La dirección de Caixabank ha comunicado a los sindicatos un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 8.291 personas (el 18% de la plantilla) y el cierre de 1.534 oficinas (el 27% de la red actual), convirtiéndose en la reestructuración de mayor envergadura realizada hasta el momento en el sector bancario español, según han comunicado fuentes sindicales a Vozpópuli.

El banco pretende que las salidas se hagan de manera voluntaria y evitar así las prejubilacones. Aún así, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri quiere que el ajuste se realice de manera equilibrada y que afecte un 50% a mayores de 50 años.,

Cabe destacar que esta es la primera oferta puesta sobre la mesa por Caixabank. El banco ha explicado a los sindicatos que las causas del ERE son productivas y organizativas, resultado de la fusión y del entorno actual del mercado, así como de la evolución de los clientes hacia lo digital.

Plan de recolocación

Además, Caixabank se ha comprometido a poner en marcha un plan de recolocación para que la gente que abandone la entidad encuentre un nuevo empleo en el periodo más corto posible.

Respecto a oficinas, el podrecimiento se saldará con el cierre de 1.534 de ellas y los criterios se basarán en el tamaño del municipio y competencia bancaria en la plaza; la distancia entre oficinas de ambas entidades; la cuota de presencia y solapamiemtos; evitar la exclusión financiera y potenciar oficinas de mayor tamaño y especialización.

Cierre de oficinas

La entidad resultante cuenta con unas 6.600 oficinas, de las cuales 2.399 pertenecen a Bankia y 4.200 a Caixabank. En ciertas comunidades autónomas este tamaño no será problema, como en Cataluña, donde la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri tiene mucha presencia (1.054 oficinas). En cambio, Bankia apenas tiene 135 en esta misma región. 

No es así en otras como la Comunidad Valencia, donde por tamaño y población 752 oficinas es excesivo. Lo mismo sucede en Andalucía (1.046); la Comunidad de Madrid (1.046); Islas Baleares (302) o Canarias (450). En las regiones que menos presencia tendrá la entidad son: Cantabria (64); Asturias (69); Extremadura (72); La Rioja (74) y Aragón (89). 

Según un informe de Barclay's, el solapamiento de sucursales entre ambas entidades alcanzaría el 23% (1.411 oficinas), si se atiende al código postal. Suponiendo que por cada oficina cerrada se recorte la mitad de sus empleados (escenario medio), los costes de reestructuración podrían ser ligeramente superiores a los 1.000 millones de euros, con un potencial de ahorro anual de casi 500 millones de euros.