Correos vive su peor momento en lo que a imagen se refiere. Tras un año peleando contra las críticas y las preguntas en el Congreso sobre la gestión de la pandemia con sus trabajadores, la empresa pública de mensajería ha recibido esta semana su último golpe. Las balas enviadas por carta a diferentes políticos y representantes públicos han vuelto a poner el foco sobre la empresa, en general; y, en concreto, sobre la dirección de Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez.

Una crisis de imagen que, pese a que la compañía ha tratado de eludir responsabilidades durante estos días, ha vuelto a generar una revuelta interna, con los sindicatos CCOO y UGT pidiendo explicaciones y apuntando directamente a la dirección y a la falta de información por parte de la misma. No en vano, para los representantes de los trabajadores, la crisis de los últimos días es reflejo del "desmantelamiento" del servicio público postal, con el objetivo, insisten, de poner las bases para una "futura privatización", en plena batalla contra gigantes como Amazon.

En esto, los empleados vienen recordando, entre otras cosas, el recorte en la financiación del Servicio Postal Universal (SPU), el conjunto de servicios postales cuya prestación garantiza el Estado de forma permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible para todos los usuarios; el "trasvase" de actividad a la filial Correos Express, reforzándola desde la dirección para que gane peso en detrimento de Correos; o la "cesión o mala venta" del patrimonio inmobiliario histórico. "Se trata de vender que Correos, desde lo público, no funciona", insisten.

Al mismo tiempo, las oficinas de la empresa pública se han convertido en una especie de escaparate donde empresas externas, como Santander, Endesa o Telefónica, instalan sus propios stands para vender sus servicios, de forma que Correos gana con el alquiler del espacio. "Para compensar el descenso que previsiblemente se siga produciendo en las comunicaciones postales debido a la digitalización, el grupo Correos continuó impulsando la diversificación de sus actividades y el desarrollo de servicios multicanal, que combinan de forma óptima comunicaciones en diferentes formatos, sistemas y soportes", explicaba ya en su informe de 2018 la SEPI, que obtiene el 45% de su facturación de Correos.

De hecho, Correos es una de las obsesiones del Gobierno para que el holding, que registró unas pérdidas de 237 millones el pasado ejercicio, pueda levantar sus cuentas.

Tras menos de tres años en el cargo, Serrano, ha defendido siempre a propios y a extraños que su objetivo es "modernizar" la empresa, renovarla, para poder plantar cara a los titanes de la mensajería creciendo en paquetería y abandonar los números rojos. En ese camino, se ha topado de frente durante este tiempo con los sindicatos y los 'postalones' -los trabajadores del sector postal- que denuncian un "lavado de cara" constante de la compañía: "Brilla solo por fuera", insisten.

Correos y su "cara amable"

De hecho, una de las grandes apuestas de Serrano en Correos ha estado centrada en el departamento de comunicación y marketing, poniendo en marcha grandes campañas publicitarias para "dibujar la cara amable" de la empresa, recalcan fuentes sindicales. Aunque la empresa no desglosa la cantidad de inversión destinada a este área, en los últimos meses ha lanzado contratos valorados en varios millones de euros a los que ha accedido Vozpópuli, como el de 5,6 millones de euros para anuncios en televisión u otro millón para agencias de publicidad. Según los cálculos de los sindicatos, a este frente se le dedican unos 40 millones de euros.

La imagen de modernidad en la que trabaja Correos ha quedado plasmada durante este año campañas sonadas a la par que polémicas como la del Orgullo LGTBI, cuando lució pintados algunos de sus buzones con la bandera arcoíris; o la del 12-O, con un rap sobre España y qué es "ser patriota". Múltiples campañas que, tras el episodio de los envíos de las balas, han servido a los críticos para cuestionar a qué área destina Correos sus esfuerzos.

Tras un escueto comunicado, en el que la compañía se limitó a expedientar a la empresa externa encargada de la vigilancia el día que los sobres pasaron por el escáner y a apartar al empleado que ese día estaba en el puesto de control, CCOO y UGT continúan exigiendo una auditoría para que vean la luz "los posibles fallos" en materia de seguridad, pero no solo eso. Los dos sindicatos, mayoritarios en la empresa, abogan por que se "depuren responsabilidades en todos los niveles", y señalan: "Incluso para aquellos que se esconden y no dan la cara en estos momentos en los que toca asumir responsabilidades".

Un dardo directo al presidente Serrano, que, recalcan “conocido por sus continuas apariciones en los medios de comunicación, en las que se gasta millones euros para “autobombo”, lleve casi una semana desaparecido sin dar la cara". A Correos le crecen los enanos, mientras que las polémicas tocan una y otra vez la puerta de su presidente.