Caos en la DGT: el 70% de los usuarios no consigue cita previa

La falta de personal en algunas jefaturas de Tráfico perjudica la labor de las autoescuelas y colapsa el servicio al ciudadano. La escasa reposición de personal y las restricciones impuestas a raíz de la pandemia han agravado la situación. Esto ha ocasionado importantes retrasos en la realización de exámenes y trámites administrativos de tráfico, que afectan negativamente a los ciudadanos, los trabajadores y a un gran número de sectores.

La patronal del sector de las autoescuelas (CNAE) y diversas organizaciones sindicales como UGT Servicios Públicos, USO y CCOO, integrantes de la comisión negociadora del sector de autoescuelas, reclaman al Ejecutivo el firme compromiso de mantenimiento y potenciación tanto de las estructuras físicas como de los recursos humanos necesarios para poder ofrecer el mejor servicio público a la ciudadanía.

Y es que realizar gestiones en algunas jefaturas provinciales de Tráfico se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para los usuarios. En el departamento de atención al público, el número de puestos sin cubrir se eleva al 60%, y trámites frecuentes como la renovación de permisos, las matriculaciones o los exámenes de conducir generan un cuello de botella que colapsa el servicio.

El sector exige la cobertura de los puestos necesarios para solucionar una situación que se ha prolongado más de diez años y ahora amenaza incluso con precipitar el cierre de dependencias de algunas jefaturas provinciales. Los principales afectados son los ciudadanos.

 Si no se adoptan medidas a tiempo, el impacto de un eventual cierre de jefaturas impactaría de forma directa en la actividad de las autoescuelas abocando a algunas de ellas al cierre. En la actualidad, 35.000 familias viven de las 8.200 autoescuelas que desarrollan su actividad en España.

Las organizaciones más representativas del sector de los centros de formación para la conducción y la seguridad vial son conocedoras de que el proceso que los ciudadanos inician cuando acuden a una autoescuela se tiene que seguir desarrollando en armonía, con la máxima diligencia en cualquier gestión administrativa que responda al interés de dicha ciudadanía.

Por ello, todos los eslabones de la cadena de la tramitación pública –exámenes, trámites administrativos, citas previas o cualquier otra gestión–, deben garantizar la fluidez en los canales de comunicación entre ciudadanos y administración pública, contando para ello con los máximos recursos.

Peligro de cierre

En el mismo sentido, tanto la patronal sectorial (CNAE), como los sindicatos que componen la comisión negociadora con las autoescuelas, son conscientes de que la lucha por la seguridad vial debe tener una continuidad en todas las estructuras de los distintos ámbitos de la administración pública. De esta forma se podrá garantizar que el servicio público que se ofrece desde las autoescuelas se completa en todas las líneas de seguimiento que la formación vial ofrece a los ciudadanos.

La situación que se vive en las jefaturas de muchas provincias, en las que más de la mitad de las plazas está sin cubrir, es crítica. Esta circunstancia deteriora la atención a los usuarios que ofrece este servicio público, donde se realizan diferentes trámites, de exámenes, licencias y permisos de conducción, matriculaciones o transferencias de vehículos, entre otros.

Además, esta importante falta de personal en puestos de atención directa al público se traduce en que casi el 70% de usuarios que necesita obtener cita previa no lo consiga, cifra que aumenta hasta el 90% cuando se trata del trámite de canje de licencia, según datos de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.

 La gravedad de la situación podría obligar a la propia Dirección General de Tráfico a cerrar algunas dependencias, por lo que los usuarios en las zonas afectadas tendrían que desplazarse a otras provincias para realizar los trámites correspondientes.

Y es que según la organización sindical, la progresiva pérdida de personal en la última década deja al 60% de las provincias con las oficinas de atención al público de las jefaturas de Tráfico con más del 50% de los puestos de su plantilla sin ocupar, y con el consecuente menoscabo en el servicio al ciudadano.