Bruselas avisa al Gobierno: las nuevas ayudas de Sánchez impedirán cumplir con el déficit

La legislatura arranca con dos propósitos económicos opuestos entre sí: la reducción del déficit al 3% del PIB en 2024 y el mantenimiento parcial del 'escudo social' contra la inflación, además de todos los compromisos adquiridos con los socios para sacar adelante la investidura del presidente, Pedro Sánchez. Varios organismos habían advertido de que el Ejecutivo tendría que retirar el apoyo fiscal si pretendía rebajar el desequilibrio entre los ingresos y los gastos, pero el presidente sorprendió en su discurso de investidura con una batería de ayudas.

Bruselas está expectante ante las decisiones que tomará el nuevo Ejecutivo. Esperaba que dejara caer todas las medidas extraordinarias, o al menos las más costosas y dirigidas al conjunto de la población, tal y como constaba en el Plan Presupuestario que envió el pasado octubre, cuando estaba aún en funciones. Sin embargo, el anuncio de Sánchez del pasado 15 de noviembre de prorrogar la rebaja del IVA en los alimentos hasta junio y de subvencionar el transporte público para todos los menores, jóvenes y desempleados trastoca todos sus cálculos.

La Comisión Europea no ve con buenos ojos la prórroga de estas medidas sociales. De hecho, lleva meses pidiendo a los Estados miembros su retirada y allanando con sus recomendaciones la vuelta a la disciplina fiscal, la última vez, este mismo martes. "Los Estados miembros deben reducir las medidas de apoyo a la energía, con miras a mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas y evitar alimentar presiones inflacionarias", señalaron fuentes comunitarias.

En este sentido, también apuntaron a España por su "difícil" situación fiscal, con un déficit por encima del 3% y una deuda muy superior al 60% del PIB, lo que evidencia la necesidad de un plan de consolidación "creíble" y unos presupuestos actualizados "lo antes posible". En el informe que publicó la semana pasada, Bruselas ya advirtió que incluso con la retirada de todas las medidas, no contempla que España logre bajar el déficit al 3% en 2024, como dice el Gobierno.

En todo caso, lógicamente su retirada ayudaría a moderarlo del 4,1% al 3,2%. "Según las previsiones de otoño de 2023 de la Comisión, y teniendo en cuenta la información incluida en el proyecto de plan presupuestario de España, se espera que las medidas de apoyo energético de emergencia finalicen a finales de 2023 y se prevé que los ahorros relacionados se utilicen para reducir el déficit de las administraciones públicas en 2024", señala la Comisión en su opinión sobre el plan presupuestario de España.

En el documento publicado este martes pone números al importante impacto de la retirada de las medidas en el déficit público: "El coste presupuestario neto de las medidas de apoyo energético se prevé en el 0,9% del PIB en 2023 y del -0,1% en 2024. Si los ahorros relacionados se utilizaran para reducir el déficit público, la relajación de las medidas de apoyo energético por sí sola implicaría un ajuste fiscal del 1% del PIB en 2024".

Ahora que se conoce que el nuevo Ejecutivo se muestra dispuesto a mantener algunas de ellas, el escenario podría ser aún peor, poniendo en riesgo la mejora del déficit público del 4,1% al 3,2% que contempla Bruselas e impidiendo así que España cumpla con el objetivo en el año de reactivación de las reglas fiscales. Sólo la prórroga hasta mitad de año obligaría al Gobierno a plantear ajustes al margen de las medidas por unos 6.000 millones de euros.

"Nuestros cálculos se basan en una caída de las medidas fiscales este año. Tendremos que ver los detalles de las medidas específicas y tener más clara cuál es la decisión final", comentaron las mismas fuentes comunitarias, al ser preguntadas por la prórroga de algunas de las medidas. En sus estimaciones también están incluidos los impuestos extraordinarios a banca, energéticas y grandes fortunas hasta 2025, que pueden aportar a las arcas públicas alrededor de 3.700 millones.

El Gobierno debe encajar ahora las cuentas para alcanzar ese déficit del 3% ya en 2024, bien con una mejora de la recaudación gracias a la inflación y el crecimiento económico, o bien con un recorte del gasto. Lejos de lo segundo, en 2024 se engordarán dos partidas clave: el gasto en pensiones y en sueldos públicos. Alrededor de 10.000 millones más de gasto que se sumarán al ingente coste, que en total supera ya los 300.000 millones.

En el mismo discurso de investidura, Sánchez deslizó cuál es su plan para cumplir con el déficit: nuevas subidas en el Impuesto de la Renta y y medidas para evitar "la evasión fiscal de las grandes multinacionales". "Ensanchando nuestras bases fiscales, incrementando la progresividad del IRPF, y garantizando un impuesto mínimo efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades", comentó. "Los ricos, pues lo siento, tienen que pagar más impuestos de lo que pagan hasta ahora", añadió.