La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantiene un nuevo pulso con el ala socialista del Gobierno a cuenta de las movilizaciones de los sindicatos contra la patronal para reclamar alzas salariales ligadas al IPC y de la subida del gasto en Defensa en los Presupuestos. El tono lo subió el viernes y lo ha mantenido y ha elevado el órdago esta semana, lo que CEOE ha atribuido directamente al lanzamiento de su espacio político y le ha pedido "menos campañas electorales".
Nadia Calviño, Isabel Rodríguez, Teresa Ribera y José Luis Escrivá se han manifestado en contra de las declaraciones de Díaz animando a los sindicatos a movilizarse contra la patronal, con firmeza pero con un tono suave, y la vicepresidenta segunda ha seguido con su reivindicación. Los socialistas también han desmentido que no vaya a subir el gasto en Defensa.
Sin embargo, hay un asunto que Díaz venía abanderando en julio y agosto que esta semana ha matizado y rebajado sus pretensiones: una segunda rebaja del SMI este año, que exigía que debía hacerse de forma inmediata. Pues bien, este lunes Díaz ha abogado por que haya una subida del SMI intensa, por encima del 60% del salario medio a que se comprometió el Gobierno, pero ha retrasado la decisión a noviembre y apuntado a que será para 2023.
El 5 de julio, Díaz anunció que iba a convocar a los agentes sociales para analizar una nueva subida del SMI este año, que se abrió a que se negociara en breve. A Díaz se le preguntó qué le parecía la propuesta del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que ha planteado que se suba el SMI cada seis meses, una posibilidad que asegura que prevé la ley para momentos en los que el IPC crece por encima de lo que estaba a principios de año. "Coincido con la posición de Álvarez", subrayó.
"Antes de las vacaciones, voy convocar a la Comisión de expertos que analiza las subidas del SMI y tengo una conversación pendiente con los agentes sociales pero creo que tiene un gran sentido lo que está diciendo la UGT", remachó Díaz. Una convocatoria que no se produjo y que será finalmente este viernes.
Sin embargo, ya no plantea que se suba el SMI de inmediato. Este lunes ha dicho en la Ser que cuando se disponga del dato de inflación de noviembre, se convocará la mesa de diálogo social para abordar su subida.
En cuanto a si será necesario subir el SMI un 10% para que no pierda poder adquisitivo, la vicepresidenta argumentó que no es exactamente así como funcionaría, pues la inflación de noviembre, según previsiones de expertos -y el Gobierno-, se situará entre el 7% y el 8% y luego habría que hacer una media anual.
A partir de ahí, aclaró, se tomará una decisión teniendo en cuenta los criterios marcados en el Estatuto de los Trabajadores: inflación, la participación de los salarios en la renta nacional, la productividad y la situación económica del país. "La propuesta que se haga del SMI tiene que estar englobada en estos cuatro parámetros", ha apuntado.
Actualización del salario medio
Calviño ha asegurado que el Gobierno tiene el compromiso de subir el salario mínimo un 60% sobre el salario medio, como también ha sostenido María Jesús Montero. Preguntada por la propuesta de subirlo más del 60%, la vicepresidenta primera ha respondido que 'no'.
Sin embargo, el ala socialista del Gobierno se reserva un as debajo de la manga. Según desveló Vozpópuli, Calviño ha trasladado a patronal y sindicatos que el Ejecutivo actualizará sus estimaciones de lo que supone el salario medio en España, que han quedado desfasadas, sobre las que se calcula su compromiso con los sindicatos: que el SMI suponga el 60% del salario medio al final de la legislatura. Esto significa que la subida final será en todo caso mayor que la que se venía contemplado, de hasta 1.069 euros, pero que podría no ser superior al 60% del salario medio que finalmente se fije, parámetro que según se modifique y se utilice permitirá al Ejecutivo ofrecer distintos relatos.