Un miembro del Consejo para la independencia: quien no pague al fisco catalán se tendrá que marchar

El miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Josep Maria Reniu, ha declarado que aquellos ciudadanos que no paguen a la Hacienda catalana no se estarían sometiendo al nuevo ordenamiento jurídico catalán y, por consiguiente, se tendrían que marchar.

En una entrevista concedida a la mañanas de RAC1, el también profesor de Políticas de la Universidad de Barcelona ha sido preguntado por aquellos compatriotas que quieran seguir en España y, en consecuencia, quieran seguir pagando sus impuestos a la Hacienda española. Y tal y como se recoge en el diario digital catalán E-Noticies, la respuesta de Reniu no tiene desperdicio: "Nos estamos situando al final del proceso, en el momento en el que esta Hacienda propia ya tiene suficiente solidez, el resto de estructuras de Estado ya son operativas y existe la decisión de proclamar la independencia del país y, por tanto, establecer un nuevo marco jurídico. Será bajo éste, cuando el ciudadano que resida aquí, voluntariamente, faltaría más, podrá decidir si se mantiene en el territorio y por lo tanto está sujeto a un nuevo ordenamiento jurídico que se validará en una Constitución de la república catalana posteriormente, o decide no hacerlo y, por tanto, marcharse".

Más claro imposible. El primer día de la desconexión de España habría que financiar todas las llamadas estructuras de Estado. Habría que pagar las nóminas de los funcionarios, las pensiones y los bienes y servicios que brindan los proveedores. En la actualidad, la Sanidad y la Educación se pueden sufragar gracias a las transferencias del Estado y el Fondo de Liquidez Autonómico. Pero en el caso de culminarse la independencia, el Gobierno central podría cortar el grifo. “Algo así como el que no obedece no cobra”, explican fuentes conocedoras.  

Por más que se proclamen como la futura Suiza del Mediterráneo, tampoco tendrían acceso a los mercados sencillamente porque no tienen ninguna estructura recaudatoria, un hecho que ya destacan todas las agencias de rating al considerar a Cataluña como un bono basura. Tal y como adelantó Vozpópuli, el Govern ni siquiera han sido capaz de fichar al personal de la Agencia Tributaria estatal residente en Cataluña para que dé el salto a la nueva estructura de Estado. Así que no cuenta con el personal técnico apropiado. Y como la propia Generalitat reconoce, carece de los datos de los contribuyentes y, por ende, necesitaría que los ciudadanos y empresas se los ofreciesen voluntariamente.

De hecho, tal y como ya recogió Vozpópuli, un informe de la Generalitat admite que el éxito de la nueva administración tributaria patria dependería en gran medida de dónde deciden las empresas desembolsar su factura fiscal en el supuesto de una secesión. “En los primeros momentos, un factor determinante de la viabilidad del proceso de construcción unilateral de la Administración Tributaria del Estado propio será la posición que adopten los empresarios catalanes, pues las empresas son los auténticos recaudadores de los impuestos que pagan los contribuyentes catalanes y, por tanto, quien de verdad puede decidir el destino del flujo financiero (la tesorería) que permita mantener en funcionamiento el aparato institucional de la Generalitat de Catalunya”, reza el informe elaborado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional del que es miembro Reniu.

Precisamente en ese instante, los contribuyentes tendrían que escoger entre dos agencias que competirían por la recaudación. “El contribuyente siempre se decantará por tributar ante aquella que de verdad tenga poderes ejecutivos por muy nacionalista que sea. Si no lo hace así, cualquier ciudadano en territorio catalán se arriesgaría a que le reclamasen la misma cantidad dos veces. Competir unilateralmente por reclamar impuestos con la Administración central sería una locura”, apunta un exalto cargo de la Agencia Tributaria.

A los ciudadanos les bastaría con trasladar la cuenta bancaria fuera de Cataluña para poder escapar del nuevo Fisco catalán. Y en ese caso a la Hacienda catalana sólo le quedaría el recurso de embargar las propiedades inscritas en el Registro… “¿Pero de verdad se atreverían a empezar embargando y subastando los inmuebles?”, señalan estas fuentes.

En el supuesto de una secesión no pactada, la situación se complicaría mucho para las empresas, las cuales querrían saber desde el minuto uno a qué administración han de entregar las retenciones mensuales. Cualquier empresa catalana de un tamaño medio o grande tiene actividad en el resto de España y se enfrentaría a la disyuntiva de dónde abonar su recibo fiscal. “Puestas entre la espada y la pared, las empresas aprecian la seguridad jurídica por encima de todo, de modo que lo más fácil para la mayoría sería trasladar el domicilio fiscal fuera del Principado catalán. Lo más probable es que primero pagasen al grande y luego se encargasen de negociar con la nueva estructura independiente”, explican diversas fuentes consultadas. Y todo ello explicaría las amenazas que ya están vertiendo sobre sus propios conciudadanos...