La movilidad urbana, o más bien las limitaciones de la misma, apunta a un multimillonario negocio para las arcas públicas. Y lo será aún más cuando entre en vigor el próximo 1 de enero las nuevas restricciones en aquellas localidades de más de 50.000 habitantes, en las que tendrán que contar con una zona de bajas emisiones en las que se limitará la circulaciones de millones de turismos.
Y es que en ciudades como Madrid, las restricciones a la circulación impuestas por el Ayuntamiento –antes de las últimas elecciones José Luis Martínez-Almeida anunciaba que eliminaría Madrid Central desarrollado por el anterior ejecutivo de Manuela Carmena– son aún mayores tras instaurar la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible Madrid 360, en algunos casos extralimitándose incluso de sus competencias generando ingresos de millones de euros que ahora tendrá que devolver.
Y es que uno de los principales focos de controversia viene de las limitaciones de circulación impuestas en la zona de la Plaza Elíptica, donde el Ayuntamiento de Madrid tendrá que anular por incompetencia muchas más multas que las anunciadas en julio por el propio Alcalde.
Y es que el consistorio madrileño no tiene competencia para imponer multas en el tramo entre los kilómetros 3,9 y 4,4 de la autovía A-42, ya que forman parte de la Red de Carreteras del Estado y son responsabilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA), ha dado a conocer que el Ayuntamiento de Madrid va a tener que anular muchas más sanciones que las anunciadas por el Alcalde el pasado mes de julio, ya que todas las sanciones impuestas hasta la fecha en el túnel de Plaza Elíptica son nulas de pleno derecho al ser incompetente el consistorio madrileño para sancionar infracciones cometidas en vías que no son de su titularidad.
Más de 170.000 multas
AEA señala que ese tramo de la autovía A-42 donde el Ayuntamiento está formulando desde el pasado mes de febrero decenas de miles de denuncias forman parte de la Red de Carreteras del Estado, cuya titularidad corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Por ese motivo, señala AEA, no sólo deben anularse las multas impuestas reiteradamente en el túnel de Plaza Elíptica hasta el pasado 2 de mayo, como anunció el Alcalde en el Pleno del pasado mes de julio, sino que también tienen que anularse todas las denuncias formuladas hasta la fecha y devolver lo abonado porque el Ayuntamiento no tiene competencia en esa vía, ni siquiera a efectos de conservación o señalización.
Y es que según esta asociación, desde su puesta en marcha en febrero de este año el Ayuntamiento de Madrid ha formulado, hasta el pasado 30 de junio, más de 170.000 denuncias en la ZBEDEP de Plaza Elíptica, por un importe aproximado de unos 30 millones de euros (29.255.040 €), de las cuales el 80% (136.649 denuncias) se corresponde con las denuncias formuladas por las cámaras que controlan el acceso al túnel subterráneo de la A-42 y que ahora el consistorio madrileño tendría que anular.
Son, por tanto, casi 25 millones de euros los que el Ayuntamiento de Madrid ha recaudado o estaba en trámites de hacerlo y que ahora deberá devolver a los contribuyentes en el caso de haber cobrado la multa o renunciar a ejecutar las que estaban todavía en tramitación.
