El código ético del banco público que contrató al hijo de Calviño prohíbe enchufar a familiares

El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) del que Nadia Calviño es gobernadora y que contrató a su hijo recién licenciado, según ha avanzado Vozpópuli, tiene unas normas y un código ético para evitar que se favorezca o contrate a familiares. Por una parte, la regulación del personal establece unas reglas frente a la "contratación de parientes cercanos tanto por sangre como por matrimonio". Este banco público destaca que "la política de contratación debe ser la de buscar atraer empleados del más elevado calibre, apropiados a las necesidades del trabajo y bajo condiciones y términos de contratación que responden a los propósitos y objetivos del banco".

En este sentido, subraya la citada regulación, "el Banco dará la mayor importancia a asegurar los más altos estándares de profesionalidad, eficiencia y competencia técnica al contratar a los miembros de su plantilla".

La Guía de Políticas de Recursos Humanos del BERD establece unas reglas de "no discriminación e igualdad de oportunidades" que estipulan que "las decisiones de contratación se toman de manera justa y objetiva y no sobre la base de características personales como género, raza, nacionalidad, opinión política, afiliación a un sindicato, origen étnico o social, religión o posición familiar [...] que no estén relacionadas con los requerimientos inherentes al trabajo".

De hecho, la "Política de riesgos a la integridad del banco" se enorgullece de la "cultura ética del banco, que empieza con un 'fuerte tono desde arriba', en alusión a la Junta de gobernadores, a la que pertenece Calviño, que es "responsable de la adopción de los Códigos de Conducta del banco tanto para el personal como los funcionarios de la Junta Directiva".

A esto se añade que el Código de Conducta tanto del personal como de la Junta Directiva contiene varios preceptos que tratan los "conflictos de interés" de la familia cercana, que denomina "familia inmediata".

Calviño fue designada presidenta rotatoria de la Junta de Gobernadores del BERD entre mayo de 2019 y mayo de 2020. Y ahora mismo ostenta el cargo de gobernadora del banco. Paralelamente, su número dos, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, es gobernador alterno. España es uno de los principales accionistas de la institución, con un capital suscrito de 1.020 millones de euros.

Con sede en Londres, es el principal banco multilateral para el desarrollo de proyectos de inversión en los países de Europa Central y del Este, en Asia Central, Mongolia y en la región del Mediterráneo sur y oriental. Tiene una cartera cercana a los 70.000 millones de euros y se fundó en 1991 para facilitar la transición de los Países de Europa del Este -ahora con especial apoyo a Ucrania-.

Desde entonces, ha ido ampliando objetivos. Recientemente, la transición a la economía verde se ha convertido en una medida clave de la actuación del banco. Y es en esta área donde trabaja Daniel Manrique de Lara, hijo de Calviño, concretamente, en Sustainable Infraestructure & Energy/Impact. 

Fue contratado por el BERD en noviembre de 2021. Es decir, cuatro meses después de acabar sus estudios universitarios de cuatro años de una licenciatura en Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Southampton. Se trata de su primer puesto de trabajo, según informaba en su perfil de LinkedIn y ha publicado Vozpópuli este lunes, día en el que la cuenta en esta red social ha sido eliminada.

No se previó que un gobernador colocara a su hijo

Los gobernadores del Banco son los responsables del Código de Conducta de plantilla y Junta Directiva. Pero, ¿quién controla a los gobernadores? Se trata de un cargo no remunerado que ocupan los ministros de Economía y Finanzas de los países accionistas, a los que no se considera plantilla o personal del banco.

Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli apuntan que estos Códigos obligan a quienes tomen decisiones de contratación y también a los gobernadores. Todos los cargos son susceptibles de denuncias al Jefe de la Oficina de Cumplimiento (Chief Compliance Officer).

Respecto a si los gobernadores deben responder o no, estas fuentes ven una analogía con los análisis sobre la amnistía y la Constitución de numerosos juristas ante las negociaciones entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont y el principio de que "quien puede lo menos puede lo más": si estos estándares de conducta se aplican a los escalafones más bajos del BERD, deben afectar también a los más altos; si no se hace así, se haría de menos a los gobernadores frente al resto. No tiene sentido que se vigile que no se contrate a familiares directos de la plantilla y no de los gobernadores, explican.

A juicio de estas fuentes jurídicas, no se prevé explícitamente qué ocurre con la contratación de un hijo de un gobernador porque, como con la amnistía en la Constitución, no se imaginó que pudiera contemplarse.

Este periódico ha preguntado al BERD por los términos del contrato y el proceso de contratación de Manrique de Lara y por las obligaciones sobre contratación de familiares de los gobernadores. La respuesta es que no van a comentar sobre "asuntos privados de la plantilla".