La CNMV siguió permitiendo la venta de preferentes pese a que un informe interno de 2011 alertaba de la estafa

"La legislación impide prohibir la venta de productos complejos, como las preferentes, a inversores minoristas. Por ese motivo, la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) trabaja en la mejora de la transparencia". Ese fue el argumento que esgrimió Julio Segura, por entonces presidente del regulador bursátil, el 29 de junio de 2012, durante su intervención en el curso de la APIE de la Universidasd Menéndez Pelayo de Santander, con las protestas de fondo de un grupo de preferentistas. Aquel día, Segura aseveró que el regulador sólo había detectado tres tipos de irregularidades en la comercialización de estos productos híbridos: falta de realización de un test de conveniencia, evaluaciones mal diseñadas y no comunicación del resultado del examen.

Sin embargo, un informe interno de la propia CNMV, al que ha tenido acceso Vozpópuli, fechado el 26 de septiembre de 2011, pocos meses antes de que se cerrase el mercado y estos productos híbridos perdieran todo su valor, alertaba ya de otra serie de irregularidades que adelantaban la posterior estafa de las preferentes. En el momento de ser fechado el documento, la CNMV reconoce que el saldo vivo de preferentes y deuda subordinada asciende a los 58.907 millones, de los que el 78% del total (45.852 millones) se había comercializado entre clientes minoristas. Además, el regulador reconoce que, en el segundo trimestre de 2011, un total 30.268 millones corresponde a productos tóxicos perpetuos. El resto de las emisiones tienen vencimientos hasta 2035, concentrándose en los años 2019 y 2020 el 70% de dichos vencimientos.

El documento titulado 'Informe sobre la revisión de la operativa de case de operaciones entre clientes de instrumentos híbridos' expone como todo el sector, salvo Unicaja y las cajas que integran ahora Kutxabank, habían procedido a la venta de estos productos a unos precios por encima de los valores teóricos de estos títulos o con negligencias en el control de las operaciones de compra/venta. Además, el informe rubricado por Juan Alcaide Guindo, director de Supervisión ESI-ECA, y José María Marcos Bermejo, director general de Entidades, denuncia que buena parte del sector no cumplía con alguno de los criterios de buenas prácticas para la provisión de liquidez a emisiones de renta fija dirigidas a inversores minoristas. Recomendaciones efectuadas por la CNMV en un comunicado enviado al sector financiero el 25 de octubre de 2010, casi un año antes del citado informe.

En el primer trimestre de 2011, la CNMV sabía que 30.268 millones de estos productos tóxicos eran perpetuos

Entre esas peticiones de la CNMV destacaba la negociación de estos títulos en una plataforma común (SEND) para todas las entidades con el fin de facilitar las operaciones de compra y venta de preferentes y deuda subordinada entre todo el sector. Pues bien, en el momento del ánalisis (segundo trimestre de 2011), sólo Santander, Banca Cívica y Popular intermediaban operaciones a través de este canal. El resto de entidades seguía comercializando estos productos híbridos de forma interna en el mercado secundario (SIC) entre sus clientes. De tal manera, que las operaciones sólo podían realizarse si se cruzaban oferta y demanda dentro de la propia entidad.

El informe de la CNMV expone que este procedimiento era el utilizado por 22 entidades (17 grupos) en el segundo trimestre de 2011. "Dentro de las entidades que mantienen SIC", explica el texto del regulador, "se observan diferencias muy significativas en su funcionamiento en cuanto al procedimiento de fijación de precio al que se cruzaban las órdenes".

Existían tres tipos, según la CNMV. El primero, el de aquellas entidades que admiten que en sus sistemas el precio es siempre el 100% (Bancaja, CAI, Caixa Penedés, CAM, Cajasol y Caja Canarias) y otras que, aunque no lo admiten, los datos del mercado confirman que las operaciones se casan siempre al 100% (Caja Cantabria, Caja Extremadura, Caja Asturias, Caja Murcia, Unnim, Catalunya Caixa y La Caixa). Por su parte, Banesto indica que el precio lo fijan los clientes.

El segundo grupo está formado por entidades que conforman el precio por el cruce entre oferta y demanda, generalmente por debajo del 100%. La CNMV explica que ni Bankinter ni Ibercaja contaban con procedimientos ni información de contraste del precio con el valor teórico. En esas fechas, Bankinter contaba con un saldo vivo de 463 millones en productos híbridos (343 millones en preferentes y 120 millones en subordinada) e Ibercaja 550 millones, todos ellos en subordinada.

"Mención aparte merecen dos entidades", asegura el informe, "que señalan que el precio se fija según oferta y demanda, pero tienen constancia de que el valor teórico es inferior al precio al que están casando las operaciones. Es el caso de Caja España que dispone, al menos en la parte procedente de Caja Duero, de valoraciones internas inferiores. También Novacaixagalicia reconoce que los precios a los que compran los clientes están muy alejados del valor razonable, tomando como referencia de valor el percio ofrecido por las entidades de liquidez".

Por último, existe un grupo de tres entidades, formado por BBVA, Sabadell y Caja Madrid, que aunque mantienen operaciones con precios fijos basados en oferta y demanda, si realizan algún procedimiento o contraste, con objetivo de verificar que el precio se mantiene alineado con el valor teórico.

La CNMV detectó estas irregularidades después de requerir información a 26 entidades de crédito (Sabadell, Banca Cívica, Bankia, Bankinter, BBVA, Caja 3, Caja España, CAM, Catalunya Caixa, Deutsche Bank, Effibank (actual Liberbank), Ibercaja, La Caixa, BMN, Novacaixagalicia, Popular, Santander y Unnim). Por su parte, la BBK respondió que todas sus emisiones eran de carácter mayorista y se encontraban en proceso de amortización, por lo que quedó excluído del análisis, al igual que Unicaja que no comercializó estos productos tóxicos. Una vez recibidas las respuestas de las entidades se requirió más información vía telefónica con Bankinter, Ibercaja, Caja Madrid, La Caixa y Santander. Mientras, la CNMV solicitó más explicaciones por escrito a Banesto y Caja España.

Sólo BBVA, Sabadell y Caja Madrid contaban con algún tipo de procedimiento interno para verificar si el valor de venta de estos productos tenía correlación con su valor teórico

Tras analizar la ingente documentación aportado por el sector, la CNMV expone en el informe cuatro grandes irregularidades en la comercialización de estos productos por parte de la banca:

- Inadecuada gestión de los conflictos de interés entre clientes de la entidad: beneficiando a un cliente (el vendedor que no asume la pérdida de su inversión) en perjudicio de otro (el comprador a precios superiores a los razonables).

- Inadecuada gestión del conflicto de interés entre la entidad y su cliente, perjudicando al cliente comprador en beneficio de la entidad, que evita las consecuencias derivadas de reconocer la pérdida de valor de sus emisiones (pérdida de imagen, dificultad de colocación de emisiones posteriores en su red, riesgo de reclamación por malas prácticas en el momento de la comercialización del producto...)

- Deficiencias en el cumplimiento de la obligación de actuar en mejor interés de los clientes, en particular en aquellos casos en que coexisten varias emisiones con diferenciales muy diferentes e igual precio de cruce, en cuanto se considera que está perjudicando al cliente al que se le permite comprar la emisión con peores condiciones sin advertirle que existe un producto al mismo precio y mejores condiciones económicas.

- Deficiencias por falta de información en el documento Política de Mejor Ejecución.

Ante estas irregularidades, la CNMV se da por satisfecha, según expone en las conclusiones, de que la práctica totalidad de las entidades "están revisando sus sistemas en línea con las recomendaciones de la CNMV, si bien el proceso está siendo muy lento y se observa poca evolución efectiva en la situación del mercado secundario de productos híbridos de entidades financieras desde la comunicación de junio de 2010".

Una vez estallado el escándalo, con miles de afectados protestando en las calles por la estafa de las preferentes, la CNMV, coincidiendo con la salida de la presidencia de Julio Segura, decidió abrir 17 expedientes a nueve grupos financieros. Elvira Rodríguez, nueva presidenta del regulador bursátil, confirmó, el pasado mayo, la apertura de expediente también a nueve grupos financieros en la Comisión para el seguimiento de los Instrumentos Híbridos del Congreso. A día de hoy, todavía no se ha impuesto ninguna multa.