El miércoles Bruselas dio un voto de confianza a España y decidió cancelar la multa por la falta de medidas efectivas para corregir el déficit en el año 2015. Pero la tregua no va a salir gratis. El Gobierno no tendrá que tomar nuevas medidas en 2016, pero sí tendrá que presentar unos Presupuestos austeros para 2017 y consolidar los ajustes en 2018. Bruselas lo tiene claro, quiere medidas eficaces y permanentes para reducir el déficit estructural.

De hecho, el Ejecutivo comunitario va a exigir a España un ajuste del 0,5% en 2017 y del 0,5% en 2018, es decir, un ajuste estructural de unos 10.000 millones de euros en los dos ejercicios. Y someterá a España a un proceso de vigilancia reforzada de sus cuentas, con controles trimestrales. ¿Dónde quiere que se ajuste Bruselas? Cuando aprobó la recomendación fiscal sobre la falta de medidas efectivas dejó claro que España había avanzado poco en la reforma de la Administración Pública y en la del sistema de pensiones.

“Los cambios no han sido suficientes para compensar el impacto de algunas medidas expansivas, como la reforma fiscal o la recuperación de las pagas extra”, señalaba la Comisión en la recomendación, donde también pedía al Gobierno que utilizara de forma más rigurosa los instrumentos del marco presupuestario español para evitar y corregir desviaciones. 

Puede que la Comisión pida al Gobierno que la fijación de mínimos en el pago fraccionado de Sociedades sea permanente

La medida estrella anunciada por el Gobierno para evitar la multa, la fijación de un tipo mínimo obligatorio en los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades para recaudar 6.000 o 7.000 millones más, también puede verse afectada por la decisión de Bruselas. El Gobierno ha dicho que solo mantendrá esta medida hasta que se enderece el déficit, pero la Comisión quiere medidas estructurales, es decir, permanentes.

Si los tipos mínimos se introducen ahora y se vuelven a eliminar dentro de unos años, se volverá a generar un problema con la recaudación del impuesto, tal y como está ocurriendo este año. Así que puede ser que Bruselas exija a España que convierta en permanente esta modificación fiscal, lo que supondría un incremento del impuesto para las empresas.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad (AIReF) también cree que si esta medida se pone en marcha debe ser con carácter permanente. De lo contrario, volvería a generar un desajuste en la recaudación de Sociedades difícil de explicar ante las autoridades comunitarias, que han dado por buenos los argumentos que envió el ministro para evitar la multa.

Cambios en el IVA

Una de las medidas que siempre llegan desde Bruselas y que ahora las autoridades comunitarias pueden recuperar tras la cancelación de la multa y la nueva tregua para reducir el déficit es la subida de IVA. El Gobierno de Rajoy ya subió este impuesto a los pocos meses de llegar al poder, pero son muchos los organismos que reclaman nuevos cambios en los tipos mínimos.

En los argumentos españoles, el Ejecutivo también se comprometió a consolidar el recorte de gasto de 2.000 millones que anunció Montoro hace unos meses en las cuentas del año que viene, a mejorar la lucha contra el fraude fiscal para elevar los ingresos y a adelantar el cierre del ejercicio presupuestario a julio (en lugar de diciembre) para evitar gastos imprevistos en los próximos meses.

Bruselas emitió en mayo otras recomendaciones para España que también podrían concretarse en ajustes

Unos meses antes de publicar esta recomendación, cuando la Comisión publicó sus previsiones de primavera, emitió también otras recomendaciones que no tienen que ver con el tema fiscal, pero que también influirán en la agenda de reformas del próximo Gobierno. En este caso, la Comisión pidió a España que mejorara el control de la contratación pública y la coordinación de políticas de compra entre los niveles de gobierno y que avanzara en la integración en el mercado laboral con medidas centradas en el apoyo individualizado y el fortalecimiento de la eficacia de la formación.

Además, reclamó una mejora de la capacidad de los servicios regionales de empleo y un refuerzo de su coordinación con los servicios sociales. Igualmente resaltó la importancia de que se eliminaran las diferencias y disparidades en sistemas de ingresos mínimos y que se mejorasen los sistemas de apoyo a las familias.

Finalmente, pidió nuevas  iniciativas para mejorar la adecuación al mercado laboral de titulados universitarios, con incentivos para la cooperación entre las universidades, las empresas y la investigación; más financiación destinada a la investigación en las universidades y la I+D, una mayor aplicación de la Ley de Unidad de Mercado a nivel regional; la aplicación de reformas en el sector minorista en las comunidades autónomas y el desarrollo de la reforma de los servicios profesionales ya prevista.