La reunión de este viernes del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el organismo que reúne al Gobierno y las comunidades autónomas para hablar de financiación, reabrió la guerra que el Gobierno y las regiones mantienen a cuenta de los 2.500 millones correspondientes a la liquidación del IVA de 2017 que las autonomías reclaman al Ejecutivo. 

La negativa del Gobierno a entregar esa cantidad reclamada por las Comunidades Autónomas, ofreciéndoles a cambio un préstamo a coste cero y una rebaja en los objetivos de déficit para los tres próximos años, desató una ola de críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez por parte de los presidentes autonómicos del PP, pero también de algunos barones regionales del PSOE. 

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, abrió la puerta a reclamar ante los tribunales la devolución del IVA, mientras el líder de Aragón, Javier Lambán, había acudido a la cita asegurando que cualquier propuesta distinta a la liquidación de esos 2.500 millones sería una "medida paliativa".

Pero, ¿qué es lo que reclaman exactamente las comunidades autónomas? ¿Por qué no se les pagado aún ese dinero? Estas son algunas de las claves del conflicto que han puesto a todos los territorios en pie de guerra, con la amenaza de llevar al Gobierno ante los tribunales.

1. Origen del conflicto

El Gobierno, entonces del PP, puso en marcha un nuevo sistema de gestión del IVA - el suministro inmediato de información (SII)- que, entre otras cosas, amplió el plazo para que las empresas liquidaran el impuesto.

Esto supuso que la recaudación de noviembre, que normalmente se ingresaba en el mes de diciembre, lo hiciera en enero, una vez que el ejercicio estaba cerrado.

2. ¿Afectó este cambio a las cuentas públicas?

No, porque la contabilidad nacional aplica el principio de devengo, es decir, contabiliza los ingresos cuando se genera la obligación, independientemente de cuándo se paguen.

3. Repercusiones para las comunidades autónomas

En ese momento, tampoco. Las comunidades autónomas reciben cada año la mitad de la recaudación de IVA, pero para no tener que esperar al cierre del ejercicio, el Estado les adelanta lo que calcula que les va a corresponder por este concepto y liquida dos años después.

Como el cálculo de 2017 se hizo antes del cambio normativo, las regiones recibieron todo lo que les correspondía en concepto de adelanto (12 meses de recaudación) sin tener en cuenta lo efectivamente cobrado (11 meses, todos menos noviembre, que había pasado a 2018).

4. ¿Por qué se genera un conflicto?

Porque cuando en 2019 llegó el momento de liquidar el ejercicio 2017 y hacer balance entre lo que se adelantó y lo efectivamente ingresado, las comunidades solo podían computar 11 meses de recaudación de IVA (al haber perdido noviembre, que pasó a 2018) y no los 12 meses habituales, un desfase que cifran en unos 2.500 millones de euros.

Las regiones no tuvieron que devolver dinero al Estado, ya que al incorporar todos los conceptos la liquidación del ejercicio fue positiva para las comunidades autónomas, aunque en menor medida que otros años.

5. ¿Ha habido algún intento de resolver esta situación?

Sí. El proyecto presupuestario de 2019 pretendía modificar los plazos de pago de IVA de las empresas, de manera que la liquidación de noviembre volviera a abonarse en diciembre.

Esto suponía que de manera excepcional 2019 tendría una recaudación de este impuesto equivalente a trece meses, ya que computaría tanto noviembre de 2018 (abonado en enero de 2019) como noviembre de 2019 (abonado en diciembre de 2019), lo que de alguna manera compensaría a las comunidades autónomas por el mes perdido de 2017 que liquidaban ese año.

El rechazo de los presupuestos y el largo periodo de interinidad del Gobierno impidió que esta medida se pusiera en marcha a tiempo, antes de que acabara 2019.

6. ¿Cómo han reaccionado las comunidades autónomas?

Las reiteradas peticiones de que se reintegre la recaudación que se considera pendiente han subido de nivel en las últimas semanas, ya que las comunidades autónomas han planteado la posibilidad de recurrir a la vía judicial para lograrlo.

7. ¿Qué dice el Gobierno?

El Ejecutivo insiste en que, una vez cerrado el ejercicio 2019, ya no es posible reintegrar esas cantidades, aunque abre la puerta a estudiar "medidas paliativas" que no detalla