El comercio ya está analizando sus opciones para cuando pase el estado de alarma por el coronavirus y los establecimientos vuelvan a levantar la persiana. Tanto es así que las patronales del sector se dirigen al Gobierno estos días para que les aclare si, tras los ERTEs, podrá decaer el "compromiso" de mantenimiento del empleo que, en teoría, se alargaría seis meses desde la puesta en marcha de la actividad.

En concreto, en una carta dirigida este lunes a las ministras de Asuntos Económicos y Agenda Digital, Nadia Calviño, y de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, las patronales del textil (Acotex) y de las grandes superficies (Anged) reclaman, junto con Asepri y Moda España, que el Ejecutivo les aclare de forma expresa que el compromiso de mantenimiento del empleo aplicable a los ERTEs en curso "decae cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción". Es decir, que las empresas puedan despedir en base a estas causas, aunque no hayan pasado seis meses.

En el texto del real decreto-ley aprobado por el Gobierno el 1 de abril, queda recogido que se considera imprescindible que las empresas afectadas por el coronavirus puedan acceder en las circunstancias actuales a un ERTE, algo que ya han solicitado muchas de ellas. "De esta manera, estas empresas podrían no ver menoscabada su viabilidad al poder disfrutar de las ventajas asociadas a los ERTEs del Real Decreto-ley 8/2020: la posibilidad de acceso en caso de afectación por la situación derivada del Covid-19; una tramitación más ágil, prácticamente inmediata en caso de fuerza mayor; la reposición de la prestación por desempleo; y la exoneración (parcial o total, según el número de trabajadores) en caso de ERTE por causa de fuerza mayor.

Como contrapartida, sigue el texto, para asegurar que "solo aquellas empresas concursadas que resulten viables puedan acogerse a los beneficios que estas medidas suponen, se declara expresamente aplicable la Disposición Adicional Sexta, sobre salvaguarda del empleo, sujetando, por tanto, el acceso a dichas medidas a la presentación de un compromiso de mantenimiento de empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad".

¿Despedir sin consecuencias?

Este compromiso de mantenimiento del empleo que señala el Ejecutivo es la línea en la que se basan las empresas para solicitar que, si la situación no permite mantener el empleo por las causas señaladas, puedan poner en marcha EREs o despedir sin consecuencias.

Unas consecuencias que, apuntan fuentes sindicales, no convienen ahora a las compañías. "El incumplimiento de esa medida da lugar, según esto, a la devolución por parte de la empresa de esos seguros sociales, asumiendo la totalidad del salario, y que quede a posible sanción, pero no es una una prohibición de despedir", explica a este periódico Pilar López Asencio, abogada laboralista en Vaciero Abogados, que apunta a los despidos improcedentes -más costosos- como herramienta.

Eduardo Zamácola, presidente de Acotex y uno de los firmantes de la misiva enviada al Ejecutivo, insiste en que es necesario implementar medidas de "flexibilización laboral". "Es inviable con la situación que hay que no exista ninguna reducción de personal. Los ingresos no van a permitir que tengamos ese personal contratado", cuenta Zamácola a Vozpópuli, que reclama que "va a ser imposible mantener los puestos de trabajo". Según sus cálculos, la patronal del textil calcula que las ventas en el sector caerán cerca de un 70%.

Una reclamación que no comparten los sindicatos, que además no han tenido conocimiento de la carta enviada al Gobierno por parte de las patronales hasta su publicación. "Se tiran piedras contra su tejado. Su salida de la crisis va a depender del mantenimiento de renta disponible. Se están cavando la fosa. Si no hay renta, los primeros que lo van a sufrir son los comercios y, antes, el textil", cuenta Chema Martínez, secretario general de la federación de servicios de CCOO.

A juicio de Martínez, las patronales "se precipitan" y, apunta, "se equivocan de ventanilla": "Con quien tienen que hablar es con los sindicatos, no vamos a consentir que se promuevan modificaciones sin haber existido diálogo", insiste.

¿Dónde está el límite?

Para López Asencio, es indispensable que el Ejecutivo aclare la cláusula de mantenimiento del empleo y que especifique en qué supuestos hay que mantenerlo.

"Pongamos un ejemplo. Tienes ahora la tienda cerrada, pues la causa derivada sería el Covid-19. Pero imaginemos una empresa que vende comercio de lujo por internet, y que dentro de cuatro meses ven cómo sus ventas han caído a la mitad. ¿Por qué no va a poder despedir?", explica la abogada laboralista, que apunta a que las empresas que no han puesto en marcha ERTE, o que no lo han aplicado a toda la plantilla, sí que podrán optar por el despido.

Con todo, desde los despachos de abogados, inmersos en la interpretación de la ley, no confían en que la aclaración llegue pronto. "Creo que va a quedar al parecer de los tribunales, porque las empresas en muchos casos van a tener que despedir", apunta López Asencio.