La Comisión Europea (CE) no se opone a una subida de las pensiones con el IPC, una medida enmarcada en la reforma de las pensiones que tendrá un importante impacto en las cuentas públicas por el descontrol de la inflación. Sólo el año que viene subirán un 9% (inflación media entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022), con un coste adicional aproximado de 16.200 millones de euros. Ahora bien, a cambio Bruselas pide medidas compensatorias del lado de los ingresos, y aunque todavía no ha entrado a evaluarlas porque forman parte de la segunda parte de la mencionada reforma, ha exigido al Gobierno que trabaje en fórmulas que hagan sostenible el sistema y permitan garantizar esa revalorización. "Necesitamos medidas y, sobre todo, cifras", aseguran fuentes del Ejecutivo comunitario.
Desde Bruselas apelan a los dos pilares fundamentales de la reforma de las pensiones: la suficiencia y la sostenibilidad. El primero está garantizado con la indexación al IPC, a la que no se oponen, pero "en esta segunda parte del año es cuando se espera la segunda parte de la reforma de las pensiones, que afecta a la sostenibilidad". En la Comisión quieren asegurarse de que el gasto no crece "exponencialmente" y sigue siendo manejable, es decir, que las cuentas cuadren. El propio vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, ha señalado públicamente este miércoles en un evento sobre el Plan de Recuperación organizado conjuntamente con el Gobierno de España que "la sostenibilidad de las pensiones debe asegurarse al tiempo que se mitiga el riesgo de la inflación".
El Gobierno tiene de margen hasta final de año para retocar, tal y como ha reconocido el propio José Luis Escrivá, el famoso Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que hasta ahora contempla una subida de las cotizaciones de 0,6 puntos desde enero de 2023 hasta 2030. Será entonces cuando Bruselas reclamará toda la información y ya en 2023 arrancará su evaluación (tal y como avanzó el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, en mayo), de la que dependerá el siguiente desembolso de los Next Generation EU. Es decir, que aunque a finales de año Bruselas espera conocer la estrategia del Gobierno, con números, para sostener el sistema de pensiones; no será hasta el primer semestre de 2023 cuando España haga la petición formal del siguiente pago de los fondos UE y entonces la Comisión entre a evaluarlos formalmente.
De esta forma, por el momento, la Comisión evita manifestarse sobre si la reforma es o no sostenible, a la espera de conocer en qué queda finalmente el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que todos los organismos y expertos consideran que es insuficiente para garantizar la sostenibilidad, incluida la propia Comisión, como ha planteado en sus informes estacionales y Gentiloni en sus declaraciones; la ampliación de los años que computan para el cálculo de las pensiones, que Escrivá ya ha descartado llevar a 35 años; o el destope de las contribuciones máximas.
De momento, desde la Comisión sólo han deslizado que "cuantas más aportaciones y cotizaciones y cuantos más años se trabajen, mas fácil es que sea sostenible el sistema", pero han evitado dar cifras. "La pensión debe ser suficiente para el pensionista y al mismo tiempo el sistema debe ser sostenible, no se puede deteriorar. Es demasiado pronto para decir si esto se va a cumplir, todavía no hemos visto las medidas, las cifras y las proyecciones, pero es normal, porque están vinculadas al cuarto pago del Plan de Recuperación que todavía no está previsto. Es demasiado pronto", comentan desde la Comisión. "La vía de comunicación está abierta siempre y lo que necesitamos son las cifras y las medidas, todavía en curso", insisten.
De momento, la visita de los hombres de negro a España se ha limitado a examinar la reforma para que los autónomos coticen según sus ingresos reales y los planes de empleo. Hubo momentos de tensión a principios de año en los que Valdis Dombrovskis clamaba en privado contra la reforma española, según informó Vozpópuli, y el comisario de Economía, el socialdemócrata Paolo Gentiloni, ha hecho declaraciones poniendo el foco en la necesidad de que la reforma sea sostenible pero comprando la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez: retrasar el examen de la parte más polémica a junio de 2023, ya a las puertas del final de la legislatura.
Eso sí, Escrivá ha empezado a deslizar esta semana que la Comisión le pide cambios en el MEI porque no lo ve sostenible, lo que ha apuntado que podría tramitarse este otoño. Este Mecanismo entrará en vigor en enero y no será examinado formalmente hasta el verano del año que viene.
Más transparencia y rapidez con los fondos UE
En líneas generales desde la Comisión transmiten mensajes positivos sobre la implementación y ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero también exigen a las administraciones públicas "mantener el ritmo", pues, advierten, "tenemos de plazo hasta 2026" para cumplir lo comprometido y recibir todos los fondos. "No queda tiempo después, se cierran las puertas y no se podrán pedir fondos adicionales", avisan.
Aunque no hay datos en términos de Contabilidad Nacional sobre la ejecución real de los fondos europeos, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado este miércoles tras reunirse con los agentes sociales que "se han transferido a las comunidades autónomas" más de 18.300 millones de los 31.000 millones que se han recibido y sobre un total de 70.000 millones a fondo perdido que nos corresponden y todavía se deben desbloquear. Además, se pretenden solicitar los 84.000 millones en préstamos 'blandos' antes de que finalice el año, tal y como ha confirmado el Gobierno.
Para la Comisión Europea, el Plan de España es ambicioso en tamaño y forma, con un plan "ingente" de hitos y objetivos y distintos estratos gubernamentales que intervienen, lo que en cierto modo considera un obstáculo en la ejecución. Por otro lado, desde la Comisión Europea también han reclamado más transparencia: "La transparencia es algo que hay que mejorar", reconocen. Varios organismos han reclamado al Gobierno datos de ejecución en términos de contabilidad nacional para saber qué porcentaje de los fondos han llegado ya a la economía, pero el Gobierno lleva más de un año sin proporcionarlos.
