Una de las grandes batallas empresariales del momento se dirime en el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Madrid. Se trata de los concursos de acreedores de dos sociedades del Grupo Petersen, Petersen Energía (PESA) y Petersen Energía Inversora (PEISA), que tenía el 25% del accionariado de Repsol-YPF hasta el momento de ser expropiada por la República de Argentina.

Petersen, que denuncia que se vio obligada a declararse en quiebra tras la expropiación, mantiene una guerra judicial en Estados Unidos contra YPF y Argentina en busca de una indemnización mientras se resuelve el concurso de acreedores de sus sociedades en España. Tras intentar dinamitarlo sin éxito como ya contó este diario, Argentina e YPF han decidido cambiar de estrategia y han solicitado personarse en el procedimiento, así como iniciar acciones legales ante el Tribunal Constitucional, como desveló este diario.

En concreto, según explican las fuentes consultadas por Vozpópuli, YPF ha presentado hace unos días un escrito en el que solicita personarse en el concurso tras comprar un pequeño crédito de la Bolsa de Argentina, que era uno de los acreedores, alegando así que tiene un interés legítimo. Con este movimiento, YPF podrá tener acceso a la información del proceso para 'intervenir' en la medida que le sea posible. En su momento fue expulsado tras no acreditar interés legítimo en el mismo (ni era acreedor ni deudor), pero con la compra del crédito su situación cambia radicalmente. Ahora, es el administrador concursal el que deberá decidir si acepta o no su personación tras constatar que la compraventa sea lícita.

Frentes en España y Estados Unidos

La batalla de Petersen contra Argentina tiene abiertas dos vías, una en Estados Unidos y la otra en España. En territorio norteamericano, Petersen se ha aliado con el fondo de financiación de litigios Burford para reclamar una indemnización al país latinoamericano y a YPF.

Petersen sostiene su demanda en que la expropiación de la petrolera desplomó el valor de sus acciones, impidió el cumplimiento de sus compromisos financieros y provocó la entrada en concurso de sus sociedades españolas. También cree que si Repsol fue indemnizada en su momento, sus sociedades también deberían ser compensadas.

Por su parte, Argentina e YPF sostienen que la financiación de este pleito es irregular y que lo que se ha hecho en realidad es una venta de derechos a Burford. En el caso de que pudiesen acreditarlo judicialmente, la demanda norteamericana caería en saco roto.