El fantasma de Iván Redondo sigue caminando por La Moncloa. Que el asesor haya desaparecido físicamente de las estancias del palacio no significa que su sombra, su herencia, su obra, siga en pie. Hasta que Óscar López se haga con las riendas, la maquinaria 'monclovita' funcionará con la inercia que le ha proporcionado su todopoderoso antecesor en el cargo.

El 'silencio' sobre Cuba de Nadia Calviño, nada sospechosa de comulgar con el comunismo castrista, demuestra hasta que punto los ministros se alinean cuando Moncloa toca a rebato. Desde que prendió la mecha en el país caribeño, varios ministros del Gobierno han eludido ya tildar de "dictadura" al régimen cubano.

La última en esquivar el término ha sido la vicepresidenta primera, quien ha realizado piruetas imposibles para esquivar el asunto en una entrevista en la Cadena Ser. La ministra de Economía ha rechazado poner "etiquetas a las cosas" y ha insistido en la necesidad de "poner el foco en lo importante". "El presidente del Gobierno fue muy claro ayer al calificar el régimen", ha añadido.

Calviño se refería a la escueta referencia que hizo Sánchez en Telecinco, en su primera entrevista como presidente del 'nuevo' Gobierno. El líder socialista fue cualquier cosa menos claro, al asegurar que "Cuba no es una democracia". "Es evidente", remachó, zanjando el tema sin mencionar la palabra maldita.

Tras esa estudiada ambigüedad está la consigna que ha lanzado Moncloa a sus ministros. Yolanda Díaz, Isabel Rodríguez e Ione Belarra ya han respondido de manera idéntica a Calviño, usando lamentables juegos de palabras que irritan a la oposición, pero que le servirán de arma arrojadiza contra el Gobierno en el Parlamento.

Salvo excepciones contadas como la de Alberto Garzón -quien nunca ha escondido su admiración por el régimen cubano-, la inmensa mayoría de los ministros tienen claro que si un país no es una democracia, es una dictadura. Sobre todo una ex alta funcionaria europea de la talla de Nadia Calviño. Sin entrar en la parcela de las afrentas de Cuba a los derechos humanos -como se ha apresurado a recordar estos días Amnistía Internacional-, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel es un ejemplo internacional de falta de transparencia en lo económico.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel
El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel.

Cuba no figura en la larga lista de 190 países que examinan los economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI). En su Word Economic Outlook, el organismo que lidera Kristalina Georgieva sitúa al país americano a la altura de Corea del Norte. "Algunos países no están incluidos en la clasificación ni son analizados. Cuba y Corea del Norte son ejemplos de países que no son miembros del FMI, por eso no se pueden monitorizar sus economías", recalca la institución con sede en Washington.

Cualquier empresario, economista, analista o periodista que desee acercarse a la realidad económica cubana, apenas tiene fuentes a su alcance (las oficiales cubanas están intoxicadas y teledirigidas por La Habana). Sólo el Banco Mundial permite hacerse una ligera idea de la delicada salud que atraviesa desde hace años la economía del país. El Producto Interior Bruto lleva un lustro estancado por debajo del 2%, con baches pronunciados: en 2016 creció sólo un 0,5% y en 2019 -antes del latigazo del coronavirus- avanzó un insignificante 0,2%

La ausencia de información convierte a Cuba en un ministerio insondable. Asomarse a la economía del país es harto complicado para un nuevo inversor, pero también para quienes ya están instalados allí

El crecimiento de la población (11,3 millones) está prácticamente estancado y registró una evolución negativa en 2020. El último dato de inflación corresponde a 2019: 3,3%. Sin embargo, el Banco Mundial no tiene a su alcance indicadores básicos como el índice de pobreza, el nivel de importaciones y exportaciones, o las inversiones ni del Gobierno ni de las extranjeras.

En materia energética, el Departamento de Energía de Estados Unidos también maneja una base escueta de datos. Y los pocos que alberga, son antiguos. Por ejemplo, su último análisis sobre el país es de 2016 y los indicadores del mercado energético llevan sin actualizarse desde 2018.

De la energía en Cuba sabemos poco. Ahí van algunos datos: el 85% de la electricidad se genera con hidrocarburos (la presencia de las renovables es testimonial; la capacidad de generación eléctrica instalada está estancada mientras la demanda crece, lo que provoca "apagones ocasionales"; y el embargo estadounidense obliga a La Habana a depender del crudo venezolano desde 2000, cuando firmó un acuerdo con Hugo Chávez (desde entonces Caracas suministra en torno a 100.000 barriles diarios).

Pablo Casado o Isabel García Ayuso han olido la sangre y usarán artillería pesada para agrandar las grietas de la coalición de gobierno

La ausencia generalizada de información convierte a Cuba en un ministerio insondable. Asomarse al país es harto complicado para cualquier nuevo inversor, pero también para quienes ya están instalados allí. Que se lo digan a los directivos de las pocas pero grandes compañías españolas que llevan décadas operando en la isla.

La necesidad de proteger los elevados intereses comerciales de España en Cuba está entre las razones que explican el veto de Moncloa a la palabra "dictadura". También el deseo urgente de evitar otra crisis diplomática sin que aún se haya apagado el incendio marroquí.

Lo mejor que le podía ocurrir al recién estrenado ministro de Exteriores, José Manuel Albares, es que este fuego se apagara por sí mismo. El problema es que la actuación dictatorial de La Habana -con detenidos en paradero desconocido y un muerto a la espalda- generará una presión creciente externa sobre el Gobierno español, que ostenta aún gran influencia en la región; e interna en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo.

Pablo Casado o Isabel Díaz Ayuso han olido la sangre y usarán artillería pesada para agrandar las grietas de la coalición de gobierno.