Bruselas exige a Escrivá más ajustes para financiar su "insostenible" reforma de las pensiones

El Gobierno informó la semana pasada de que ya ha pedido los 12.000 millones de euros que corresponden al segundo tramo de reformas e inversiones del Plan de Recuperación. Se trata de la parte más voluminosa, que recoge los compromisos asumidos hasta el pasado 31 de diciembre. Destacan dos reformas clave: la laboral y la de las pensiones. La laboral se cerró con acuerdo de patronal y sindicatos y con un contenido que si bien ha sido criticado desde sectores del mundo empresarial, sí que tuvo finalmente el aval de la CEOE, y ha sido bien recibida en público por la Comisión Europea, en concreto, por el comisario de Economía, el socialdemócrata Paolo Gentiloni, lo que el Ejecutivo español ha puesto en valor.

La reforma de las pensiones, sin embargo, ha concitado el silencio, tanto del Gobierno como de la Comisión. La vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, viajó a Bruselas el 14 de marzo para asistir a una reunión del Eurogrupo, y lo hizo acompañada del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con quien compartió un maratón de reuniones con el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, con Gentiloni, y con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.

En las primeras palabras que dirigió a los medios antes del comienzo del Eurogrupo ese día, Calviño dio cuenta de estos encuentros para tratar de las políticas de acogida a "refugiados ucranianos y sobre el Plan de Recuperación", trasladó que le acompañaba Escrivá y tan sólo destacó que la Comisión Europea ve con buenos ojos la reforma laboral y el que se haya logrado con un intenso diálogo social.

Sin embargo, la vicepresidenta primera no dijo ni una palabra de la reforma de las pensiones, la que había llevado a Escrivá a Bruselas. Y a diferencia de las constantes visitas en solitario de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la sede de la Comisión Europea, el tour de comisarios lo realizó de la mano de Calviño. Eso sí, el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, ha estado viajando a Bruselas en este periodo de negociación, según ha podido saber este periódico. Sobre este tramo, Calviño volvió a ignorar poco después la negociación sobre las reforma de las pensiones y tan sólo mostró su satisfacción con la aprobación de la Ley de Residuos, compromiso que no estaba previsto que se discutiera con Bruselas en ese momento.

Y es que la petición formal del desembolso de los 12.000 millones se realiza tras una negociación gracias a la cual el Gobierno ya cuenta con el aval de Bruselas. Aunque las autoridades comunitarias tienen dos meses para analizar los hitos de cada tramo, que pueden cuestionar, y desde la Comisión advertían el pasado otoño de que recomendaban a los Estados no pedir el montante total si no habían cumplido todos los compromisos, ya que consideraban que era mejor en estos casos solicitar sólo una parte, finalmente ha optado por un pacto de no agresión con el Gobierno español en lo que respecta al Plan de Recuperación. Se quiere escenificar que el Mecanismo estrella de la UE va bien y que España es un alumno aventajado. Mañana van a coincidir la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Pedro Sánchez, en la reunión del Círculo de Economía en Barcelona.

Pero la exigencia de más ajustes se mantiene y se hará explícita en las Recomendaciones del Semestre Europeo, en las que la Comisión hará un traje a España a finales de mayo. Según ha podido saberVozpópuli, Dombrovskis, férreo defensor de la disciplina fiscal, ha trasladado en reuniones que la Comisión Europea está "muy preocupada" con la reforma de las pensiones de Escrivá, que ve "insostenible". En concreto, el polémico Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la piedra angular que debería hacer sostenible una reforma que liga las pensiones con el IPC. Esta fórmula, que además se pactó con los sindicatos a espaldas de CEOE, puede no ser del agrado de Bruselas, pero lo único que exige a los Estados miembros es que ofrezcan un mecanismo, un cálculo, que la haga sostenible.

No se da el caso. La OCDE, el FMI, Banco de España, Standard & Poor's, BBVA y Fedea han denunciado que el citado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, esto es, la subida de cotizaciones de 0,6 puntos, que recaen 0,5 sobre la empresa y 0,1 sobre el trabajador, ni se acerca a garantizar la sostenibilidad del sistema. En un principio, desde el Gobierno se planteó que el alza iba a recaudar cerca de 50.000 millones de euros, cuantía que luego Escrivá redujo a 42.000 millones en noviembre, cuando la cerró. Pues bien, Pedro Sánchez rebajó a finales de enero el montante a 30.000 millones en un acto con pensionistas. Expertos de estos organismos y otros consultados por este periódico dudan que reúna siquiera 20.000 millones.

Esta reforma, además, no ha podido llegar en el peor momento: a la preocupación que ya tenía Bruselas con la revalorización de las pensiones con el IPC que ha aprobado el Gobierno en diciembre, que no incluye un mecanismo que garantice de forma efectiva la sostenibilidad del sistema, se suma el efecto de la espiral inflacionaria, que rozó el 10% en marzo. El coste total de estas prestaciones será de cerca de 190.000 millones en 2023, el 14% del PIB, y la revalorización con el IPC supondrá más de 10.000 millones adicionales con las previsiones del IPC medio que maneja el propio Gobierno, del 6% este año, como admitió en la rebaja del cuadro macro el 29 de abril. A lo que sumar los gastos extra que van consolidando cada ejercicio, por ejemplo, la paguilla de 2022.

"Rotundamente no". Escrivá negó cuestionamientos a su reforma en la rueda de prensa en la que presentó la afiliación adelantada el pasado 21 de abril. Preguntado por asuntos relativos a las jubilaciones, advirtió de que "la Comisión Europea no tiene competencias para fiscalizar el diseño, el contenido de los sistemas de pensiones de los Estados miembros, pero sí sobre la sostenibilidad de los mismos", tuvo que admitir.

Compromisos del Gobierno

Según trasladan fuentes conocedoras, el Gobierno español presentará reformas para justificar el gasto en pensiones en la adenda al Plan de Recuperación que prepara, en la que pedirá 80.000 millones en préstamos y otros 4.000 millones en transferencias no reembolsables porque el PIB creció en 2021 menos de lo previsto.

De momento, en el Programa de Estabilidad remitido a la Comisión el 29 de abril, el Gobierno dice que no va a haber subidas de impuestos hasta 2025 pero, en una especie de cuadratura del círculo, ya desliza a Bruselas que una mejora del sistema tributario para que sus ingresos se incrementen es "crucial" para la sostenibilidad del sistema de pensiones.