El Gobierno obligará a hacer fijos a los trabajadores que encadenen dos años de contratos temporales

El Gobierno quiere obligar a las empresas que tengan trabajadores que encadenen dos o más contratos temporales, por una duración conjunta de dos años, a convertirlos automáticamente en trabajadores fijos.

Así ha quedado recogido en la última propuesta que el Ejecutivo ha llevado a la mesa de diálogo social, a la que ha tenido acceso Vozpópuli por fuentes gubernamentales. Estos trabajadores que hayan tenido contratos temporales en la misma empresa durante veinticuatro meses -no necesariamente consecutivos- pasarán a ser considerados fijos, independientemente de si han cambiado de puesto de trabajo dentro de la compañía, si han trabajado para distintas empresas del mismo grupo o si han sido contratados a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT). Los contratos, eso sí, tendrán que tener lugar dentro de un periodo de dos años y medio.

Como ejemplo, si la propuesta sale adelante, una persona que entrara a trabajar en una empresa con un contrato temporal el 1 de enero de 2021 con vigencia hasta el 1 de julio (seis meses), podría ver prorrogado su contrato hasta el 1 de enero de 2022. Terminado ese contrato el trabajador abandona su puesto y el 1 de julio de 2022 vuelve a firmar otro contrato por seis meses con la misma compañía, que se prorroga de nuevo, del 1 de enero de 2023 hasta el 1 de julio de ese año.

Llegada esa fecha, dado que acumularía dos contratos temporales de una duración conjunta de dos años en un periodo de dos años y medio (desde el 1 de enero de 2021 en que firmó su primer contrato y hasta el 1 de junio de 2023), automáticamente pasará a ser considerado fijo.

Esta norma no aplicará en los contratos formativos y de relevo, los contratos de programas públicos de empleo y formación o en aquellos contratos de empresas de inserción.

El contrato temporal será sólo para aumentos de actividad inesperados

Sólo será de aplicación a los contratos temporales, que podrán tener una duración máxima de seis meses, prorrogable hasta un año, tal y como ha adelantado este lunes La Información, y que sólo estarán justificados en las empresas que experimenten incrementos ocasionales e imprevisibles de la actividad empresarial que no puedan ser atendidos por la plantilla habitual de la empresa.

Quedan excluidas todas las compañías que, por el carácter estacional de su actividad (como un restaurante en una zona costera), sepan de antemano cómo fluctúa su actividad y qué refuerzos de plantilla necesitan en algunos momentos del año, para los que el Ejecutivo impone el uso del contrato fijo-discontinuo.

El contrato temporal sí podrá ser utilizado cuando una empresa necesite cubrir una sustitución de un trabajador, aunque si éste no se ha reincorporado pasados dos años, el nuevo empleado pasará de tener contrato temporal a ser fijo.

Derecho preferente a ocupar vacantes

En esta propuesta, el Ministerio de Yolanda Díaz plantea también que los trabajadores que tengan contrato temporal tengan prioridad a la hora de cubrir nuevas vacantes de la empresa.

La empresa deberá informar a los sindicatos de que va a lanzar esas ofertas de empleo de tipo indefinido y los representantes de los trabajadores verán qué trabajadores de los que tienen un contrato temporal tendrán prioridad para optar a esos puestos. En cualquier caso, los convenios colectivos fijarán criterios para saber cuándo un empleado con contrato temporal debe pasar a ser fijo en función, por ejemplo, del porcentaje de temporales que haya sobre el total de la plantilla.

La propuesta del Gobierno supondría que el número de contratos se reduce a tres (indefinido, temporal y de formación), como ha prometido a Bruselas, siendo el indefinido el generalizado, y la consiguiente desaparición del contrato por obra o servicio, utilizado en la actualidad para firmar contratos temporales de hasta tres años, prorrogables hasta cuatro años en total.

Con todo, el Ministerio que dirige Yolanda Díaz continúa con su objetivo "derogar la reforma laboral del PP" antes de que acabe el año y pretende hacerlo con el visto bueno de Bruselas, que sigue de cerca los cambios que propone el Gobierno.