El bloqueo político tras las elecciones del 23 de julio tendrá consecuencia para CaixaBank. El banco aleja la salida del Estado de su capital como herencia de la compra de Bankia en 2021. Entre los asesores del Frob, a través del que el Gobierno controla un 17,3% de la entidad, se descontaba que un cambio de inquilino en La Moncloa aceleraría la privatización del paquete estatal. Pero el resultado electoral y la posible repetición de los comicios paralizarán cualquier decisión.
"Llegará el momento en el que el Estado salga, pero no parece que sea en el corto plazo", admitió Gonzálo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, durante la rueda de prensa para presentar los resultados del semestre. Aunque Gortázar quiso dejar claro que no le "preocupa" que el Estado se pueda eternizar como accionista de la entidad.
"La cúpula de CaixaBank sugiere que hay un motivo de fondo para penalizar al sector por el impuesto. Bankia, que compró la entidad catalana en 2021, recibió ayudas públicas de más de 24.000 millones
El Gobierno lleva sin reducir su presencia primero en Bankia y luego en CaixaBank desde finales de 2017. Antes de la integración, sólo se vendieron dos paquetes representativos de un 14,5% en el mercado. La participación estatal quedó en ese momento por encima del 60% de Bankia, que se diluyó al entorno del 16% tras la fusión.
De hecho, el plazo se ha prorrogado cuatro veces desde que el erario público entrara en Bankia en 2012. El límite ahora está fijado para diciembre de 2025, si bien es un plazo que depende del Ejecutivo de turno volver a alargarlo.
El Frob, sentado en el consejo
El Gobierno se sienta en el consejo de administración de la entidad con un representante del Frob, el fondo de rescate español. Aunque desde la cúpula de CaixaBank siempre se marcan distancias y se garantiza que no tiene influencia en la relación con la gestión. Y eso que durante la última Legislatura de Pedro Sánchez se han vivido episodios de tensión entre ambas partes.
El choque más sonado fue el provocado por los sueldos de la cúpula en 2021, justo unos meses después del desembarco del Estado en el accionariado de la entidad. En la junta de ese año, el Gobierno se opuso al nuevo salario del presidente, José Ignacio Goirigolzarri, que lo triplicó tras la integración.
Goirigolzarri ganó 1,69 millones en 2021, mientras que el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, percibió 3,89 millones. Estos sueldos levantaron ampollas en el Ejecutivo de coalición, sobre todo del ala de Podemos. La polémica se apagó un año después de que la cúpula se congelara tanto el sueldo fijo como el bonus.
Choque por el impuesto
También hubo tensión por el impuesto extraordinario a la banca. CaixaBank fue una de las entidades más combativas al considerar que el nuevo gravamen es "discriminatorio y contraproducente". Sin ir más lejos, el banco ha recurrido el impuesto en los tribunales y confía en que sea derogado o en su defecto modificado, como señaló Gortázar el pasado viernes.
"Se debería ver si hay algún motivo de fondo para penalizar a la banca con el impuesto", inquirió el consejero delegado de CaixaBank, que defendió que el sector bancario considera que el nuevo gravamen contraviene el ordenamiento jurídico. Y negó que cualquier crítica en este sentido se trasmita al fondo de rescate español durante los consejos de la entidad.
El 17,3% del Estado tiene un valor de mercado de unos 5.000 millones de euros. BFA-Bankia recibió una inyección pública de más de 24.000 millones de euros para su recapitalización y la de Banco Mare Nostrum (BMN), entidad que absorbió en 2017.
