Calviño 'infla' el impacto de los fondos UE: ni el Banco de España ni la AIReF la avalan

El impacto que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, asegura que tendrán los fondos europeos en la economía en los próximos años no lo respaldan los principales organismos económicos nacionales. La pasada semana, antes de la aprobación de la Comisión Europea del tercer desembolso por 6.000 millones y de la visita de los Europarlamentarios esta semana para averiguar cómo marcha el Plan de Recuperación, el Gobierno cuantificó en 2,6 puntos el impacto de los fondos UE en el Producto Interior Bruto (PIB).

De hecho, desde Economía apuntan que este dato estaría infravalorado, pues no incluye el impacto de los fondos extraordinarios que se pretenden captar ahora a través de una adenda, con los que el impacto rondaría los 3 puntos. Además, aseguran que el efecto se volverá más intenso a partir de 2023, cuando la desviación respecto a un escenario sin Plan de Recuperación ascendería al 2,8%, siempre sin tener en cuenta la adenda.

Sin embargo, el Banco de España (BdE) y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) manejan unas proyecciones mucho más moderadas. El supervisor bancario calcula que los Next Generation EU tendrán un impacto medio anual en el PIB de entre 1,15 y 1,75 puntos (este último si se tiene en cuenta también el impacto indirecto). La autoridad fiscal, por su parte, también sitúa el impacto promedio en el 1,1% en sus últimas previsiones.

Si se analiza año a año, sigue habiendo grandes diferencias en el impacto económico previsto del Plan de Recuperación. En 2023, por ejemplo, el impacto directo que calcula el Banco de España ronda el 1,5% y la AIReF lo deja en el 2%, frente al 2,8% del Ejecutivo. Más acusada es la diferencia en 2024, cuando el BdE y la autoridad fiscal proyectan un impacto directo del 1,4% y 1,9%, respectivamente; y el Gobierno lo eleva al 3,5%.

Examen de los europarlamentarios

La visita que llevaron a cabo los europarlamentarios entre el lunes y el miércoles se saldó con algunas conclusiones 'clave'. En una declaración consensuada con otros nueve integrantes de la delegación, la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, reconoció que el sistema de control de los fondos UE en el que se había puesto el foco por sus carencias realmente funciona, pero reclamó al Gobierno más acceso y colaboración con las autoridades comunitarias.

Hace cuatro meses, en octubre de 2022, la Fiscalía Europea (EPPO) solicitó formalmente colaboración y acceso directo a la información sobre la gestión de los fondos UE para sus posibles investigaciones, una petición a la que el Gobierno está dando largas, tal y como ha avanzado Vozpópuli. La EPPO puso este retraso en conocimiento de la Delegación del Parlamento Europeo, intentando con ello que los eurodiputados den un impulso a la petición en las reuniones que han mantenido estos días con los ministros.

Además, a través de la documentación que manejaban los eurodiputados, este medio ha podido saber que existe una investigación abierta por parte de la Fiscalía Europea en España relacionada con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), de donde parten esos fondos UE. El órgano independiente de la Unión Europea encargado de investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE tenía 15 investigaciones sobre los fondos a cierre de 2022, una de ellas en España por una denuncia privada.

La Delegación del Europarlamento también puso el foco en el delito de malversación, asegurando que "no puede haber excepciones": "En el delito de malversación hemos pedido al Gobierno español que desde el punto de vista del control presupuestario nos garantice que se cumpla también en el Código Penal español", comentó. Tampoco se mostró convencida sobre el nivel de ejecución del dinero europeo y cuánto ha llegado realmente a la economía: "Seguimos sin saber dónde está el dinero", aseguró.

Sobre el cumplimiento de hitos y objetivos, la valoración fue, en general, positiva. No obstante, este martes la Comisión Europea hizo público un mecanismo de sanciones para aquellos Estados Miembros que no cumplan al pie de la letra su Plan. Se trata de una reducción de los pagos que podría llegar a aplicarse a la reforma de las pensiones si la propuesta final del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, no convence a Bruselas en lo que a sostenibilidad del sistema se refiere.