Plus Ultra, la aerolínea rescatada por el Gobierno con 53 millones de euros y que opera vuelos entre España (Madrid y Tenerife) y Latinoamérica (Venezuela, Perú y Ecuador) podría estar incumpliendo la normativa europea para operar como aerolínea. Según los últimos datos publicados en el registro mercantil, los empresarios venezolanos accionistas de Plus Ultra controlan el 56,8% de las acciones de la compañía.

Según el Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos, "la autoridad competente para la concesión de licencias de un Estado miembro concederá licencias de explotación a empresas a condición de que (...) más del 50% de la propiedad de la compañía, así como su control efectivo (ya sea directo, a través de una o varias empresas intermediarias), recaigan en los Estados miembros o sus nacionales".

En España, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), organismo del Estado adscrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, es quien vela para que se cumplan las normas de aviación civil, entre ellas, que "la mayoría, es decir, el 50% de las acciones de una línea aérea más una acción" sean propiedad de personas con nacionalidad comunitaria.

Según la interpretación de AESA, "el Reglamento EC 1008/2008 del Consejo intenta evitar que el control efectivo pudiera ser ejercitado de forma conjunta por grupos de accionistas no europeos. En todos aquellos casos en los que los nacionales no europeos tengan una influencia significativa, se deberá garantizar que el poder de decisión último está en manos de los inversores europeos".

El 56,8% entre dos sociedades

Inicialmente, Vozpópuli desveló que tres empresarios venezolanos (Rodolfo Reyes Rojas, Roberto Roselli y Raif El Arigie Harbie) controlaban el 47,23% de Plus Ultra a través de una sociedad denominada Snip Aviation, dedicada a la "tenencia de participación en el capital de otras entidades", según las cuentas de la empresa relativas al ejercicio 2018.

Sin embargo, los últimos datos del registro mercantil detallan que a 31 de enero de 2020, esa sociedad tenía el 45,33% de Plus Ultra. Pero además, según consta en el registro mercantil, la sociedad FlySpain, propiedad 100% de Snip Aviation y de la que es administrador único Rodolfo Reyes Rojas, también controlaba a cierre de enero de 2020 el 11,47% de la aerolínea. De ser así, todos estos accionistas sumarían el 56,8% de Plus Ultra.

A esto hay que sumar que en 2018 otros dos empresarios venezolanos, Flavio Pedro Antonio Borquez Tarff y Héctor Antonio Tobías Roye, suscribieron acciones de Plus Ultra por importe, cada uno de ellos, de 1,237 millones de euros, tal y como ha avanzado este periódico; aunque se desconoce qué porcentaje mantienen en la aerolínea.

Fuentes del sector explican que si incumpliera esta condición accionarial, la aerolínea no podría conservar la licencia de explotación española concedida por AESA. En la práctica, esto supondría la pérdida de los derechos para operar vuelos dentro de España y entre países de la Unión Europea, según el Acuerdo de Cielos Abiertos. Tampoco se beneficiaría de los acuerdos bilaterales que tiene España con terceros países para que las aerolíneas puedan volar en esas rutas.

"Una compañía de bandera española o comunitaria no tendría permitido operar si no cumple con el requisito accionarial. Tendría que modificar el accionariado o crear una compañía aérea en Venezuela y solicitar el permiso a la autoridad venezolana", en este caso el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). De conseguirlo, ya "podría operar vuelos desde España con Venezuela, en el marco del convenio bilateral entre ambos países, pero no entre Madrid y Lima, por ejemplo", aclaran.

La empresa cumpliría el requisito en el supuesto de que alguno de los principales accionistas tuviera la doble nacionalidad

Esta fue una de las problemáticas a las que se enfrentó Iberia, propiedad del grupo anglo-hispano IAG, tras el Brexit. Ahora, en el caso de Plus Ultra, la empresa sólo cumpliría el requisito en el supuesto de que alguno de los principales accionistas tuviera la doble nacionalidad, como deslizó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la pasada semana en el Congreso.

Según explica AESA en un documento público, se considera que el término “nacionales de un Estado Miembro” incluye a "aquellas personas poseedoras de la nacionalidad de un Estado Miembro, independientemente de dónde tengan su lugar de residencia o, incluso, en aquellos casos en los que esas personas sean poseedoras, a su vez, de la ciudadanía de otro país no perteneciente a la Unión Europea".

"El hecho de estar en posesión de un pasaporte válido se considerará como evidencia de la ciudadanía y en el caso de que existan sociedades interpuestas dentro de la estructura societaria, se observará la nacionalidad de los individuos que son propietarios y controlan la entidad en estos mismos términos", añade.

Además, aunque la composición del Consejo de Administración en sí misma no sea evidencia suficiente para el control, AESA reconoce que "las decisiones estratégicas a corto plazo serán tomadas por el consejo de la compañía. Por este motivo, "AESA requerirá que haya una mayoría de ciudadanos europeos en el Consejo y tendrá en cuenta tanto la nacionalidad de los propios individuos como la de los inversores a los que representan", asegura.

AESA se niega a desvelar el reparto accionarial

AESA se niega a desvelar el reparto accionarial de Plus Ultra, la aerolínea rescatada por el Gobierno con 53 millones de euros que opera vuelos entre España (desde Madrid y Tenerife) y Latinoamérica (Venezuela, Perú y Ecuador). Ante la consulta de Vozpópuli, tampoco aclara si al menos la mayoría de las acciones están en manos comunitarias para mantener su licencia de explotación española.

Ante las dudas que ha despertado el control de la compañía, Vozpópuli ha solicitado a AESA información sobre el reparto accionarial completo de Plus Ultra. Sin embargo, el organismo público ha denegado la solicitud alegando que "toda la información que facilitan las compañías para el ejercicio de las funciones de inspección y supervisión de AESA es información protegida y confidencial, a no ser las excepciones que contempla la ley, que no es el caso".

AESA ha debido informar sobre este asunto y sobre su estado financiero en el informe que ha realizado para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), quien gestiona la concesión de la ayuda de 53 millones a Plus Ultra. Este periódico también ha solicitado dicho informe al organismo público, pero no ha obtenido respuesta.

Plus Ultra, un rescate polémico

En cuanto al propio rescate, la orden que regula el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas gestionado por la SEPI señala que para acceder a él se debe constituir una "empresa financiera con domicilio social y principales centros de trabajo situados en España". Esto deja fuera a aerolíneas como Ryanair, la que más pasajeros transporta en España y que ha recurrido el fondo ante Bruselas al considerarlo discriminatorio.

La sociedad a través de la que opera Plus Ultra está registrada en España, pero su consideración como "estratégica" y la posibilidad de que la empresa esté en manos de empresarios venezolanos cercanos al chavismo ha generado rechazo en el mundo empresarial y político.

Hay que recordar que la aerolínea apenas operó en 0,03% de los vuelos registrados en España en 2019 y que el pasado febrero, un mes antes de ser rescatada, sólo tenía un avión y no operó ni un vuelo. Además, la empresa se encontraba en pérdidas antes del coronavirus. De hecho, acumulaba 'números rojos' desde su creación en 2011 y esquivó su disolución gracias a un préstamo de un banco panameño, como desveló Vozpópuli.

El vicepresidente del Grupo Popular Europeo, Esteban González Pons, ha pedido a la Comisión Europea una respuesta escrita sobre la concesión de ayudas a una empresa tiene conexiones con el régimen chavista de Venezuela. Vox también ha presentado este miércoles una querella en el Tribunal Supremo contra los miembros del Gobierno y los responsables de la SEPI al considerar que la aerolínea no cumple los requisitos para ser rescatada.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, argumentó el pasado miércoles en una intervención durante la sesión de control que "Plus Ultra tiene un nicho de mercado en cuatro líneas en que es hegemónica" con países latinoamericanos y que el Gobierno no podía denegar la ayuda a la empresa "porque haya una accionista que parece que tiene doble nacionalidad o sea amigo de no se sabe quién".