Cuenta atrás para el arranque del fondo de rescate a empresas medianas y pymes. José Luis Curbelo, presidente y consejero delegado de Cofides; y Rodrigo Madrazo, director general de la entidad, presentaron esta semana el funcionamiento del nuevo fondo de rescate dotado con 1.000 millones de euros. A partir del próximo 28 de junio, las empresas afectadas por la pandemia que cumplan los requisitos podrán solicitar formalmente un préstamo de entre 3 y 25 millones de euros.

El funcionamiento del fondo es similar al de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), destinado a grandes empresas, si bien la entidad dependiente del Ministerio de Industria ha reforzado los controles y el procedimiento de análisis antes de aprobar cualquier rescate.

Para empezar, Cofides ha contratado a una agencia de rating que analice la situación de las empresas que pidan la ayuda para acreditar su viabilidad antes de la crisis del Covid. En caso de pasar esta primera fase, los expedientes pasarán a ser estudiados por dos asesores externos, uno jurídico y otro financiero.

Estos asesores, que en total serán una treintena, deberán elaborar informes que recojan “conclusiones claras y concisas sobre su recomendación favorable o desfavorable a conceder el apoyo solicitado basados en criterios técnicos y objetivos”, según explican fuentes de Cofides. Esta exigencia coincide con la reciente decisión de la SEPI de obligar a sus asesores a ‘mojarse’ en los rescates que analicen, algo que no tenían que hacer hasta ahora, como desveló Vozpópuli.

La dirección de Cofides también señaló durante la presentación del fondo que ha preparado un modelo de informe para los asesores. Esto también lo acaba de hacer la SEPI con la idea agilizar la concesión de rescates. El fondo estatal lleva ya un año en marcha y solo se han aprobado cuatro rescates pese a que las peticiones superan la treintena.

El fondo de Cofides está dirigido a empresas con una facturación de entre 15 y 400 millones en 2019. En el caso de las pymes, los préstamos podrán ser de entre 3 y 15 millones. Para las empresas medianas, las cantidades oscilan entre los 4 y 25 millones. Se prevé que la tramitación de cada expediente se extienda entre dos y tres meses.

Las empresas que reciban fondos públicos tendrán prohibido distribuir dividendos, subir los sueldos de los directivos o comprar más de 10% de compañías competidoras hasta que no devuelvan al menos el 75% del préstamo. Cualquier reducción de plantilla quedará condicionada a alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores.