Sánchez rectifica e impulsa el veto a la OPA de BBVA ante la incertidumbre de las elecciones catalanas

La OPA de BBVA sobre Sabadell ha encendido las luces de alarma en La Moncloa. El temor a que la operación tenga un impacto imprevisible en las elecciones catalanas está detrás del giro evidente del Gobierno, que ha pasado de aceptar la posible fusión a promover un veto en toda regla.

El cambio de opinión del Ejecutivo se ha producido en las últimas horas. El ala socialista de la coalición llevaba días aguantando la presión creciente de los socios parlamentarios catalanes, tanto ERC como -sobre todo- Junts. Ambos partidos contaban con el apoyo activo de otros 'lobbies', con la patronal Foment del Treball a la cabeza, liderada por Josep Sánchez Llibre. Todos recelaban del asalto impulsado por Carlos Torres sobre una entidad catalana histórica como el Banco Sabadell. Y más aún por su naturaleza hostil.

«Es una mala noticia que pudiéramos perder el Banco Sabadell. Cataluña necesita que haya bancos de obediencia catalana o bancos que tengan muy focalizado su interés en Cataluña", aseguró hace sólo dos días Carles Puigdemont en TV3.

Desde que BBVA lanzó su oferta, hace diez días, el Gobierno se ha movido con cautela, a la espera de comprobar si Torres y Josep Oliu eran capaces de entenderse. De entrada, la operación no gustaba demasiado en Moncloa, por los problemas de competencia que puede generar. Además, el otro ala de la coalición (Sumar) planteó su oposición radical desde el primer momento.

Sin embargo, Pedro Sánchez se mostró partidario de dejar correr el tiempo, al menos, hasta que pasaran las elecciones del próximo domingo. Esa orden explica la reacción moderada inicial del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien se limitó a afirmar que la fusión debe garantizar "una situación competitiva"; o la sorprendente valoración del titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que llegó a afimar que la unión bancaria era "una buena noticia".

La operación de un banco con raíces vascas sobre otro rival con gran solera catalana generaba distorsiones en un momento vital para el líder socialista, tan necesitado de que su candidato, Salvador Illa, logre una victoria holgada el 12-M. El panorama cambió radicalmente en 72 horas. El correo enviado por Torres a Oliu, insistiendo con su oferta no deseada, activó las alertas en Moncloa. El comunicado posterior del Sabadell, plantando cara al comprador, elevó aún más la preocupación.

Confianza en los plazos del BBVA

El Gobierno se mantuvo expectante, confiando en que BBVA dilataría su posible respuesta, al menos, hasta después de los comicios. Sin embargo, este mismo jueves, contra todo pronóstico, el banco comunicó su OPA hostil. Moncloa, que ya conocía la decisión adoptada en la sede de La Vela, tenía preparado el comunicado oficial. Lo ha publicado el Ministerio de Economía apenas una hora y media después del comunicado de BBVA a la CNMV.

Es un movimiento insólito por la rapidez y por el contenido en sí mismo. El Ejecutivo, de hecho, no tenía por qué reaccionar de tal modo ante una operación que acaba de echar a andar, y cuyo plazo de tramitación puede alargarse más de medio año. Sánchez, por tanto, quiere trasladar un mensaje claro, para evitar que los partidos independentistas usen como baza electoral el asalto al Sabadell. De hecho, pese a la oposición inmediata de Economía, Junts ya lo está haciendo.

"La OPA hostil contra el Banco Sabadell debe contestarse con toda la fuerza, con todo el derecho y con toda la razón. Hace tiempo que hay una estrategia para liquidar la actividad bancaria catalana, lo que perjudica a los usuarios y perjudica al país", ha escrito Puigdmont hoy mismo en su cuenta de X. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, también se ha apresurado a advertir que la OPA «solo haría empeorar la falta de competencia que ya existe».

La respuesta del Gobierno anticipa claramente un veto, al mostrar su oposición tanto “en la forma como en el fondo”. Economía advierte que la OPA acarrería un “incremento en el nivel de concentración”, con consecuencias en el empleo y los servicios bancarios. “La operación afectaría también a la cohesión territorial por la presencia de estas entidades financieras en el territorio”, concluye.