Ha llegado la hora. El Gobierno pone en marcha la agenda para abordar el conflicto de las viviendas turísticas. Y Airbnb es el elegido para 'abrir la veda'. Representantes del Ministerio de Industria se reúnen este miércoles con miembros de la plataforma de alquiler vacacional más popular del mundo para conocer de primera mano sus demandas y exponer su hoja de ruta.

El objetivo de estos encuentros es lograr una reforma de la normativa existente que logre agradar a todas las partes. Isabel Oliver, secretaría de Estado de Turismo, asegura a Vozpópuli que su equipo está trabajando en una propuesta con la que pretenden dar "una mayor seguridad jurídica".

Un reto nada sencillo. El actual enredo normativo sobre viviendas de uso turístico enfrenta a plataformas como Airbnb y Homeaway con las administraciones locales. Un conflicto que ha provocado que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) lleve ante los tribunales la normativa local instaurada por los ayuntamientos de Madrid, San Sebastián y Bilbao.

Un organismo regulador que también tendrá protagonismo en esta agenda. La CNMC insiste en la necesidad de realizar una revisión en profundidad de la regulación vigente y en proyecto de las viviendas de uso turístico que "posibilite el desarrollo de las innovaciones en el mercado de alojamiento turístico y elimine barreras de entrada y ejercicio innecesarias y desproporcionadas".

Una revisión que consideran que redundará en "un mayor bienestar para los consumidores, las empresas y las Administraciones públicas", reclama el organismo que preside José María Marín Quemada. Por su parte, Airbnb ha preferido no realizar declaraciones sobre este encuentro.

Isabel Oliver indica que "una vez que tengamos perfilada la propuesta se la trasladaremos a las Comunidades y al resto de implicados en este asunto, incluidas las plataformas, para trabajar sobre ella, algo que no se había hecho hasta el momento", indica la secretaría de Estado de Turismo. 

Una vez que tengamos perfilada la propuesta se la trasladaremos a las Comunidades y al resto de implicados en este asunto"

Las líneas de trabajo del Gobierno consisten en revisar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la de Propiedad Horizontal para acotar la definición de viviendas de uso turístico . Una labor que será realizada por el grupo de trabajo acordado tras la celebración en julio de la Conferencia Sectorial de Turismo, "que hacía tres años que no se convocaba", añade la representante del Gobierno.

Un conflicto que no sólo atañe al Ministerio que dirige Reyes Maroto. Como recordaba este martes el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, su equipo participa en la revisión de la normativa existente. La secretaría de Estado de Turismo matiza que "no solo se está trabajando con Fomento, es un asunto que se analiza de manera transversal con otros departamentos como Interior, Hacienda o Consumo". Oliver considera que el alquiler turístico es una cuestión compleja jurídicamente porque afecta a administraciones locales, regionales, estatales y europeas.

Su reunión de este miércoles no será el único encuentro de esta jornada donde se analizará este asunto. Está previsto una reunión con la Federación Española de Municipios y Provincias y uno de los temas que se abordará será el del alquiler turístico. Unas administraciones locales que tendrán mucho que decir en este, ya eterno, conflicto.