El Gobierno está explorando fórmulas para fomentar la jubilación demorada. Entre ellas, entregar un 'cheque' a aquellos trabajadores que decidan posponer su salida del mercado laboral. Según ha explicado este lunes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el Estado dará hasta 12.060,12 euros en un pago único a quienes demoren su jubilación. Al tiempo, reducirá hasta un 21% la de quienes se jubilen anticipadamente, según ha señalado durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso.

El Gobierno estudia opciones como dar un 10% adicional para trabajadores con carreras largas, incrementar la pensión en un 4% por cada año que demore su jubilación (lo que mejoraría el modelo actual, que sólo da un plus del 2%) o combinar la concesión de una cuantía fija o con un incremento mensual de la pensión.

Concretamente, Escrivá ha explicado que se está trabajando en el diálogo social en una propuesta de coeficientes reductores a la jubilación anticipada voluntaria por la que estos aumentarían del 16% al 21% para un trabajador con menos de 38 años y 6 meses cotizados que quiera jubilarse dos años antes de lo que le toca.

Sin embargo, si se jubila un año antes, el coeficiente pasará a ser del 2% al 3,26%. En el caso de los trabajadores con más de 38 años y 6 meses cotizados y menos de 41 años y 6 meses, el coeficiente por jubilarse 24 meses antes pasará del 15% actual al 19%. Para los trabajadores de más de 41 años y 6 meses cotizados, pero menos de 44 años y 6 meses, la jubilación anticipada dos años antes pasará a tener un coeficiente reductor del 17% frente al 14% actual y del 2,96% para quienes se jubilen un año antes (frente al 1,8% actual), informa Europa Press.

Revalorización de las pensiones

El Gobierno también ha propuesto un nuevo mecanismo para revalorizar las pensiones que utilice el IPC del año anterior -como ha venido haciendo en los últimos años- pero que compense cuando se produzcan inflaciones negativas, es decir, que efectúe una bajada en las pensiones a lo largo de los tres años siguientes equivalente a la ganancia de poder adquisitivo que se ha producido mientras los precios caían.

Según ha explicado Escrivá, quedarán excluidas de este mecanismo las pensiones mínimas, para las que no se compensará la inflación negativa. El Pacto de Toledo y los interlocutores sociales analizarán el impacto de la revisión cada cinco años.

Este mecanismo es la última propuesta de Escrivá, ya que su postura inicial era vincular las pensiones a una media móvil del IPC a cinco años. La idea permitiría evitar que se den situaciones como la ocurrida en el año 2020, en el que las pensiones subieron un 0,9% y los precios cayeron, con lo que los pensionistas experimentaron una ganancia del poder adquisitivo.

En ese caso, con el nuevo sistema, esas nueve décimas irían restándose a las potenciales subidas de los años siguientes. En 2021 no habrían subido las pensiones y en caso de que en 2022 tuvieran que subir un 0,8% -en línea con el IPC-, sólo subirían un 0,5%.

Según Escrivá, se trata de "un mecanismo sencillo, transparente y revisable cada cinco años de revaloración de pensiones que garantice el poder adquisitivo".

El ministro ha señalado que la inflación negativa es "algo muy infrecuente" y que, en ese caso, "las pensiones no sufrirían ninguna merma, sino que quedarían inalteradas y sería en los tres años siguientes con valores positivos cuando se compensaría esa diferencia, salvo para las pensiones mínimas, a las que no se les aplicaría esta compensación".

Más medidas de la reforma de pensiones

Además de cambiar el sistema de revalorización, la reforma de las pensiones que busca dar respuesta a las recomendaciones que efectuó en 2020 el Pacto de Toledo, aplicará medidas para aproximar la edad real de jubilación a la edad legal de jubilación.

Para ello, intentará desincentivar la jubilación anticipada modificando los coeficientes reductores, aprobará nuevos incentivos a la jubilación demorada, modificará la modalidad de jubilación parcial y aprobará cláusulas convencionales de jubilación forzosa.

El Ministerio está trabajando también con el de Hacienda para modificar el sistema de cotización de los autónomos, para implantar un modelo de cotización por ingresos reales de forma progresiva a partir de enero de 2022.

La eliminación total de los gastos impropios es otra de las patas de esta reforma de las pensiones pactada con Bruselas y consiste en que la Seguridad Social no tenga que asumir gastos que le corresponderían al Estado.