Calviño presiona in extremis a Ferrovial con una carta para frenar el cambio de sede

El Gobierno ha enviado una carta a Ferrovial en la que advierte de que considera que los motivos que ha alegado el Consejo de Administración para aprobar la salida de España de la matriz no se sostienen. El secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, ha remitido este lunes una misiva al consejero delegado, Ignacio Madridejos, en la que avisa a los accionistas, de cara a la Junta que se celebra este jueves, de que se trata de la posición del Ejecutivo.

La carta, que ha avanzado El País y según confirman desde el Ministerio, asegura que "conforme a los informes de Bolsas y Mercados Españoles y la CNMV no se ha identificado ningún obstáculo legislativo, reglamentario, supervisor o de operativa para la admisión de negociación directa de las acciones de una sociedad española cotizada en España en EEUU ni indicios de su existencia".

Las conclusiones derivadas de "los análisis realizados cuestionan, por tanto, la motivación económica alegada" por la compañía para el traslado de su sede a Holanda", insiste.

También se concluye que no existe ninguna diferencia entre países de la Unión Europea en cuanto a los requisitos de admisión establecidos por las bolsas estadounidenses a través de Dual Listing (cotización simultánea). "Tanto el Gobierno como la CNMV y BME estamos comprometidos y dispuestos a impulsar que las empresas españolas tengan el mejor acceso posible a dichos mercados con las acciones que sean oportunas", remacha.

Es la posición que viene manteniendo la vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, pero su remisión en forma de carta con vistas a la Junta puede interpretarse como una fórmula de presión.

Ha habido otros intentos. Teresa Ribera, vicepresidenta tercera, declaró en Ser Galicia el 5 de abril que el Gobierno está analizando si puede actuar dentro del "marco de vigilancia con respecto a la inversión en sectores estratégicos" establecido por la crisis. El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre la prórroga durante dos años más, hasta finales de 2024, del blindaje a empresas estratégicas, el popularmente conocido como escudo antiopas.El Ejecutivo aprobó el escudo en 2020, en plena pandemia, para proteger a las compañías de sectores clave de ofertas extranjeras. La medida le permite vetar la entrada de capital foráneo en dichos sectores.

Según Ribera, se trata de analizar si "se requiere una autorización explicita por parte del Consejo de Ministros o si la decisión se puede tomar sin ningún problema y trasladarse a otro país comunitario".

El Gobierno salió en tromba contra Ferrovial el 1 de marzo, al día siguiente de que el Consejo decidiera la salida y se registrara el hecho relevante en la CNMV. Entonces tanto la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como la segunda, Yolanda Díaz, pusieron el foco en "analizar y seguir de cerca las posibles implicaciones de esta errónea decisión", en "desde luego estudiar la formulación jurídica de cómo van a hacer" y en que "se adopten las medidas que sean menester para evitar que esto se produzca, creo que esto no es ser españoles".

El foco, en los motivos

A partir de entonces, Calviño ha repetido en numerosas ocasiones que el Gobierno tiene "serias dudas sobre la sustancia" de los argumentos de Ferrovial. En este sentido, Hacienda Fisco analiza si hay lo que la Ley del Impuesto sobre Sociedades denomina "motivo económico válido" y no un mero objetivo fiscal. En el caso de que considere que los argumentos de la empresa no se sostienen, la salida tiene un peaje fiscal en las plusvalías latentes, que se gravan al 5%, lo que supone una factura de al menos 130 millones, según ha calculado el Departamento Fiscal de Roca Junyent en Madrid para Vozpópuli.

Otro de los asuntos que se han analizado es si no es posible cotizar en EEUU desde España como alega la empresa, lo que ha generado un enfrentamiento esta semana. Calviño ha asegurado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el pasado 28 de febrero: "Tanto la CNMV como Bolsas y Mercados han realizado un análisis en profundidad, incluso han viajado a Estados Unidos, han estado en contacto con sus contrapartes estadounidenses y han confirmado que no se identifica ningún factor diferencial de nuestro país con respecto a otros países europeos que pueda explicar o justificar las razones que se esgrimieron en público".

Ese lunes, fuentes de Ferrovial habían trasladado, después de que la CNMV asegurara que no ve impedimento a cotizar en EEUU desde España: "Ninguna sociedad española cotizada ha negociado nunca sus acciones en los mercados de valores de Estados Unidos de manera directa (sólo a través de ADR). Actualmente no existe una estructura que habilite esa posibilidad. Según la información disponible, para crearla, al margen de eventuales cambios regulatorios, habría que dar solución a cuestiones técnicas y operativas (compatibilidad tecnológica, rebalanceos, reconciliaciones de saldos, protocolos de información, etc.)". Eso sí, advertía que éste es sólo "uno de los varios motivos en los que se justifica" su salida.

La vicepresidenta primera también ha aludido a que el Gobierno, "que representa el interés general, tienen una función y una acción, que tiene que ser la de defender el interés general". Ferrovial fundamenta su decisión en la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, una norma que podría habilitar al Gobierno a pronunciarse sobre una fusión transfronteriza en la que participe una empresa española.

En este sentido, la Ley de Defensa de la Competencia avala que "el Consejo de Ministros podrá valorar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia".

También hay un frente abierto con los socios del Gobierno, que buscan que Ferrovial pague por irse de España. Bildu y Podemos, con el aval de Más País y ERC, han registrado un arsenal legislativo para que la empresa devuelva subvenciones, ayudas de los ERTE y créditos ICO recibidos en los últimos 10 años.

Los accionistas de Ferrovial encaran la semana más decisiva en la historia reciente de la compañía con un consenso: el traslado a Países Bajos sería positivo, con algunas reservas. Ese es el mensaje que han recibido, al menos, desde los distintos 'proxys' en la víspera de la Junta General que se celebrará esta semana, según publica este periódico este lunes.