La diferencia entre ingresos y gastos (déficit) del Régimen de Clases Pasivas, el sistema público de pensiones de los funcionarios, alcanzará en 2023 los 20.500 millones, según los datos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Mientras, los 'números rojos' previstos del sistema de pensiones también público de la Seguridad Social se situarán en 7.199 millones. En términos de PIB, el agujero de las pensiones del Régimen al que están adscritos los funcionarios que entraron en la Administración antes de 2011 alcanzará el 1,5% mientras que el de la Seguridad Social se situará en el 0,5%. Lo que significa que el desequilibrio de las cuentas del sistema de los funcionarios será el triple que el de la Seguridad Social, en el que se encuentran todos los trabajadores privados y el personal laboral público así como los funcionarios incorporados a partir de 2011.
La particularidad de ambos regímenes es que mientras se debate y cuestiona el futuro del sistema público de la Seguridad Social, que se financia con las cotizaciones de empleadores y trabajadores, existe otro sistema público ‘independiente’ desde hace casi un siglo (desde la dictadura de Primo de Rivera) que se financia con los ingresos de la caja de los Presupuestos Generales del Estado de todos los contribuyentes. Este déficit se debe a que el empleador, en este caso las Administraciones Públicas, no han realizado (tampoco ahora) las aportaciones de las cuotas “empresariales” a esta caja de pensiones, que se abastece exclusivamente de las cotizaciones de los empleados y que no son suficientes.
De esta forma, las cuotas satisfechas por estos funcionarios en activo alcanzarán los 771 millones en 2023 mientras que el pago de las pensiones (de jubilación, retiro, viudedad, orfandad y a favor de los padres) superará los 21.000 millones, incluyendo los 81 millones de pensiones menores como las de guerra y excepcionales que aprueban la Cortes así como otros 50 millones de las pensiones remuneratorias de las minas de Almadén. Es algo que viene sucediendo históricamente y es por tanto el Estado quien se encarga de abonar este saldo negativo con dinero de la caja de los impuestos mientras que déficit el de la Seguridad Social se financia mediante créditos del propio Estado que los cotizantes tendrán que devolver en su momento. Es la diferencia sustancial entre los dos sistemas públicos.
El Régimen de Clases Pasivas nació oficialmente en 1926 al asumir el Estado a través de Hacienda la gestión de las prestaciones que venían dispensando los antiguos montepíos y mutualidades a sus funcionarios y que el PSOE regularizó en la década de los ochenta mediante una refundición por decreto de la legislación. Se trata del sistema público de protección social propio de los funcionarios de las Administraciones civil, militar y de Justicia, de las Cortes, así como, entre otros, de las plantillas de los organismos constitucionales. Es por tanto un Régimen exclusivo y selectivo para este personal que finalizará cuando se agote el colectivo en activo que siguen perteneciendo a este Régimen (los que ingresaron en las administraciones antes de 2011) y no ha sido aplicable al personal contratado de las administraciones (laboral y administrativo) que figuran inscritos en el sistema de la Seguridad Social con el abono de cotizaciones por parte del empleador y el empleado.
Fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, instado por Bruselas, quien reguló que todos los empleados públicos (tanto funcionarios como contratados laborales) estuvieran en el Régimen de Seguridad Social a partir de 2011. Es evidente que ahora registraría un saldo boyante si históricamente los funcionarios y sus empleadores hubieran cotizado a este sistema público. Además, esta equiparación entre ambos sistemas hubiera forzado a las Administraciones a gestionar mejor todas sus partidas de gasto al tener que pagar los derechos pasivos. Se hubiera evitado, por ejemplo, las contrataciones masivas de personal del sector público, sobre todo las autonómicas, que ‘funcionarizaron’ (en muchos casos con oposiciones restringidas) en los años más duros de la crisis de 2008 para no pagar las cuotas de empleador. Es decir, les salía más barato tener funcionarios, con garantía vitalicia de empleo, que personal laboral que iba al tubo de la Seguridad Social y por el que debían abonar sus cuotas sociales como empleador.
El Estado abona el saldo negativo con dinero de la caja de los impuestos, mientras que déficit el de la Seguridad Social se financia mediante créditos que los cotizantes tendrán que devolver
El resultado por tanto es que todos los contribuyentes colaboran con sus impuestos a pagar el sistema de los funcionarios, mientras que el de la Seguridad Social se nutre exclusivamente con las cotizaciones de las empresas y de los trabajadores privados (y también del personal laboral público así como los funcionarios desde hace sólo 10 años y sus empleadores). Se trata de otro agravio comparativo más entre las regulaciones para los administradores y los administrados que los gobiernos han perpetuado y que expirará cerca de 2060 cuando ya no haya funcionarios en activo con antigüedad anterior a 2011. Pero, en la actualidad, como consecuencia del envejecimiento de la población laboral en las Administraciones, sigue disparado el gasto.
En 2023 crecerá un 13,9% respecto al año anterior mientras que el coste de las pensiones de la Seguridad Social aumentará un 9,7%. Este gasto siempre ha crecido más en las pensiones de los empleados públicos. Por ejemplo, la media del incremento desde 2017 ha sido de un 4,9% en la Seguridad Social mientras que en Clases Pasivas se ha acercado al 7%. Se debe a que las pensiones de los funcionarios son más elevadas (sus bases reguladoras son más altas al disponer de un mayor sueldo), ya que la prestación alcanza una media de más de 30.000 euros mientras que en la Seguridad Social se sitúa en el entorno de los 16.000 euros. De los 20.500 millones del gasto en pensiones de funcionarios, 15.011 millones se destinan a pensiones de carácter civil, 2.960 millones a las de carácter militar y el resto son pensiones de familiares y otras.
La equiparación entre ambos sistemas hubiera forzado a las Administraciones a gestionar mejor todas sus partidas de gasto al tener que pagar los derechos pasivos
¿Qué supone esta partida de gasto en los Presupuestos? El Gobierno equipara el pago de las pensiones de Clases Pasivas con otros compromisos como el abono de los intereses de la deuda pública, los fondos de compensación interterritorial o las aportaciones a la UE. Esos 20.500 millones supondrán en 2023 el 11% del gasto nacional en pensiones (la Seguridad Social con un gasto de casi 167.000 millones acarrea el 89% restante) si bien en el régimen de los funcionarios hay 671.000 pensionistas y en el de la Seguridad Social existen casi diez millones. La partida es importante. Se trata de la sección presupuestaria que mayor dotación registra junto a la de los intereses de la deuda (31.275 millones) y la de la financiación territorial (45.088 millones).
Esos 20.500 millones anuales (2.500 más que el año pasado) son un lastre para el gasto público e hipotecan las cuentas públicas ya que suponen el doble del presupuesto destinado a Interior, cuatro veces más que el de Defensa, cinco veces más que el de Ciencia e Innovación y siete veces más que el gasto para Sanidad. Este coste representa además el 9% del gasto no financiero total de los PGE y es idéntico al que se prevé para pagar las nóminas del personal activo de los ministerios.
Es también la tercera mayor transferencia presupuestaria que el Estado otorga tras las CCAA (23.553 millones) y Ayuntamientos (20.793 millones), y supera la aportación de España a la UE (17.860 millones) e incluso la que realiza el Estado a la Seguridad Social (19.888 millones) para compensar parte de los gastos impropios no contributivo asumidos por ese subsector o los más de 17.000 millones destinados al complemento de mínimos de las pensiones, pensiones no contributivas, protección a la familia, financiación de Ingreso Mínimo Vital o las atenciones de dependencia. Obviamente, si los gobiernos hubieran sido previsores y ahorradores, la situación de estos regímenes públicos de pensiones sería distinta ya que Clases Pasivas no detraería tanta liquidez a los Presupuestos y la Seguridad Social habría dispuesto de más recursos.
