La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha remitido a la Audiencia Nacional el informe de cierre de la investigación por posible manipulación de mercado en acciones de Banco Popular. En él, el supervisor asegura que "no existieron prácticas contrarias a la integridad del mercado", pero señala que todo lo publicado en medios -negativo- puedo afectar a su cotización.

"La incesante y continua publicación de noticias sobre la situación y el futuro devenir del banco, básicamente de carácter negativo" tuvo un "efecto perjudicial y de alerta en los inversores", expone la CNMV en el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli.

El supervisor explica que "no se puede obviar la situación de extremada gravedad que existía en el banco" y que la publicación del 31 de mayo de 2017 en Reuters sobre la posible resolución de la entidad pudo "influir sensiblemente en la percepción de los inversores y demás participantes en el mercado, provocándose de forma irremediable una tendencia fuertemente vendedora de las acciones de Popular".

Entre el 31 de mayo y el 6 de junio el volumen negociado fue 2,4 veces superior que el de los días previos y durante ese intervalo la acción cayó más de un 50%, expone también el documento.

La CNMV reconoce que el Popular en un principio publicaba inmediatamente hechos relevantes para refutar y desmentir esas informaciones o aclararlas, calificándolas de falsas y tendenciosas, tratando de mitigar y frenar los efectos negativos sobre la imagen del banco y la cotización de sus acciones.

Movimientos de la CNMV en el caso Popular

El regulador expedientó al banco extinto y a sus entonces consejeros en 2018 por las cuentas del ejercicio 2016. Según expuso, la excúpula no ofreció una imagen veraz de los estados financieros del banco. Se trata de un hecho que provocó la reacción de Ángel Ron, el cual respondió que el organismo estuvo al tanto en todo momento de los movimientos del banco y que, además, ocultó que el Popular contaba con un superávit de 184 millones de euros.

Esclarecer la verdadera situación del Popular en el momento de su resolución por parte de la JUR es la clave para los investigadores en estos más de tres años de investigación penal. Mientras algunos exdirectivos sostienen que el banco no era solvente, otros, como Ron o el magnate mexicano Antonio del Valle (que reclama a España 470 millones de euros en La Haya) apuntan en la dirección contraria y alegan que la entidad tenía problemas de liquidez pero no de solvencia. Así lo explicó en su cita ante el juez, también como testigo, el exgobernador del Banco de España, Luis María Linde.