La crisis del coronavirus pasó factura en 2020 a los concesionarios de coches en España, que perdieron casi el 20% de su negocio por los meses de confinamiento, las restricciones de movilidad y la crisis económica. En concreto, el sector de la distribución oficial cerró el pasado ejercicio con una facturación ligeramente por debajo de los 36.000 millones de euros frente a los más de 44.000 millones del año anterior. Datos que han sido presentados por la patronal de los concesionarios Faconauto en un encuentro con la prensa previo a la celebración de su Congreso & Expo, que tendrá lugar este 17 y 18 de febrero.

Por áreas de negocio, la que más sufrió fue la de vehículos nuevos, con una caída en su facturación del 19,8%, seguida de la posventa, que bajó un 18,8%, mientras que el negocio del vehículo usado cayó un 14,7%. Con estas cifras, la rentabilidad media de las redes oficiales de cocesionarios fue del 1,2% sobre su facturación, aunque el 49% de los concesionarios se habrían quedado el año pasado con una rentabilidad media inferior al 0,5%.

“Pese al fuerte impacto que ha tenido la pandemia y la crisis económica, los concesionarios hemos sido capaces de mantener la rentabilidad positiva de nuestros negocios, aunque con un margen muy estrecho, raquítico. Esto ya augura que el primer semestre de este año será muy complicado, y nuestra viabilidad pasa por reactivar la demanda y el consumo. De lo que pase hasta junio dependerá, en gran medida, el que esta crisis coyuntural no se convierta en estructural y el que los concesionarios podamos seguir invirtiendo en futuro: en la transición ecológica y digital en la que está inmerso el sector”, ha dicho el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez.

Un impacto económico fruto de la caída de ventas y reparaciones que se trasladó al empleo, que llevó a la red oficial de concesionarios a perder casi 8.100 puestos de trabajo el año pasado, aproximadamente un 5% del total, quedando en algo más de 153.000 trabajadores. Para Faconauto el mecanismo de los ERTE ha sido esencial para mantener el empleo en el sector, pero ha advertido que difícilmente podrán mantener sus actuales estructuras si el mercado no remonta. De hecho, según una encuesta elaborada por la consultora MSI para la patronal, el 64% de los concesionarios prevé reducir sus plantillas a lo largo de este año.

Recuperación para 2022

Según prevé Faconauto, para ver una recuperación del sector habrá que esperar hasta 2022, cuando se volverán a alcanzar los 1,2 millones de vehículos matriculados, un cifra parecida a la de 2019. Mientras, para este ejercicio, maneja un escenario optimista, en el que se rebasarían apenas el millón de unidades, y otro pesimista, con un mercado inferior a ese millón de ventas. La evolución del mercado dependerá de la rapidez con la que se produzca la vacunación de la población y la normalización de su movilidad.

La patronal ha indicado que, además del mercado, está corriendo peligro el que España avance a mayor velocidad hacia la descarbonización de la movilidad, hacia la implantación del vehículo eléctrico y hacia la renovación del parque automovilístico. “No podemos, ni como sector, ni como país, perder el tiempo, por eso, para atajar los retos a corto y a largo plazo es necesario que el Gobierno active los 3.750 millones de euros que comprometió vinculados al Plan de Impulso de la Cadena de Valor de la Industria de la Automoción”, ha indicado Gerardo Pérez.

De los cinco ejes estratégicos que incluía el Plan de Impulso, Faconauto considera urgente abordar el primero, la renovación del parque, mediante la reactivación de los 200 millones de euros sobrantes del Plan Renove para lanzar un Renove 2021, que podría acompañarse además con una plan de achatarramiento sin compra. En segundo lugar, Faconauto considera que habría que abordar reformas más estratégicas, como la de la fiscalidad, un instrumento esencial para fomentar la renovación del parque e incentivar la demanda.

En concreto, Faconauto propone la creación de un nuevo impuesto medioambiental, que sustituya el impuesto de matriculación, de carácter autonómico y estatal que gravara el parque según sus emisiones de CO2 con una cuota anual. Además, propone el mantenimiento del impuesto de circulación, pero bonificando al 100% los vehículos con etiqueta cero y trabajando a futuro en un cambio de este impuesto para que grave la contaminación atmosférica de los vehículos en función de su antigüedad.