Arrecia la presión del sector energético al Gobierno para corregir el recorte de retribuciones de la CNMC

La tormenta desatada en el sector energético por la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre retribuciones de las redes de transporte de gas y electricidad para los próximos periodos regulatorios comienza a tener sus primeras consecuencias, tanto en forma de declaraciones de los principales afectados como de decisiones empresariales. Las miradas se centran en el periodo de alegaciones abierto hasta el 9 de agosto pero, sobre todo, en el Gobierno, que podría tomar cartas en el asunto ante la posibilidad de que los recortes propuestos compliquen la consecución de sus objetivos de transición energética.

A la capacidad del Gobierno para tratar de corregir la propuesta del regulador, aunque sin mencionar al Ejecutivo, se ha referido Jordi Sevilla, presidente de Red Eléctrica, una de las principales afectadas por la publicación de las circulares el pasado viernes. A través de la página web de la empresa, participada en un 20% por el Estado, Sevilla se ha mostrado especialmente crítico con la postura de la CNMC al asegurar que recortar el gasto y el mantenimiento en un servicio esencial no es el camino adecuado y que tan sólo llevará a deteriorar la calidad del servicio.

La compañía se encarga del transporte eléctrico, actividad para la que el regulador propone un recorte superior al 8% en su retribución.

Las palabras de Jordi Sevilla no han sido la única novedad de las últimas horas relacionadas con la polémica decisión de la CNMC. Naturgy, otra de las grandes perjudicadas por la actualización de las retribuciones, anunció una pausa temporal en las inversiones en expansión de redes de gas, que gestiona a través de su filial Nedgia, por un motivo de prudencia hasta conocer en detalle el nuevo entorno regulatorio.

El PIEC, en peligro

La decisión no ha sorprendido a un mercado que ya había advertido de que la nueva situación podría condicionar las estrategias de inversión. Naturgy se ve afectada por el recorte de más del 18% en la retribución de las redes de distribución de gas (la actividad en la que ha paralizado momentáneamente las inversiones) pero también por el tijeretazo superior al 7% en las redes de distribución eléctrica, mercado en el que también es uno de los inversores más activos.

Tanto el mensaje de Jordi Sevilla como la decisión empresarial de Naturgy ponen el foco en el Gobierno, en cuya mano podría estar convencer a la CNMC de que estos recortes no son lo más adecuado para impulsar la hoja de ruta diseñada por el Ejecutivo para la transición energética, plasmada en un Plan Integrado de Energía y Clima (PIEC) cuyo borrador ha sido muy bien valorado por la Comisión Europea.

Para el presidente de REE, los objetivos de este plan se ponen en riesgo si se recortan los techos de inversión y se reducen los estándares de mantenimiento de las redes de transporte. En el caso de que el Gobierno pensara de la misma manera, tiene en su mano el recurso de convocar la llamada Comisión de Cooperación, un mecanismo de conciliación que sentará en una mesa a la CNMC y al Ministerio de Transición Ecológica para tratar de alcanzar un acuerdo.

Para que este proceso se ponga en marcha, hace falta un paso previo: la emisión de un informe por parte del Ejecutivo en el que refleje que las propuestas del regulador no se ajustan a las citadas orientaciones de política energética.