Airbnb admite el riesgo de operar en Barcelona bajo el mando de Ada Colau. Como parte de los riesgos que la empresa está obligada a desglosar en el folleto de su salida a Bolsa el próximo 10 de diciembre, la compañía cita la regulación de los apartamentos turísticos en la ciudad Condal y la presión que está ejerciendo su alcaldesa en el marco de la Unión Europea (UE). 

Se trata de una de las salidas a Bolsa más esperadas por el mercado, que se producirá en medio de la crisis sanitaria y económica provocada por la covid-19 en el mundo. La valoración máxima de Airbnb, incluyendo las opciones sobre acciones de empleados y otros títulos, ronda los 29.000 millones de euros.

En el documento, el gigante de los alojamientos turísticos destaca a Barcelona como una de las 22 ciudades europeas que intentan poner freno a los 'airbnb'. "Un grupo de alcances que representan a 22 ciudades (incluidas Ámsterdam, Barcelona y Londres) se ha estado reuniendo con la Comisión Europea para buscar un mayor control regulatorio para las plataformas de alquiler a corto plazo", comenta. 

Airbnb explica que estos dirigentes temen el "exceso de turismo" que produce la vivienda de alquiler turístico y su impacto en el precio. Como solución, por regulaciones que "prohíben el alquiler a corto plazo, establecen límites anuales en la cantidad de días que los anfitriones pueden compartir sus hogares o requieren que éstos se registren en el municipio u obtengan un permiso antes".

Barcelona tiene "medidas muy estrictas"

En el caso de Barcelona, el Ayuntamiento "tiene en vigor medidas de inspección y control muy estrictas para garantizar que las viviendas de uso turístico cumplen la normativa", detalla Airbnb en su web. En concreto, por orden de la Generalitat, se debe registrar cualquier vivienda de uso turístico antes de recibir huéspedes.

El gobierno municipal de Barcelona acordó el pasado mes de agosto suspender preventivamente la concesión de licencias de habitaciones turísticas en pisos particulares para evitar tener que otorgarlas por la entrada en vigor del decreto de la Generalitat que legaliza esta actividad, una decisión que Colau calificó de "gravísima" e instó a Torra a rectificar.

Airbnb reconoce que desde su lanzamiento en 2008 "ha habido desarrollos legales y regulatorios que afectan a su negocio"

Además, en el folleto, la plataforma detalla que la regulación de los apartamentos turísticos en la Ciudad Condal va más allá, pues "la ley de zonificación limita el total de apartamentos listados a poco más de 9.000 tras una reciente rescisión de licencias por parte del Ayuntamiento de Barcelona".

Airbnb reconoce que desde su lanzamiento en 2008 "ha habido desarrollos legales y regulatorios que afectan a su negocio", especialmente por parte de los hoteles, sus principales competidores, u otros grupos privados como los propietarios de viviendas o comunidades de vecinos. "Se han esforzado en lograr regulaciones más estrictas en el marco local y nacional", comenta la plataforma. 

Un efecto en su situación financiera

"Si las leyes, regulaciones, reglas o acuerdos restringen o desalientan significativamente a los anfitriones a compartir sus propiedades, esto tendría un efecto material adverso en nuestro negocio, resultados de operaciones y situación financiera", reconoce Airbnb a sus inversores en el citado documento, consultado por Vozpópuli.

La plataforma ha sufrido un duro golpe en su negocio por el coronavirus : "Pasamos 12 años construyendo el negocio de Airbnb y perdimos casi todo en cuestión de 4-6 semanas", reconocía su CEO, Brian Chesky, en una entrevistaAirbnb planea despedir a casi 1.900 trabajadores, alrededor del 25% de su plantilla, como consecuencia del impacto negativo que la pandemia del coronavirus está teniendo en sus cuentas.

Pero la situación de las viviendas de uso turístico ya había empeorado antes de la pandemia. El número de alojamientos cayó en 2019 por primera vez desde su llegada a España hace diez años, según datos proporcionados por Exceltur. Concretamente la cifra descendió en 17.317 viviendas en toda España, teniendo su mayor impacto en Barcelona, donde se registraron 13.357 menos que en 2018.