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Economía

La Audiencia Nacional anula los recortes salariales de Ryanair durante la pandemia

La sentencia anula los recortes salariales del 10% a 893 tripulantes y del 20% a 608 pilotos aplicados durante la pandemia en sus bases españolas

Ryanair
Avión de Ryanair. Europa Press

La Audiencia Nacional ha condenado a Ryanair a revertir los recortes salariales del 10% a 893 tripulantes y del 20% a 608 pilotos aplicados durante la pandemia en sus bases españolas, según ha informado este jueves el sindicato USO, que representa a los tripulantes de cabina. Estos recortes únicamente habían sido aceptados por Sepla, el sindicato de los pilotos, pero la sentencia también beneficia a este colectivo.

La AN reconoce así la petición de USO y Sitcpla en su demanda contra Ryanair y Sepla, y condena a la compañía irlandesa a reponer las condiciones previas a julio de 2020. Estima así como nulo el proceso de modificación sustancial de condiciones de trabajo impuestas, tal y como pedían USO y Sitcpla.

La Audiencia considera que Ryanair obró con “ausencia de buena fe negocial”, “llegando a tratar de hacer firmar un acuerdo en dichos términos a las organizaciones sindicales, y todo ello con la amenaza de acometer despidos en caso de que las organizaciones sindicales no se plieguen a tal imposición”.

El Tribunal recalca que “en su análisis no han comprobado la concurrencia de las causas económicas, organizativas y productivas en las que se fundan las medidas a adoptar” en las bases españolas ni “cuál es el impacto financiero de las mismas en su periodo de implementación”.

La Audiencia Nacional ha afeado a Ryanair que se entregue la documentación en lengua inglesa, lo que “implica una manifiesta intención de dificultar el análisis de la documentación e información por parte de las personas que asesoran a los representantes sindicales”.

Asimismo, ahonda en la mala fe de Ryanair en las negociaciones por “el hecho de continuar las negociaciones una vez adoptada la decisión con una sola de las secciones sindicales, fragmentando por grupos profesionales la misma, amén de suponer una eventual lesión del derecho a la libertad sindical, aquí no denunciado, evidencia un desprecio respecto de las secciones sindicales excluidas”.

Nuevo golpe judicial a Ryanair

Lidia Arasanz, secretaria general de USO-Ryanair recalca que “la justicia vuelve a dar la razón a trabajadores y sindicatos contra Ryanair. Con este, ya son 8 los juicios celebrados contra la compañía y todos los hemos ganado. Ryanair basa su éxito empresarial en la falta de respeto a los derechos laborales más elementales. Ahora, los afectados podrán reclamar individualmente las cantidades descontadas
ilegalmente por la compañía desde julio de 2020 hasta hoy”.

Hace unas semanas, el Tribunal Supremo también declaró nulo el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) aplicado por Ryanair a unos 200 trabajadores procedentes en su mayoría de las bases de Canarias y Gerona, confirmando así el fallo de octubre de 2020 de la Audiencia Nacional.

En una sentencia fechada el pasado 22 de septiembre, la sala de lo social avala el criterio del Ministerio de Trabajo, que consideró injustificada la concurrencia de fuerza mayor solicitada por la aerolínea respecto de los trabajadores que habían sido despedidos antes de la pandemia y cuyo despido había sido declarado nulo.

La tramitación del expediente se llevó a cabo sin informar a los sindicatos de la lista de afectados, y además hubo fraude de ley, ya que Ryanair intentó que gran parte de los salarios de tramitación que debía abonar fuesen satisfechos por la Seguridad Social a través de prestaciones de desempleo.

En mayo de 2020, Ryanair presentó una solicitud para poder incluir en el ERTE por fuerza mayor -a causa de la pandemia de coronavirus- a 206 trabajadores, de los que 12 de ellos no estaban incluidos en el ERE y tampoco en el ERTE solicitado anteriormente.

Posteriormente el Ministerio de Trabajo anuló dicho ERTE basándose en el informe de la Inspección, que consideró que era un "fraude de ley" puesto que lo que buscaba la aerolínea era "librarse, si no de toda, sí de una buena parte" del pago de los salarios y las cotizaciones sociales de los 224 trabajadores de estos centros a los que la Audiencia Nacional obligó a readmitir el pasado abril. 

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