Publicado: 05/04/2014 11:15
La inspección a Cemex ha resultado más cara para los inspectores de la Agencia Tributaria que para la propia cementera. En el proceso de inspección de sus cuentas ha sido cesada la inspectora que dirigió el expediente, Dolores Linares, su superior y jefe de la dependencia, Ignacio Ucelay y, al menos, otros dos compañeros de la inspección. Otros cuatro están pendientes de que sean tramitadas sus bajas y el jefe de la Agencia Tributaria, Luis Jones, también renunció como protesta por la designación de los sucesores de los cesados y dimitidos. A cambio, para una empresa que declara 60.887 millones de beneficio bruto, la sanción es prácticamente testimonial.
Los problemas de la inspección a Cemex, paradójicamente, no comenzaron con la inspección sino con la sanción. La inspectora Dolores Linares revisó durante más de un año las cuentas del gigante mexicano al detectar lo que los expedientes de Linares describían como "minoración de las bases imponibles", es decir, una exageración de las pérdidas para pagar menos impuestos. Pero el año pasado, la división de Grandes Contribuyentes propuso sancionar a Cemex con 450 millones de euros de multa.
La inspectora Dolores Linares fue cesada "fulminantemente" tras denegar a Cemex el recurso a la multa
La cementera mexicana prometía inversión y contratos en España y el los gobiernos del PP en Madrid y en Galicia estaban pendientes de que Cemex comprometiera inversiones en el país. En ese contexto, responsables de la Agencia Tributaria sugirieron a la compañía que presentara un recurso de reposición para evitar la sanción. Cuando Cemex presentó ese recurso ante la propia Agencia Tributaria, la inspectora que dirigía el caso decidió confirmar la sanción puesto que el recurso reproducía literalmente las alegaciones que Cemex había presentado a lo largo de la inspección y que habían sido desestimadas por su propio equipo. La inspectora confirmó su propuesta de sanción y fue cesada "fulminantemente" en noviembre de 2013, según relatan fuentes de su departamento.
Los responsables de Hacienda habían dado la orden de que se aceptaran esas alegaciones --relatan fuentes de la Agencia Tributaria-- pero el jefe de la unidad, Ignacio Ucelay, decidió no trasladar esas "directrices políticas" a su plantilla. Ucelay fue también cesado de manera inmediata a primeros de diciembre en un movimiento que se presentó como voluntario pero tras el que el responsable del departamente confesó a sus compañeros en un e-mail que había recibido instrucciones para evitar la sanción a Cemex. Junto a él fueron cesados otros dos inspectores.
La protesta por injerencias políticas explota
Los relevos provocaron entonces una sucesión de dimisiones en señal de protesta hasta el punto de que la Agencia Tributaria --afirman fuentes internas del departamento-- optaron por no tramitar algunas de esas renuncias que siguen, a día de hoy, todavía pendientes de resolución.
Montoro negó injerencias políticas. Nadie asumió responsabilidades
La tercera oleada de ceses llegó con la caída del Jefe de la Inspección de Hacienda, Luis Jones. En medio ya de un escándalo que denunciaba las injerencias políticas de los responsables del ministerio en expedientes muy concretos, Luis Jones presentó a sus superiores una terna de nombres para suceder al cesado Ucelay al frente de la división de grandes contribuyentes. Esa terna fue rechazada en favor de "nombres de confianza política". La injerencia fue de tal calibre que el propio Jones, un hombre considerado en la Agencia como moderado dentro del PP, también presentó su dimisión.
El escándalo dio lugar a una petición de explicaciones parlamentarias. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, negó haber dado jamás instrucciones políticas pese a las denuncias de sus propios responsables de la inspección y aseguró que la cúpula de Hacienda "estaba llena de socialistas". El ruido político quedó, finalmente, en nada. Nadie asumió responsabilidades.
Ahora, con la imposición de la sanción a Cemex, los inspectores parecen haber ganado finalmente la batalla: la sanción de 455 millones que los técnicos plantearon y que se intentó bloquear a nivel político ha salido adelante. Sin embargo, ese campo de batalla parece dejar más víctimas en el lado de la investigación que en el de las grandes compañías.
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