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Economía

Correos de los fondos de Codere que mencionan a Linklaters comprometen la presidencia de Albella en la CNMV

Los fundadores y antiguos propietarios de Codere, los hermanos Martínez-Sampedro, entregaron el miércoles documentación sensible a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre correos electrónicos enviados y recibidos por los fondos que controlan la mayoría del capital del grupo de juego, en los que se menciona al despacho Linklaters.

El contenido de dichos correos electrónicos puede comprometer la posición de Sebastián Albella como presidente del regulador del mercado español, que antes de acceder al cargo en la CNMV presidió Linklaters, el mismo bufete que ha asesorado a los fondos estadounidenses en la estrategia de toma de control de la multinacional española.

Se trata del cuarto escrito que, desde principios de 2019, envían los Martínez-Sampedro a la CNMV sobre esta cuestión. Desde entonces, el organismo no ha ofrecido respuesta pública. La omisión de actuación del regulador sobre la cuestión beneficia por el momento a los fondos de Codere asesorados por Linklaters.

Albella termina el mandato para presidir la CNMV el próximo mes de noviembre, pero el Gobierno puede renovarle por cuatro años más

"La CNMV no informa sobre investigaciones en marcha", señalaron el miércoles fuentes de la CNMV consultadas por este diario, y apuntaron que se trata "de una disputa entre consejeros".

Los fondos SilverpointAbrams y otros se hicieron con la mayoría del capital de Codere tras acordar la refinanciación del grupo hace más de cinco años. Las sociedades de inversión que lideran el accionariado de la multinacional española adquirieron sus actuales participaciones a raíz de la reestructuración emprendida por el grupo en 2014, cuando fue declarado en preconcurso de acreedores.

En esa reestructuración participó como asesor el despacho Linklaters, liderado entonces por Sebastián Albella, en el que permaneció hasta su incorporación como presidente de la CNMV, en noviembre de 2016. De acuerdo a fuentes cercanas a la compañía de juego española, el bufete cobró cerca de cinco millones de euros por ese asesoramiento. El  12 de enero de 2018, los fondos estadounidenses que tienen la mayoría del capital de Codere, desalojaron de sus cargos de presidente y vicepresidente a los hermanos José Antonio y Javier Martínez Sampedro, fundadores de la compañía, y que mantienen un 15% del capital, haciéndose con la gestión y administración de la multinacional española.

Los Martínez-Sampedro tratan de demostrar que los fondos que controlan Codere actúan de forma concertada y deben lanzar una OPA

La familia Sampedro impulsó en Estados Unidos a finales de 2018 un discovery, un procedimiento judicial que obliga a los implicados a desvelar comunicaciones internas. Recientemente, el juez a cargo del proceso, en el Estado de Connecticut, ha permitido el acceso de los fundadores de Codere a parte de los correos electrónicos enviados entre los asesores y los fondos de inversión, pero impidió el acceso al contenido de otros cuantos.

A pesar de ese impedimento, la justicia estadounidense permite que un organismo nacional sí que pueda reclamar el acceso a dicho contenido. En el escrito presentado ayer ante la CNMV, los Martínez-Sampedro requieren al organismo presidido por Albella que acceda al contenido de esos correos electrónicos.

Con esta iniciativa, los Sampedro tratan de demostrar que los fondos estadounidenses que tomaron el control de Codere actúan de forma concertada, y que por tanto, al superar conjuntamente el 30% del capital, deberían haber lanzado una OPA por la totalidad de las acciones del grupo.

En esos emails, por el encabezamiento de los mismos, es posible concluir que Silverpoint, el fondo que es primer accionista de Codere, trabajó con Linklaters sobre varias cuestiones entre finales de 2017 y principios de 2018, entre otras sobre la retirada de la presidencia y vicepresidencia del grupo a los hermanos Martínez-Sampedro.

Sebastián Albella termina su mandato como presidente de la CNMV el próximo mes de noviembre, pero puede ser renovado por otros cuatro años si así lo decide el Gobierno. Desde el Ministerio de Economía de momento no se ha hecho ninguna declaración pública sobre la renovación o no de Albella al frente del regulador del mercado español.

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