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Economía

El Gobierno se abre a modificar la ley para socorrer a Joan Laporta

El Consejo Superior de Deportes es "partidario" de acceder a la petición del presidente blaugrana de que cada club no SAD decida por su cuenta la cantidad que sus directivos deben avalar

El presidente del Barcelona Joan Laporta.
Joan Laporta. Europa Press

El Gobierno está por la labor de asistir a Joan Laporta. Fuentes cercanas al Consejo Superior de Deportes señalan a Vozpópuli que es "partidario" de acceder a un cambio en la ley que regula los avales de los clubes como el Fútbol Club Barcelona para que sean estos por su cuenta - en Asamblea de socios - los que decidan la cantidad que deben avalar sus Juntas Directivas.

"El CSD es partidario de que cada club decida, pero eso sí, salvaguardando un mínimo de avales, es decir, la ley del deporte no va a eliminar los avales, se podrán reducir si así lo quieren los clubes", apuntan a este diario fuentes cercanas al organismo que encabeza José Manuel Franco y que está supervisado por el ministerio de Cultura y Deportes de Miquel Iceta.

"Hasta que la ley no entre en el parlamento no se hablará de porcentajes", añaden las mismas fuentes, que apuntan a que el cambio se daría a través de la nueva Ley del Deporte, que se llevaría al Congreso de los Diputados "en diciembre como tarde, aunque podría ser antes".

El Barcelona declaró un patrimonio neto negativo de 481 millones el último ejercicio, y La Liga estudia ahora las cuentas con vistas a hacer su cálculo de los avales en las próximas semanas

El asunto es importante para Laporta, que ya consiguió este fin de semana que la Asamblea del Barcelona eliminara de los estatutos la obligación a la Junta Directiva de dimitir si no fuera capaz de restituir su patrimonio neto positivo al cabo de dos temporadas.

El Barcelona declaró un patrimonio neto negativo de 481 millones el último ejercicio, y La Liga estudia ahora las cuentas con vistas a cifrar los avales en las próximas semanas.

La asamblea del Barcelona decidiría sus avales

El Gobierno ya había emitido un decreto, en principio por solicitud del presidente del Athletic de Bilbao, Aitor Elizegi, que exoneraba a las Juntas Directivas de los clubes no SAD (el Athletic, el Barcelona, el Real Madrid y Osasuna) de tener que avalar pérdidas imputables a la covid, algo previsto para los últimos dos ejercicios. Dicho decreto deja igualmente en manos de La Liga el cálculo final.

De acuerdo a fuentes jurídicas, en caso de que un ejercicio se cierre en negativo -como ha sucedido con el Barça en el último-, los directivos tendrían que avalar la suma de esas pérdidas y el 15% del presupuesto de gastos. En el caso de que fuera en positivo, el aval se obtiene de la diferencia entre el 15% de gastos y la tesorería (si el dinero en caja es mayor, no hay que avalar).

En el ejercicio pasado, en el que el Barça tenía todavía patrimonio neto positivo, la Junta de Laporta asumió con un aval de 125 millones de euros que consiguió no sin dificultades

En el ejercicio pasado, en el que el Barcelona tenía todavía patrimonio neto positivo, la Junta de Laporta asumió con un aval de 125 millones de euros que consiguió no sin dificultades. De él se retiraría en noviembre Jaume Roures, el titular de la productora audiovisual de La Liga Mediapro.

Según informó El Confidencial, el presidente blaugrana ha pedido recientemente más ayuda al Consejo Superior de Deportes, para lo que cuenta con el apoyo del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con quien le une el proyecto de la nueva Superliga.

Ahora, Laporta tendría que avalar más salvo que sea efectivamente capaz de demostrar que sus pérdidas son achacables por completo a la covid -La Liga discrepa en hasta 100 millones, entre ellos, una provisión atípica en favor de Hacienda- y se ciñera por completo a sus presupuestos -el aval caería a poco más de 100 millones. Y/o, que mediara algún tipo de nueva medida excepcional al calor del proyecto de Ley que el CSD enviará en breve al Congreso. Fuentes cercanas a la patronal del fútbol español han dicho no contar con información al respecto del posible cambio legal.

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