa negociación entre los socios de la coalición, ya que Unidas Podemos rechazaba incluir en él el derecho de los propietarios a solicitar una compensación por el perjuicio que les hubiese ocasionado la suspensión de un lanzamiento de una familia vulnerable sin contrato de arrendamiento.

Finalmente, el entonces vicepresidente Pablo Iglesias aceptó incluir esta compensación y el decreto se aprobó como medida excepcional, mientras durase el estado de alarma.

Cuando éste finalizó, el pasado 9 de mayo, el Ejecutivo prorrogó el decreto por tres meses, hasta el próximo 9 de agosto.

Precios de alquiler

Durante su comparecencia, Ábalos ha confirmado que sigue negociando con Podemos la ley de vivienda y ha asegurado que está en su ánimo cumplir con el acuerdo de gobierno, que le compromete a "frenar las subidas abusivas" de las rentas de alquiler, pero que "no dice poner precios", ha subrayado.

En ese sentido, ha reiterado que están "intentando buscar una fórmula en la que todos nos encontremos y nos reflejemos".

Plan de recuperación

Respecto al plan de recuperación, ha indicado que este miércoles han licitado, por 52 millones de euros, la primera de las actuaciones de carreteras: las obras de duplicacióón del acceso viario al Puerto Bahíía de Algeciras, incluidas en la Componente 6 del plan, "Movilidad sostenible, segura y conectada".

"Con ello mejoraremos la accesibilidad viaria del puerto de carga más importante de España y del Mediterráneo, actuación que también está incluida en el Plan para el Campo de Gibraltar", ha apuntado.

Además, ha revelado que Adif y Adif AV ya están ejecutando obras por unos 800 millones de euros con cargo a los fondos europeos, puesto que las actuaciones han quedado integradas dentro del plan.

El ferrocarril es el modo de transporte más beneficiado por el plan, con una inversión directa asignada de unos 6.200 millones de euros para mejorar la calidad y la fiabilidad del servicio de Cercanías, completar los corredores Atlántico y Mediterráneo y potenciar la intermodalidad aumentando el peso del transporte ferroviario de mercancías, que deberá alcanzar el 10 % de la cuota de mercado en 2030 (actualmente tiene el 4 %).

En total el Mitma gestionará unos 17.000 millones de euros, de los que de 13.200 millones son para movilidad sostenible (4.500 millones para el plan de choque de movilidad en entornos urbanos y metropolitanos y 6.700 millones para movilidad sostenible, segura y conectada y 6.820 millones para actuaciones en vivienda y regeneración urbana, con programas de rehabilitación energética e integral de viviendas, edificios y barrios en entornos urbanos y rurales.