De comidas a flores: el Gobierno cuenta con 3,5 millones para gastos "protocolarios"

El presidente del Gobierno, los ministros y la mayor parte de los altos cargos, incluidos los que figuran en los organismos y entes que cuelgan de los departamentos ministeriales, disponen de más de 3,5 millones de euros en 2022 para pagar comidas, ramos de flores y otros obsequios que se supone institucionales a título de gastos de representación. Se trata de una curiosa partida, que figura en la letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado bajo el subconcepto de ‘Atenciones Protocolarias y Representativas’ cuya dotación ha aumentado un 10% respecto a los Presupuestos iniciales de Rajoy en 2018 (3,2 millones).

Este incremento es una de las consecuencias de que Sánchez haya incrementado el número de carteras y de altos cargos desde que llegó a La Moncloa. Estos gastos, que se realizan también en el resto de las Administraciones Públicas (comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, empresas públicas y otros organismos), suelen destinarse también, sobre todo en corporaciones locales, a la adquisición de productos alimentarios, a la compra de distinciones o trofeos e incluso a la contratación de 'caterings' y ‘otros Conceptos’ distintos a los anteriores.

Según la norma presupuestaria que las regula, las atenciones protocolarias y representativas son simplemente gastos de representación. Se realizan con cargo a créditos específicos para atender las necesidades relacionadas con actuaciones en el ejercicio de las funciones públicas de los altos cargos de la Administración del Estado (y del resto del sector público). Para ello, se exige una serie de requisitos: que se produzcan realmente como consecuencia de actos de protocolo y representación; que redunden en beneficio o utilidad de la Administración; y que no supongan retribución en especie o metálico. Además, todos los gastos deberán acreditarse con facturas y otros justificantes originales, formando la cuenta justificativa, y deberán acompañarse de una Memoria que describa con suficiente grado el detalle. La mayoría de estos gastos suelen ser comidas.

Por ello, en esta Memoria se debe informar con quién o quiénes, por ejemplo, come un alto cargo (se debe identificar a los participantes) y para qué ha comido con este invitado o invitados (para ver si se cumplen los fines establecidos y si redunda el gasto en beneficio o en utilidad de la Administración). Si no se justifican estos gastos fehacientemente, puede haber responsabilidad contable porque no se trata de gastos de libre disposición.

Partida de gastos superfluos

Se trata de una de tantas partidas superfluas de los Presupuestos que el Gobernador del Banco de España pidió su revisión, supresión o comprobación. Aunque no se trata de una cifra muy elevada, llama la atención que ningún Gobierno haya suprimido estos gastos nada ejemplificadores sobre todo en la situación actual. Esta asignación llegó a ser escandalosa en los años ochenta. Ha sido objeto de innumerables correcciones y cambios tras la llamada de atención, por ejemplo, del Tribunal de Cuentas o de la Intervención General del Estado.

En realidad, no hay información pública alguna del seguimiento y del cumplimiento de los requisitos. A lo sumo, algunos ministerios se han circunscrito a remitir la cifra de los gastos totales a los contribuyentes que han pedido los datos detallados alegando que carecen del desglose demandado. En este sentido, el Consejo del portal de Transparencia y Buen Gobierno, ha desestimado la petición de los contribuyentes que pretendían conocer desde la descripción de los gastos, las fechas e importe, así como el nombre de las personas que realizaron dicho cargo. Este órgano ha pedido en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y de rendición de cuentas que se cree la herramienta informática adecuada que permita garantizar una correcta tramitación de los expedientes demandados. Pero, no hay noticias de que se esté realizando ni la herramienta ni que facilite la información detallada.

En todo caso, aunque con algunos retoques al alza, las obligaciones de este gasto durante los años de la pandemia han sido sensiblemente inferiores a los créditos habilitados para el ejercicio. No se trata de ahorro alguno, sino que obviamente no ha habido nada que representar o con quién reunirse a comer en pleno confinamiento mientras era prioritario mantener la distancia social, es decir, los contactos de los altos cargos y del Gobierno han tenido un perfil bajo.

Por ejemplo, Sánchez y el ministerio de Presidencia tenían un Presupuesto en 2021 de 415.000 euros en total para la representación y ha sido de poco más de 167.000 euros (un 40%). Este es el porcentaje de la liquidación hasta noviembre en la mayoría de los ministerios, aunque es posible que se haya incrementado en diciembre, ya que es habitual que los departamentos gasten todo lo que pueden en este mes (ocurre con muchas partidas) porque decaen al finalizar el año con la puesta en marcha de los nuevos créditos.

La partida ha aumentado un 10% respecto a las últimas cuentas de Rajoy en 2018 (3,2 millones)

¿Qué ministros y altos cargos disponen de mayor presupuesto para gastos de representación en 2022? Esta partida, que se repite año tras año con algún incremento, incluye a un número ingente de cargos y organismos sin que se sepa el sentido o la necesidad de la adscripción individual de ese gasto. Genéricamente, de director general para arriba casi todo el mundo dispone de una cantidad, incluso a veces parece irrisoria o al contrario sin que se atienda a criterio objetivo alguno. Lo habitual es que los directores generales reciban 2.340 euros, el doble los secretarios generales y el triple o cuádruple los secretarios de Estado (depende del ministerio) o incluso más, y mucho más los ministros. Su cuantía es más difícil de seguir ya que está inmersa en la dotación genérica de “ministerio, subsecretaria y servicios generales”.

Sánchez dispone en 2022 de 275.000 euros (casi cuatro veces su sueldo oficial) para su programa presupuestario 912M de presidente del Gobierno). Y La Moncloa en su conjunto (incluyendo el programa de relaciones con las Cortes y la cobertura informativa) supera los 400.000 que, sumados a los 3.000 euros del CIS o los 5.000 del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional o los 2.340 del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, supera los 415.000 euros. Es Presidencia, por tanto, quien más gastos de representación tiene asignados para sus altos cargos.

Este incremento es una de las consecuencias de que Sánchez haya incrementado el número de carteras y de altos cargos desde que llegó a La Moncloa

Por ministerios, incluyendo también sus organismos dependientes, le siguen: Hacienda (346.730 euros, incluyendo los 147.000 de la Agencia Tributaria); Política Territorial (288.100 euros, de ellos 232.700 recibe el Secretario de Estado); Justicia (233.870 euros); Interior (189.930 euros); Asuntos Económicos (186.630 euros, de ellos 57.000 figuran en el programa de la vicepresidenta y ministra y 83.010 son para los consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia); Cultura y Deporte (162.130 euros, de ellos 90.000 corresponden al Museo del Prado y 15.000 al Consejo Superior de Deportes); Trabajo (149.840 euros, de ellos casi 72.000 figuran en el programa de la ministra Díaz y 71.000 en el Consejo Económico y Social).

Transición Ecológica cuenta con 138.220 euros (la mitad se encuentra en el programa de su titular y 60.000 en el Consejo de Seguridad Nuclear); Exteriores (122.550 euros, de ellos 20.000 corresponden al Instituto Cervantes y 21.000 al Secretario de Estado para Iberoamérica, Caribe y el Español en el Mundo); Inclusión y Seguridad Social (94.150 euros); Industria, Comercio y Turismo (89.010 euros, de ellos la mitad figura en el programa de su titular); Igualdad (78.000 euros, de ellos casi 76.000 se ubican en el programa 232 M de la ministra y de sus servicios generales); Consumo (75.500 euros, de ellos 65.000 aparecen en los servicios generales del ministro); Sanidad (74.410 euros); Defensa (64.700 euros); Educación (59.730 euros); Agricultura (49.310 euros); Ciencia e Innovación (45.990 euros, de ellos 11.100 corresponden a los altos cargos del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas); y Universidades (37.690 euros). La dotación presupuestaria para estos gastos de representación de los ministerios en manos de Podemos, socio del Gobierno, suman más de 446.000 euros.

Organismos institucionales

En cuanto a los organismos institucionales, destaca el gasto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con 235.710 euros y del Consejo de Estado con 95.000. A todas estas cifras habría que añadir los más de 100.000 euros, por ejemplo, con que cuenta fuera de este presupuesto del Estado la dirección del Congreso de los diputados. Y las cifras se pierden en los presupuestos de las 17 autonomías y en el entretejido sistema de Administraciones Locales.

Para comprobar que el reparto de estos fondos para la representación es un tanto indiscriminado, sólo hay que ver que, por ejemplo, los altos cargos del Programa de Selección y de Formación de Jueces (CGPJ) disponen de 10.000 euros; 2.400 tiene la Dirección General de Derechos de los Animales y la misma cantidad el responsable del Instituto de la Juventud (Derechos Sociales); 2.340 hay también para el responsable del Parque Móvil del Estado y del Comisionado para el Mercado de Tabacos (Hacienda) o el de la Mutualidad de los Funcionarios Civiles (Hacienda).

También llama la atención: los 3.000 euros de la Jefatura Central de Tráfico (Interior); los 1.640 del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Transportes); los 2.340 del SEPE (Trabajo); los 2.340 también de la Oficina de Patentes (Industria); los 13.000 de las confederaciones hidrográficas (Agricultura); los 2.050 del Instituto para la Transición Justa (Transición Ecológica); los 2.060 euros del Instituto Cinematográfico y otros 2.340 más para el Instituto Nacional de Artes Escénicas (Cultura); así como los 9.360 euros del INE (Asuntos Económicos); los 2.340 del Instituto de las Mujeres (Igualdad); o los 13.340 para la dirección de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Universidades).