La banca celebra como una victoria el nuevo plan de ayudas de 11.000 millones de euros que ha puesto en marcha el Gobierno. Después de varias semanas de duras negociaciones ha visto la luz un nuevo real decreto con tres fondos para asegurar la solvencia del tejido empresarial español y el sector ha quedado contento con el resultado.

La línea dotada finalmente con 3.000 millones de euros para la reestructuración de deuda financiera con aval del Estado ha sido el fondo que más ampollas ha levantado en la banca, por la complejidad del asunto y por el temor de que el Gobierno obligara al sector a realizar quitas obligatorias.

Finalmente no será así y además se ha aplazado el nuevo "código de buenas prácticas" para otro real decreto, un asunto que el sector financiero ve con cierto recelo pues considera que puede relacionarse con el ya existente para el ámbito hipotecario y que se creó en la anterior crisis financiera.

No obstante, el Ministerio de Economía ya ha avanzado que es nuevo código será de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras y otros organismos y su objetivo es "favorecer una actuación coordinada y eficiente de los bancos en apoyo de empresas viables con problemas puntuales de solvencia".

"Desde el principio la banca ha tenido claro que era imprescindible actuar de forma inmediata para paliar los efectos económicos del coronavirus sobre las familias y empresas. Por esta razón los bancos están colaborando con las autoridades en las medidas que se adopten a nivel oficial y las han complementado con otras a nivel sectorial", señalan fuentes financieras consultadas por Vozpópuli.

"La banca española está comprometida, por convicción y porque es nuestra misión, a seguir ayudando a nuestros clientes de acuerdo con nuestras posibilidades en la recuperación postcovid", añaden las mismas fuentes.

El sector financiero aboga por que el Gobierno ofrezca un paquete de ayudas directas, que ayuden a favorecer a la solvencia de las pymes y no sólo a atacar la parte de la deuda, que en este momento se mantiene estable gracias a los mecanismos ya aprobados por el Ejecutivo como la carencia (hasta 2022) y los vencimientos (ampliados hasta los ocho años).

No sólo la banca: Calviño sale reforzada

Con este nuevo plan también sale reforzada Nadia Calviño, pues ha conseguido que la mayor parte de las ayudas directas -primer fondo de 7.000 millones de euros- sea gestionado por las Comunidades Autónomas. Además, según adelantó este medio, la ministra de Economía tampoco quería que se aplicaran quitas a la deuda directas y pidió paciencia a la banca para negociar con sus socios de Gobierno.

Cabe destacar que del fondo principal, el Ejecutivo ha reservado 2.000 millones sólo para Baleares y Canarias, las comunidades más afectadas por la pandemia y que han sufrido en 2020 caídas más bruscas del Producto Interior Bruto (PIB).

El Gobierno dará ayudas desde 4.000 euros para empresas con caída de ingresos del 30%
EFE

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los 5.000 millones restantes se repartirán entre las autonomías siguiendo los mismos criterios de reparto entre autonomías -actualizados a cierre de 2020- que se han utilizado con el fondo React EU, y que generaron polémica y críticas por parte de algunas regiones como la Comunidad de Madrid, que se sintieron especialmente perjudicadas por la distribución en favor de otras como Cataluña.

Respecto al número de beneficiarios, el Gobierno no se ha mojado con una cifra, sólo ha dicho que espera "llegar a las empresas viables" y "cubrir el amplío espectro de empresas que se han visto más afectadas por la covid, con especial atención a los territorios que se han visto más perjudicados".

Los autónomos que tributan por estimación objetiva en el IRPF podrán recibir un máximo de 3.000 euros en ayudas, mientras que el resto y las empresas recibirán cuantías de entre 4.000 y 200.000 euros.

Las ayudas cubrirán como máximo un 40% de la pérdida de ingresos para autónomos y micropymes -de menos de 10 empleados- y del 20% en el caso del resto de empresas.