Hace ya muchos años que los Presupuestos Generales del Estado no interesan a nadie. Ni siquiera a los miembros del Congreso de los Diputados. Ya en tiempos de Felipe González e incluso de José María Aznar, lo importante, estaba en la llamada Ley de Acompañamiento, donde se incluían todas las disposiciones de calado a las que no había que dar excesiva publicidad. Ahora, entre veinte y cuarenta años después, las costumbres no han cambiado. Los PGE no dejan de ser los del año anterior con una variación porcentual añadida. No conviene airear subidas impositivas que tienen un alto coste electoral. Para eso están los beneficios fiscales, mucho más discretos y tan eficaces o más que la creación de nuevas figuras tributarias a la hora de engordar las arcas públicas.

Para este año, los beneficios fiscales presupuestados ascienden a 39.049 millones de euros, alrededor del 3,5% del Producto Interior Bruto, pero llegaron a totalizar cerca de 61.500 millones en el año 2009, el 5,74% de la riqueza nacional de ese año. En la Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024 presentado por el Gobierno hace unos días a Bruselas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dejado meridianamente claras sus intenciones: ausencia de medidas fiscales de calado en estos cuatro años próximos. Sin embargo en el Programa Nacional de Reformas habla de “una revisión exhaustiva de las múltiples exenciones y bonificaciones existentes en el actual sistema tributario” y de si el coste que suponen, “en términos de merma recaudatoria, resulta justificado”.

Aunque lo haya tratado de matizar, el Gobierno ha dejado caer hace solo unos días la posibilidad de suprimir los beneficios fiscales por tributación conjunta, al entender (eso dice en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido al Gobierno europeo) que desincentiva la participación en el mercado laboral del segundo perceptor de rentas. No será antes del próximo año, cuando un grupo de expertos dé su opinión, pero el mensaje está lanzado. Para este año, la minoración de ingresos para las arcas públicas por este concepto está cifrada en 1.070 millones de euros y afecta a más de 3,5 millones de declaraciones.

Factura de los beneficios fiscales

No hay que entenderlo solo como un globo sonda. El pasado año, el Gobierno redujo la cantidad máxima con derecho a beneficios fiscales que un contribuyente podía aportar anualmente a su plan de pensiones desde los 8.000 euros a 2.000, que son la cifra máxima que puede beneficiarse de reducciones impositivas. No hay efectos cuantificados, puesto que éste es el primer año de vigencia, pero las previsiones hablan de un “coste” para Hacienda de 937 millones. En 2008, por ejemplo, los contribuyentes (cerca de 4,3 millones) se desgravaron más de 5.862 millones de euros. Sólo con esta operación hay un saldo favorable para el erario público de más de 4.900 millones entre crisis y crisis.

En el verano de 2012, Mariano Rajoy eliminó definitivamente (Zapatero la había limitado antes y el PP recuperado después) la deducción fiscal por la compra de vivienda habitual a partir de 2013, aunque no pudo imponer el carácter retroactivo, porque habría afectado a muchos más millones de españoles, que compraron su piso contando con esas condiciones tributarias. Con los últimos datos del Ministerio de Hacienda correspondiente a la declaración del IRPF de 2018, casi 3,7 millones de personas se beneficiaron de esta deducción por un importe de 2.337 millones, a una media de 634 euros por contribuyente. En 2008, con el “boom” inmobiliario todavía intacto, la cifra de beneficiarios ascendió a  6,23 millones, por un importe de 5.418 millones. La diferencia habla por sí misma.

El Ministerio de Hacienda define los beneficios fiscales como “la expresión cifrada de la disminución de ingresos tributarios que, presumiblemente, se producirá a lo largo de un ejercicio, como consecuencia de la existencia de incentivos fiscales orientados al logro de determinados objetivos de política y social”. En el argumentario de la necesidad de su paulatina desaparición en todos los gobiernos, fueran del signo político que fueran, siempre ha figurado que no se justifican suficientemente con el fin para el que fueran creados y su coste empieza a ser muy alto en tiempos de elevados déficits.

Abanico de deducciones

En el presente año, y según los Presupuestos Generales del estado, los primeros de un Gobierno de Pedro Sánchez, existen casi medio centenar de exenciones, deducciones, reducciones, bonificaciones, compensaciones o tipos reducidos que pueden utilizarse para disminuir la factura de un contribuyente (persona física o jurídica) con la Agencia Tributaria. Casi la mitad están concentradas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; otras 17, en el Impuesto sobre Sociedades; cuatro, en el IVA, y tres, en los Impuestos Especiales.

Las hay de todos los tipos. Desde anualidades por alimentos a premios de determinadas loterías y apuestas, pasando por maternidad, rentas en Ceuta y Melilla, o por reserva de capitalización o inversiones en Canarias. Las más importantes por volumen corresponden al Impuesto sobre el Valor Añadido. Ascienden este año a 20.491 millones de euros, un 8,3% más que en el ejercicio anterior. Alrededor de 12.000 millones provienen de la reducción del tipo general del IVA (21%) al tipo “reducido” del 10% o “superreducido” del 4%. En la actualización del Programa de Estabilidad, el Gobierno insiste en la recomendación de “limitar la aplicación de tipos reducidos en el IVA”.

En el IRPF suponen un “coste” para Hacienda de 11.178 millones de euros, un 0,4% inferiores a las de 2020. Los conceptos con mayores privilegios fiscales son la deducción por familia numerosa y personas con discapacidad a cargo (1.605 millones), la exención de determinadas pensiones públicas por invalidez (1.211 millones) y la reducción por tributación conjunta (1.070 millones). El Impuesto sobre Sociedades recoge minoraciones por valor de 3.872 millones de euros.

El comportamiento de los beneficios fiscales a lo largo de los años ha sido un tanto errático. La cifra de este año es muy similar a la de hace diez años (40.363 millones), aunque afecta de muy diferente manera a los tres principales impuestos. En 2011, las deducciones aplicables al IRPF absorbían el 41,2% de la cifra total. Hoy han bajado al 28,6%. A cambio, se ha incrementado la participación del IVA desde el 42% del año 2011 (16.978 millones) al 52% actual. El Impuesto sobre Sociedades “cuesta” más o menos lo mismo: el 9,3% en 2011 y el 9,9% de este año.