Bruselas da margen a España para esquivar el bloqueo de 900 millones de fondos europeos

La Comisión Europea 'estira' los plazos para evaluar el cuarto pago de fondos europeos, que ya acumula casi un año de retraso, por los contratiempos del Gobierno con la reforma del subsidio por desempleo. Está en juego una parte importante de los 10.000 millones de euros del desembolso, unos 900 millones.

Esta medida, que debía estar aprobada en el momento en que se pidió el cuarto pago (diciembre de 2023), fue tumbada en enero en el Congreso de los Diputados por Podemos el pasado 10 de enero. Y ahora el Ejecutivo intenta sacarla adelante de nuevo contrarreloj.

De hecho, lo ha hecho un día después de que venciera la prórroga concedida por Bruselas a España para evaluar este cuarto pago de fondos europeos Next Generation EU. El 20 de marzo, cuando finalizaba el plazo inicial, se acordó retrasarlo dos meses más, hasta el 20 de mayo.

Sin embargo, no ha sido hasta un día después, este martes 21 de mayo, cuando el Gobierno ha aprobado la reforma del subsidio en el Consejo de Ministros, a la que todavía le falta el plazo de un mes para que sea convalidada en el Congreso, donde ahora el principal escollo es Junts.

La Comisión Europea aseguró este martes, tras conocerse la aprobación de la propuesta por parte del Ejecutivo, que analizará la reforma y comunicará su decisión "en las próximas semanas", en los prolegómenos de las elecciones europeas del 9 de junio.

Retraso en los fondos europeos

Bruselas ya anticipó en una rueda de prensa en España el pasado 14 de marzo que si vencido el plazo había algún hito sin cumplir, emitiría una comunicación formal en la que adoptaría el despliegue de fondos europeos por 60 hitos y comunicaría la suspensión temporal del pago por el hito no satisfecho.

Entonces, el Gobierno tendría seis meses para cumplirlo. Y si en ese plazo no se lograra, la Comisión se pondría en contacto de nuevo con el Gobierno y le daría un mes adicional. Finalmente, si eso no ocurriera en el plazo extra, valoraría ya la suspensión definitiva del pago.

Aunque no se espera que se agoten todos los plazos, España ya acumula un retraso importante en la recepción de fondos europeos. En el plan inicial estaba previsto que España pidiera el cuarto desembolso en el primer semestre de 2023 y no lo hizo hasta diciembre, es decir, medio año después. 

Ese retraso no tiene implicaciones negativas más allá de que el plazo máximo para desbloquear todo el dinero (dividido en 10 tramos) es 2026. Por el momento España ha recibido 38.000 millones, poco más de un 20% de los 163.000 millones que tiene asignados en forma de subvenciones y préstamos.

Malestar entre los sindicatos y CEOE

El Real Decreto-ley aprobado este martes incluye, como el que decayó el 10 de enero, una cláusula que establece la prevalencia de los convenios autonómicos que exige el PNV. Se trata de un asunto que finalmente no entró en la reforma laboral y que el Gobierno de Pedro Sánchez se avino finalmente ha introducir a pesar de que no se pactó con los agentes sociales. Molestó en CEOE y los sindicatos han mostrado este martes su descontento, especialmente UGT.

Desde la Unión General de Trabajadores han lamentado que es un asunto que "no está ni hablado ni mucho menos negociado con nosotros. Nos parece que un tema de la importancia de la prevalencia de convenios, naturaleza esencial de nuestra actividad, debería de pasar primero por el diálogo social".

"El respeto a los interlocutores sociales recogido en el artículo 7 de la Constitución española exigía que, sin afectar a la capacidad legislativa que nuestro texto fundamental reserva al Congreso de los Diputados y a los partidos políticos que en el se encuentran, una modificación del Estatuto de los Trabajadores que afecta a la estructura convencional colectiva fuera tratado, debatido y abordado con carácter previo en la mesa tripartita del diálogo social", han remachado.

Por su parte, CCOO ha insistido en que "la modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, que determina la estructura de la negociación colectiva, mediante un Real Decreto-ley sin contar con los agentes sociales, supone una injerencia en las funciones que el artículo 7 de la Constitución Española atribuye a las organizaciones sindicales y empresariales".

Para CEOE, "el Gobierno sigue ahondando en la deriva intervencionista" al "modificar sustancialmente, de forma unilateral y para cumplir con pactos políticos, el espacio de negociación exclusivo y autónomo del que se han dotado tradicionalmente empresas y trabajadores".

La patronal denuncia, como los sindicatos, que "se salta la obligada consulta en el diálogo social, tal y como mandata el artículo 7 de la Constitución", pero más allá de las formas, advierte de que en la práctica esta medida "atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional, en dirección contraria precisamente de los esfuerzos que a nivel europeo se están desarrollando para reforzarla".

Finalmente, insisten en que "el Ministerio de Trabajo está deliberadamente vulnerando los acuerdos alcanzados en el marco de la última reforma laboral".