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Economía

La Audiencia Nacional mantiene en vilo a las televisiones por el 'multazo' de la CNMC

Sede de la CMNC.

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite los recursos contencioso-administrativos presentados por Atresmedia y Mediaset España contra la sanción de 77 millones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por prácticas restrictivas del mercado publicitario, según avanzan fuentes del sector consultadas por Vozpópuli.

La admisión a trámite, notificada a las partes a comienzos de semana, entra del procedimiento normal de la causa. De hecho, lo raro habría sido que no se admitiesen. Ahora, el tribunal estudiará los argumentos de las televisiones antes de decidir si tumba la sanción y si acuerda las medidas cautelares solicitadas por ambos grupos audiovisuales.

La Audiencia Nacional ha acordado la admisión a trámite un mes después de que ambas cadenas presentasen los recursos in extremis, como desveló este diario. Desde que se acordó la multa a finales del año pasado, Atresmedia y Mediaset contaban con un plazo de dos meses para formular sus recursos y apuraron al máximo los plazos de presentación.  

Más de 70 millones en juego

Ambas televisiones confían en dar la vuelta a la multa en los tribunales y esperan que la Justicia acepte la presentación de las medidas cautelares para no tener que cambiar su modelo publicitario, una de las exigencias de la CNMC. Respecto a la cuantía de la sanción, Atresmedia se juega una multa de 38,2 millones de euros y Mediaset, de 38,9 millones.

En cualquier caso, la CNMC no va a exigir el cambio en el modelo publicitario de ambos grupos audiovisuales hasta que el tribunal no resuelva la solicitud de medidas cautelares, tal y como apuntó recientemente El Independiente.

Un expediente bronco

La instrucción del caso, que se alargó durante más de un año, ha ocupado titulares semana tras semana y ha generado no pocos dolores de cabeza a los consejeros de la CNMC. Fuentes del regulador coinciden en apuntar que se trataba de un expediente muy complejo y la falta de unidad de los consejeros no ha ayudado a la hora de fijar una posición común.

El presidente José María Marín Quemada y la vicepresidenta María Fernández nunca han tenido una relación especialmente fluida, pero esas diferentes también han quedado patentes en su visión del caso. Como ya público este diario, Fernández y Benigno Valdés, miembro de la Sala de Supervisión Regulatoria, emitieron votos en contra en su informe cruzado. Ambos manifestaron así sus discrepancias con las conclusiones alcanzadas por la sala que encabeza el presidente en lo que a sus competencias se refiere.

Las televisiones, conscientes de esta fractura interna, ya se han movilizado para conseguir las acatas de la sesión y acreditar ante el juez las diferencias de criterio entre los consejeros, algo que en principio les beneficiaría en los tribunales.

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