El Gobierno cargará a las empresas que abusen de los contratos temporales con un incremento de las cotizaciones sociales que pagan a la Seguridad Social por sus trabajadores, para intentar reducir la temporalidad del mercado laboral.

La medida forma parte del Componente 23 de Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, enviado a Bruselas como parte del Plan de Recuperación, que ha sido explicado este martes por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Se pretende evitar con este penalización que anualmente se produzcan millones de bajas a la Seguridad Social. En 2019, por ejemplo, se produjeron un total de 27 millones.

De hecho, según ha explicado Escrivá, un 20% de las relaciones laborales (o contratos) en España tiene una duración de un día; más de un 33% sólo duran 5 días o menos (ya que hay compañías que dan de baja a los trabajadores durante el fin de semana para no pagarles los días de descanso) y un 60% duran un mes o menos.

La medida busca por tanto "desincentivar el recurso excesivo a los contratos temporales de muy corta duración", ya que "agravan los problemas de la dualidad del mercado laboral".

En concreto, se incrementarán las cotizaciones sociales en función del número de trabajadores que sean dados de baja por una empresa. El ministro, no obstante, no ha precisado cuánto se aumentarán estas cotizaciones. A día de hoy, las compañías pagan un 28,70% de cotización por contingencias comunes.

En la actualidad ya existe un desincentivo pero no funciona bien, ha explicado Escrivá, ya que no penaliza a las compañías en función del número de trabajadores que dan de baja. Por ello, quiere que esté mejor diseñado y que la penalización sea más elevada.

Contratos temporales en el sector público

El Ministerio ha precisado a Vozpópuli que esta penalización también se aplicará al sector público, ya que la Administración es una de las culpables de la elevada cantidad de contratos temporales en el mercado de trabajo.

De hecho, la mayor parte de las incorporaciones que ha firmado el sector público en este último año han sido contratos temporales: 140.900 frente a los 8.600 contratos indefinidos realizados desde cierre de marzo de 2020; según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), del primer trimestre.

Actualmente, 1,03 millones de personas trabajan para la Administración Pública con contratos temporales -récord histórico- y 2,36 con contrato indefinido.

Así serán los nuevos ERTE post-pandemia

El ministro ha aprovechado su intervención para explicar también cómo serán los nuevos ERTE que se consolidarán en el mercado laboral como mecanismo para evitar despidos en periodos de contracción económica.

Con el nuevo mecanismo, las empresas seguirán beneficiándose de exoneraciones en el pago de cotizaciones sociales a la Seguridad Social y los trabajadores seguirán cobrando la prestación por desempleo.

Los costes de este mecanismo se financiarán con cargo a un Fondo Tripartito de nueva creación, cuyas contribuciones procederán de trabajadores, empresas y los préstamos que Bruselas ha puesto a nuestra disposición a través del Fondo de Recuperación. El ministro no ha precisado con qué cuantía estará dotado este fondo.

Los nuevos ERTE tendrán dos modalidades. Una que actuará como mecanismo de flexibilidad interna, utilizado ante "caídas transitorias o cíclicas de la actividad", que les permitirá minimizar el recurso al despido, salvaguardar el vínculo contractual y reforzar la formación de los trabajadores mientras están en el ERTE.

Este primer modelo se asemejaría más al sistema de ERTE actual, derivado de la pandemia, en el que todavía quedan 600.000 trabajadores suspendidos -de los que la mitad son del sector restauración y alojamiento-.

La segunda modalidad estará disponible para momentos de "cambio tecnológico o transición hacia nuevos modelos de producción, de naturaleza permanente", y facilitará la movilidad de trabajadores a otros sectores sin tener que pasar por el desempleo. En este mecanismo será clave la formación para incrementar el capital humano de los trabajadores y poder reubicarlos en otros sectores.