La aristocracia sevillana teme perder toda su inversión en Abengoa y exige Junta Extraordinaria

Inversion Corporativa, la sociedad a través de la cual la familia Benjumea, liderada por Felipe Benjumea, junto con otros socios, controlaban la mayoría del capital de Abengoa antes de la reestructuración acometida para evitar la entrada en concurso de acreedores del grupo energético, solicita a la compañía la celebración de Junta General Extraordinaria antes del 28 de septiembre.

"A día de hoy", sostiene la sociedad en un comunicado, "Abengoa no ha dado respuesta concreta a este requerimiento". Los accionistas de Inversión Corporativa explican que el objetivo "es debatir y adoptar soluciones con respecto de la comunicación realizada en julio por Bolsas y Mercados de España que provocaría una dilución del 90% en las acciones de Abengoa, con un grave perjuicio para los inversores".

Como publicó Abengoa en un hecho relevante enviado a la CNMV el pasado 31 de julio, el próximo 28 de septiembre entrará en vigor la norma hecha pública el 30 de julio por Bolsas y Mercados de España (BME) que implica la modificación del precio mínimo de cotización de los valores negociados en el mercado continuo a 0,001 euros respecto del valor de 0,01 euros vigente hasta la fecha. 

Inversión Corporativa advierte que el consejo de administración de Abengoa sería responsable de la pérdida patrimonial

"A día de hoy, el Consejo de Administración de Abengoa no ha hecho pública la convocatoria de junta antes del 28 de septiembre ni ha respondido de manera concreta", lamenta Inversión Corporativa. "Esto aumenta la preocupación entre los accionistas minoritarios, debido a que la medida representaría una dilución de la acción del 90% que, sumada a la dilución del 95% ya sufrida en 2016 durante el proceso de restructuración supondría en la práctica la desaparición total de las inversiones realizadas", advierte.

El proceso de refinanciación de Abengoa y la reorganización de su capital supuso que los anteriores accionistas vieran fuertemente diluida su participación en la compañía, pasando los mayores acreedores -bonistas, fondos y bancos- a ser sus principales accionistas. Inversión Corporativa, que antes de la crisis de la compañía controlaba más del 57% del capital, pasó a disponer de menos del 3% de las acciones de la multinacional energética.

En la actualidad, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Inversión Corporativa tiene el 2,53% de Abengoa. Los dos mayores accionistas de la compañía sevillana son Santander y el Ministerio de Economía.

"Al no celebrarse la Junta y si no se puede adoptar una solución, el Consejo de Administración sería responsable de la pérdida patrimonial que esta medida de BME pudiera ocasionar en el valor de la acción," advierte la sociedad Inversión Corporativa en su comunicado.

De acuerdo a las últimas cuentas de Inversión Corporativa que este diario ha podido consultar, a través de Insight View, del año 2016, la sociedad terminó ese ejercicio con fondos propios por importe de 44,5 millones de euros y pérdidas de 7,9 millones (más de 77 millones de pérdidas en 2015).

Inversión Corporativa, al igual que Abengoa y otras sociedades dependientes, se acogieron al preconcurso en noviembre de 2015. En diciembre de 2016 la sociedad de la familia Benjumea logró un acuerdo de refinanciación que fue homologado judicialmente; la firma logró 1,7 millones de financiación para mantener la viabilidad y pignoró 15 millones de acciones de Abengoa, de acuerdo a la memoria de las cuentas de 2016 de la empresa. Felipe Benjumea abandonó la presidencia de Inversión Corporativa y de Abengoa ante la presión de los acreedores.

Además de la familia Benjumea, en Inversión Corporativa están presentes otras familias fundadoras de Abengoa y de la aristocracia sevillana, como los Aya, Abaurre, Guardiola o Solís.

Felipe Benjumea, presidente de Abengoa entre los años 1991 y 2015, hijo del fundador de la compañía, fue absuelto el pasado mes de enero de los delitos de los que se le acusaba relacionados con la indemnización de 11,5 millones de euros recibida poco antes de la compañía se declarara en preconcurso de acreedores, de acuerdo a fuentes presentes en el proceso. El fiscal solicitaba cinco años de cárcel para Benjumea y cuatro años contra Manuel Sánchez Ortega, exconsejero delegado del grupo energético, que cobró una indemnización de 3,5 millones. También ha sido absuelto el resto del antiguo consejo de administración de la multinacional sevillana, que aprobó las indemnizaciones.