Las empresas de componentes de automoción siguen dando carpetazo a las plantas barcelonesas y son numerosos ya los cierres anunciados para este año. El último de ellos viene por parte de la alemana Bosch, que ha trasladado al comité de empresa su intención de cerrar la planta de Lliçà d'Amunt (Barcelona), en la que trabajan más de 330 personas, según han informado los sindicatos.

Esta decisión no es la primera de esta empresa alemana, pues se suma al anuncio del cese de la actividad, previsto para noviembre de 2021, de la planta que el grupo tiene en Castellet i La Gornal, también en Barcelona, que emplea a otras 300 personas, por lo que los dos cierres supondrán que más de 600 trabajadores se queden en la calle en los próximos meses.

Según UGT, la compañía, que aduce causas económicas, tiene intención de transferir la producción de la planta de Lliçà a la de Wroclaw (Polonia), por lo que se trata de "una deslocalización sin paliativos" que agrava aún más la crisis de la industria de la automoción que vive Cataluña, donde en los últimos meses han anunciado su cierre compañías como Nissan, TE Connectivity o Saint-Gobain.

UGT denuncia que tanto en el caso de Castellet i La Gornal como de Lliçà la empresa ha actuado "con crueldad", llevando a cabo una política "insolidaria y egoísta, muy lejos de los valores que como fundación defiende". Recuerda el sindicato que en los últimos años los trabajadores de ambas plantas han hecho grandes esfuerzos para facilitar la continuidad de la actividad, como congelaciones y reducciones salariales y reducciones de plantilla, pero la respuesta definitiva de Bosch ha sido cerrar las dos fábricas y dejar a más de 600 trabajadores en la calle.

La planta de Lliçà de Vall está especializada en sistemas de frenado, mientras que la de Castellet i La Gornal fabrica motores para limpiaparabrisas. La representación de los trabajadores ya explicó en su momento que, en los últimos años, la planta de Castellet había llevado a cabo varios planes de viabilidad -como expedientes de regulación, bajas incentivadas, reducciones salariales, etc- y denunciaron la "dejadez" y "falta de inversión" por parte de la compañía, que en 2003 contaba con unos 1.200 trabajadores en la planta y actualmente no supera los 300.

La Generalitat quiere evitar el cierre

Tras conocer los planes de la multinacional alemana, el consejero de Empresa de la Generalidad de Cataluña, Ramón Tremosa, ha asegurado que su gobierno "no da por definitiva" la decisión de Bosch de cerrar la planta de Lliçà d'Amunt  y ha lamentado que la compañía no haya comunicado antes su intención a la Generalitat.

Así lo ha sostenido en una rueda de prensa con un reducido grupo de medios por las restricciones de la covid-19 tras reunirse, junto al titular de Interior, Miquel Sàmper, con miembros del sector económico, comercial y turístico para valorar los efectos de los disturbios a raíz de las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.

"No damos por definitiva esa decisión", ha aseverado Tremosa, quien ha recordado que, en otras ocasiones, la Generalidad ha logrado convencer a las compañías para que "reconsideren" el cierre de alguna de sus plantas. Por eso, ha explicado, el ejecutivo catalán está ahora "intentando contactar con la empresa para revertir esta decisión y ayudarlos a mantener los puestos de trabajo" y, si no es posible, al menos facilitar la reconversión de los más de 300 empleos que están en juego. Tremosa también ha criticado que Bosch no haya avisado al Gobierno de su decisión de cerrar la planta hasta ayer, cuando la multinacional comunicó al comité de empresa sus planes.