El Consejo de Estado alertó de que el 'hachazo' a las eléctricas no tiene el aval de Bruselas

El Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno, realizó un informe sobre el recorte a la retribución del CO2 no emitido por las eléctricas, los denominados beneficios caídos del cielo, en el mes de julio. Un momento donde se pretendía debatir la medida en el Congreso de los Diputados y no imponerse con urgencia vía real decreto-ley como se ha determinado esta semana, tras la crisis de la luz que se ha sufrido en verano y el empeoramiento de la situación que se avecina en invierno.

Este organismo alertó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que el recorte a las eléctricas no contaba con la luz verde de Bruselas. "No cabe ignorar, que se trata, al parecer, de la primera vez que un Estado miembro adopta una medida semejante, y que, por ello, será objeto de un examen por las autoridades europeas", explicaba la Comisión Permanente del Consejo de Estado, en su sesión celebrada el día 20 de julio de 2021.

Por otro lado, el Consejo de Estado considera que este 'hachazo' a las eléctricas no incumple el Derecho de la Unión Europea. No obstante, matiza que en la propia medida no se argumentaba de forma sólida los puntos de la legislación que marca Bruselas en los que se enmarca esta reforma.

"Es deseable por ello que, durante el resto de la tramitación del ahora anteproyecto (mes de julio) se lleven a cabo conversaciones más o menos formales con dichas autoridades europeas", recomienda el órgano consultivo sobre este recorte a las eléctricas.

"Como es posible que ya se haya hecho, pues no cabe ignorar que, en última instancia, la evaluación de una medida a la luz del Derecho de la Unión Europea no puede establecerse a priori con la suficiente certeza, sino que requiere, con frecuencia, un proceso de examen, aunque sea informal, de intercambio de opiniones con dichas autoridades", concluye en su evaluación.

Choque con las eléctricas

Este análisis del Consejo de Estado también alertó del impacto de su propuesta en la venta de energía a largo plazo. "Varios agentes han puesto de manifiesto que el mecanismo de minoración puede tener una incidencia negativa en los contratos bilaterales de venta de energía eléctrica (PPA) celebrados antes de la entrada en vigor de la ley", avisaba su dictamen.

"Dado que dichos contratos pueden no ser negociables entre las partes, y en la medida en que se hayan suscrito antes de que se anunciara la medida prevista en la norma -para lo cual cabría tomar como referencia diferentes fechas, como la de la aprobación del anteproyecto como proyecto de Ley por el Consejo de Ministros o incluso del examen por dicho órgano en primera vuelta- se sugiere reconsiderar o justificar de forma más detallada, en su caso, esta cuestión", argumentan.

Un hecho que ha sucedido este mismo jueves. Como informaba Vozpópuli,  la propia ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, se han comprometido a enviar una nota aclaratoria para matizar el golpe de su decisión sobre estos acuerdos de venta a largo plazo relacionados, principalmente, con grandes parques de producción renovable.

En orden a eliminar el riesgo impugnatorio en el que podría incurrir la norma en otro caso, el Consejo de Estado estima que debe fortalecerse el análisis de la memoriaConsejo de Estado

"No obstante, y en orden a eliminar el riesgo impugnatorio en el que podría incurrir la norma en otro caso, el Consejo de Estado estima que debe fortalecerse el análisis de la memoria, en el sentido propuesto, justificando de una forma cualitativa o, a ser posible, cuantitativa, que las instalaciones afectadas -en función de las distintas tecnologías- seguirán teniendo, en condiciones normales de riesgo de mercado, una rentabilidad razonable", destaca su dictamen sobre esta medida.

Es decir, el propio Consejo de Estado ya abre la puerta al Gobierno a una riada de pleitos, arbitrajes e impugnaciones de esta normativa. Un escenario, que como informaba este medio, ya está en marcha.