El currículum del ministro Alberto Garzón es tan escueto como las atribuciones de su Ministerio. Basta con revisar los dos documentos oficiales que describen su pasado profesional y su misión en el presente. 

Uno es el BOE del 13 de enero de 2020. Recoge el real decreto 2/2020, que fija el nombre y las tareas de cada uno de los ministerios del Gobierno de coalición. El otro es la ficha biográfica del ministro comunista, colgada en la web oficial de Moncloa.

El BOE resume las funciones de Garzón en dos líneas, literalmente. "Corresponde al Ministerio de Consumo la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de consumo y protección de los consumidores y de juego", precisa el real decreto.  

La trayectoria profesional del ministro merece una línea más (o sea, tres) en el currículum publicado en la página de Moncloa. Queda como sigue:

  • Ministro de Consumo (2020-actualidad)
  • Diputado por Madrid en el Congreso (2016-actualidad)
  • Diputado por Málaga en el Congreso (2011-2016) 

No hay ningún Ministerio en el Gobierno de Pedro Sánchez con menos atribuciones que el de Consumo. Y sólo hay una ministra con un currículum tan raquítico: la de Igualdad, Irene Montero, quien sólo ha sido "diputada por Madrid" (desde 2016).

Alberto Garzón e Irene Montero
Irene Montero y Alberto Garzón, en el Congreso de los Diputados. EP

El día que Alberto Garzón prometió su cargo ante el Rey sabía que su cartera de ministro estaba semivacía de competencias. El pacto entre PSOE y Podemos dio pie a un Gobierno con 23 ministros (el segundo más amplio de la Democracia), cuatro vicepresidencias y tres ministerios de nueva creación. Uno de ellos era el de Consumo, alimentado con tareas que tradicionalmente habían asumido Sanidad (derechos de los consumidores) y Hacienda (regulación del juego). 

Algunos políticos y politólogos advirtieron en su día que este intrincado puzzle generaría problemas. Sobre todo, en los ministerios menos definidos -o, según se mire, más artificiales-. Han bastado 13 meses de legislatura para demostrarlo. Y el Ministerio que lo evidencia con más claridad es el creado 'ad hoc' para Alberto Garzón.

La polémica suscitada por el semáforo nutricional es el último capítulo de un balance corto pero trufado de controversias. La implantación de este sistema, denominado Nutriscore, persigue que los consumidores identifiquen rápidamente si un alimento es más o menos saludable. Buena parte de los productos alimentarios deben lucir una nueva etiqueta de colores, que van del verde al rojo. 

Sólo hay una ministra con un currículum tan raquítico: la de Igualdad, Irene Montero, quien sólo ha sido "diputada por Madrid"

El debate no gira en torno a la etiqueta informativa, sino sobre los criterios elegidos para determinar cuán sano es un alimento. Según el algoritmo de Nutriscore, el aceite de oliva, el jamón ibérico o el queso no lo son demasiado, por sus niveles elevados de azúcar o de grasa. Así pues, el semáforo nutricional que va a aprobar el ministerio de Consumo deja en mal lugar a productos básicos de la dieta mediterránea. Y suma un problema inesperado a muchos miles de agricultores y ganaderos.

El sistema Nutriscore fue elegido por la ex ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en 2018. A Garzón le tocaba desarrollarlo y ponerlo en práctica vía real decreto. Lo que llama la atención de sus 'víctimas' es que un ministerio con tan pocas responsabilidades como el de Consumo no haya sido capaz de identificar y anticiparse al problema. Y, por supuesto, buscar rápido una solución.

Los olivareros fueron los primeros en dar la voz de alarma al constatar que no pasaban el corte del semáforo. Consciente del nerviosismo creciente de los agricultores -sobre todo, los andaluces-, el ministro no tardó en indultar al aceite de oliva, eximiéndole del nuevo etiquetado. El problema -para Garzón- es que el incendio ya estaba propagado en el campo español. Los productores de ibéricos no tardaron en constatar que el jamón más preciado de España también sacaba mala nota en Nutriscore. Y exactamente lo mismo comprobaron después los fabricantes de queso

Alberto Garzón y el semáforo nutricional Nutriscore: la amenaza para el cerdo y el queso español
Clasificación de alimentos del semáforo nutricional Nutriscore. EP

Organizaciones como la OCU respaldan la aplicación del semáforo nutricional, pero introduciendo excepciones: “Es útil para alimentos compuestos por varios ingredientes; no tiene sentido en alimentos como el aceite de oliva, harina, azúcar, huevos, etc., ya que nutricionalmente son iguales con independencia de la marca”. Hasta el propio ministro de Agricultura, Luis Planas, ha expresado públicamente su “preocupación” por el impacto del semáforo en la industria agroalimentaria.

Los empresarios han aunado fuerzas a través de la patronal sectorial. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas ha activado todos sus 'lobbies' en Bruselas y se esfuerza por intentar que el Gobierno aplace la entrada en vigor del nuevo etiquetado. El Ministerio quiere activarlo en mayo, aunque la Comisión Europea da de plazo hasta 2022. Además, los afectados recuerdan que España podría optar por otro sistema.

"Es un contrasentido. No hay por qué elegir el sistema ya. Sería más lógico trabajar por un etiquetado global europeo, que facilitaría además nuestras exportaciones", señalan desde la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico. "No es un problema de los ibéricos, sino del sector agroalimentario. El gobierno debería tomar partido por los empresarios".

Alberto Garzón se defiende

¿Cuál es la versión de Consumo? El Ministerio se defiende alegando que quien apostó por Nutriscore fue el anterior Gobierno popular. Además, recuerda que este modelo de etiquetado cuenta con amplio apoyo entre nutricionistas y científicos.

El capítulo de Nutriscore transcurre sin que aún haya llegado a su punto final la otra gran batalla que ha liderado Garzón: la regulación del juego. Poco días después de tomar posesión como ministro, Garzón anunció un paquete de más de cien medidas para “para abordar los problemas de salud pública que pueden provocar los juegos de azar y las apuestas”. La nueva normativa aplicaba restricciones severas a la publicidad de juego online, tanto en televisión como en los clubes deportivos.

El plan no gustó, evidentemente, a los afectados (anunciantes, televisiones o equipos de fútbol). Pero encajaron el golpe sin poner el grito en el cielo. Ese silencio de los empresarios fue interpretado rápidamente en las filas de Podemos como satisfacción. Garzón no tardó en recibir presiones del ala morada de Gobierno. También de algunas organizaciones de consumidores, que le acusaron de dejarse "ganar la partida".

“Al principio, intentó escuchar. Se convenció de que había que regular para combatir el juego ilegal. Pero luego le acusaron de blando en el partido, por ceder ante los lobbies y los clubes. Por eso endureció sus declaraciones y sus mensajes en las redes”, afirma uno de los directivos que negociaron con el Ministerio. 

A principios de julio, sólo cinco meses después, anunció una vuelta de tuerca a la normativa, con medidas mucho más estrictas. Entre los cambios -recurridos por los afectados- se prohibía el patrocinio en camisetas o equipaciones deportivas. "Estamos de acuerdo con una regulación, no con la prohibición. Es mucho más difícil regular que prohibir", asegura Alejandro Landaluce, consejero delegado de la patronal Cejuego.

Los empresarios del juego, acostumbrados a lidiar desde siempre con funcionarios de Hacienda, tienen que negociar ahora con un ministerio “mucho más político”, en el que la falta de atribuciones y el choque con otras áreas del Gobierno obliga a sobreactuar. “Tiene pocas competencias, por eso se necesita hacer ruido”, insiste un directivo que ha tratado con él.

Garzón luce como mérito la bajada del IVA de las mascarillas, una medida que nunca habría visto la luz sin la firma de la ministra de Hacienda

Esa necesidad explica, a su juicio, que Garzón sobreactúe a veces y pise los charcos más oportunos. Ejemplos sobran. Hace apenas dos meses, cuando se disparó el precio de la luz, sorprendió en las redes culpando de la escalada a "un mercado ineficiente diseñado por la UE" y al oligopolio de las tres mayores eléctricas. El ministro aprovechó para reiterar su apuesta por una empresa pública ("con ella mejoraría el margen de acción pública y se conseguiría cambiar la estructura de mercado", afirmó en Twitter). También pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia.

El ministro no anunció ninguna medida concreta. Esa inacción y la hemeroteca provocaron un aluvión de reproches. En diciembre de 2017, Garzón se había lanzado en Twitter contra el entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, aprovechando una subida similar de los precios eléctricos. "Ningún gobierno decente debería tolerarlo", denunció el 1 de diciembre. El líder de Izquierda Unida no podía imaginar que esa declaración se volvería en su contra tres años después.

Garzón también recibió un andanada de críticas cuando aseguró que el sector turístico español es "de bajo valor añadido” y con una actividad “estacional y precaria”. No lo dijo en su cuenta de Twitter, sino en sede parlamentaria, en mayo de 2020. Es decir, cuando la pandemia ya había arrasado el negocio y la esperanza de miles de empresarios y trabajadores de un sector que representa casi el 13% del PIB.

El ministro tuvo igualmente que capear como pudo la polémica del IVA de las mascarillas. En noviembre del pasado año se supo que el Gobierno podía haber bajado el impuesto en primavera. Países vecinos como Francia o Portugal lo habían hecho para abaratar un producto esencial contra la pandemia. Tanto Garzón como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hicieron frente común para defender que tenían las manos atadas por la UE.

No tardó en demostrarse que la Comisión Europea había dado vía libre en abril. Aún así, Garzón intentó apuntarse el tanto. "Desde el Gobierno bajaremos el IVA de las mascarillas del actual 21% al 4%. Una medida necesaria para seguir facilitando el acceso a un bien obligatorio", escribió en sus redes sociales. El ministro lo explicó en un hilo de Twitter, la misma fórmula que ha usado para disolver casi todas las polémicas que han rodeado a su corta gestión. De hecho, el hilo sobre las mascarillas está fijado desde el 12 de noviembre al inicio de su perfil en la red social. Garzón luce como mérito una medida que nunca habría visto la luz sin la firma de la ministra de Hacienda.