Bankia ha alcanzado un acuerdo con dos entidades filiales del fondo Lone Star XI para la constitución de una sociedad con el objeto de administrar, desarrollar y disponer de una cartera de activos inmobiliarios  adjudicados y para la transmisión de una cartera de créditos hipotecarios de dudoso cobro por un total conjunto aproximado de 3.070 millones de euros de valor bruto contable.

La operación ha sido seguida de cerca y criticada por Podemos. El partido liderado por Pablo Iglesias se ha opuesto a la venta de los activos de Bankia al fondo estadounidense reclamando el carácter público de la entidad financiera.

Bankia ha comunicado esta mañana a la CNMV que la cartera de adjudicados tiene un valor bruto contable aproximado de 1.650 millones de euros y la cartera de créditos hipotecarios de dudoso cobro de 1.420 millones de euros aproximadamente.

"Está previsto que, una vez cumplidas las condiciones a las que está sujeta la operación, ésta se cierre en el
segundo trimestre de 2019, momento en el cual se procederá a la baja de dichos activos en balance", ha informado la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri.

"La entrada de capital público en Bankia podría haber servido para articular un parque público de vivienda en alquiler social, pero la realidad está siendo bien distinta", advirtió la pasada semana el diputado de Podemos y secretario de relaciones con la sociedad civil de Podemos, Rafael Mayoral.

Los activos inmobiliarios se aportarán a dos sociedades en las que Bankia, S.A. participará, directa o
indirectamente, en un 20% de su capital y una filial de Lone Star Fund XI en el 80% restante. Los derechos económicos de los créditos dudosos serán adquiridos en su integridad por un vehículo 100% de Lone Star Fund XI para su posterior titulización por un fondo de titulización de activos, ha informado Bankia.

Los ahorros de costes a alcanzar a través de la operación se estiman en algo más de 200 millones de euros
antes de impuestos durante los tres años siguientes al cierre de la operación. La operación exige el reconocimiento de provisiones adicionales en 2018 por aproximadamente 85 millones.