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Economía

Las administraciones gastan 15.717 millones más en la pandemia pese a reducir un 12% los contratos

La contratación pública en el último año aumentó un 26% hasta los 76.100 millones de euros. Un incremento que contrasta con la caída en el número de adjudicaciones realizadas

Los presidentes de las 17 Comunidades Autónomas y las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, salvo el de Cataluña
Los presidentes de las 17 Comunidades Autónomas y las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, salvo el de Cataluña Europa Press

El Gobierno central, las comunidades, las entidades locales y las empresas estatales se gastaron en 2020 un total de 76.100 millones de euros. Un dato marcado por la pandemia que supone que las administraciones han incrementado un 26% su gasto frente al año anterior. Una contratación pública que se estima que representó el 11,11% del PIB, frente al 9,87% que se registró tanto en 2019 como en 2018. 

Estas son algunas de las cifras más destacadas del Informe de la Contratación Pública en España 2018,2019 y 2020 que ha presentado a cierre de este mes de abril el Ministerio de Hacienda. “Esta estimación previsiblemente se verá incrementada como consecuencia de la contratación pública que se haga a partir de 2021 con cargo al Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (“Next Generation EU”)”, explican los técnicos de Hacienda. 

El incremento del 26% en el valor de la contratación de las administraciones es menor que el 46,1% que incrementó entre 2018 y 2019, donde pasó de 41.339 millones a los 60.384 millones. “Hay que tener en cuenta que una parte importante de la contratación en 2020 podría estar afectada por la situación creada por la COVID-19”, destacan desde el organismo que dirige María Jesús Montero.

Los datos de este estudio que más evidencian el escenario excepcional que ha creado la pandemia del coronavirus es el número de contratos formalizados. En 2020, un total de 1,34 millones de contratos se anunciaron en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en las plataformas autonómicas. Una cifra que se reduce en un 12,3% respecto al año anterior, mientras que el año anterior esta cifra aumentó un 29,2%. 

Es decir, la pandemia de la covid-19 ha provocado que las administraciones firmen menos contratos pero de mayor cuantía. Se estima que el 81,3% de los contratos durante la pandemia corresponden a llama ‘contratación armonizada’, que son aquellos que, por alcanzar un determinado umbral en su valor estimado, se sujetan a unas reglas especiales en cuanto a publicidad y elección del procedimiento. Este tipo de adjudicaciones representaron el 71,6% de los contratos en 2018 y el 70,8% en 2019.

Administraciones en ‘secreto’

Esta informe también se hace eco de los datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación de España (OIRESCON). Este organismo independiente adscrito al Ministerio de Hacienda denunció al cierre de 2020 que uno de cada cuatro contratos de 2020 siguen sin notificarse. En total, 3.202 de los 11.901 contratos tramitados por vía de emergencia vinculada a la causa covid-19 no constan en la información ofrecida por plataforma de contratación del sector público (PLACSP) en sus datos abiertos. 

Las situaciones de crisis permiten al Gobierno central, autonomías o empresas públicas adjudicar contratos de forma directa a una empresa y sin publicitar la licitación. La conocida como 'Tramitación de emergencia' dota de agilidad y rapidez a la Administración en las contrataciones en una crisis. Una situación que, como ha contado estos meses Vozpópuli, ha provocado que se incurran en errores millonarios: material defectuoso, el proveedor no era transparente o la gestión administrativa ha sido errónea. 

Material sanitario llegando al aeropuerto

Una falta de información que también ha sido alertada por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación de España. "En los contratos tramitados por vía de emergencia como consecuencia del covid-19, se han identificado una serie de publicaciones con anomalías o confusión de conceptos que no permite identificar de forma adecuada la publicación individualizada de cada contrato y, en consecuencia, la información que debe constar en el correspondiente anuncio", asegura (OIRESCON).

Por ejemplo, según constató durante 2020 este diario, al menos una docena de contratos incurren en el mismo fallo tanto en la Plataforma de Contratación en el Boletín Oficial del Estado (BOE): al detallar la ubicación y la localidad de las empresas adjudicatarias, se detallaba "Domicilio desconocido".

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