Publicado: 10/06/2020 04:45
La Administración Pública ha empezado a sufrir la falta de liquidez y esto se ha trasladado a un aumento de los retrasos en el pago a proveedores. Las víctimas de estos retrasos son, sobre todo, pequeñas y medianas empresas y autónomos que incluso han tenido que endeudarse para poder salir adelante hasta que la Administración pague sus deudas con ellos.
Lo ha denunciado el propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien ha avisado de que está detectando un aumento de la morosidad por parte del sector público y ha pedido a la Administración que "no vuelva a caer en el error de la morosidad, porque es brutal y mortal, sobre todo para las pymes".
"Tener que pedir un préstamo ICO para tener dinero porque no te paga la Administración Pública es un problema", ha señalado, en alusión a que algunas compañías han tenido incluso que endeudarse y pedir crédito para poder obtener liquidez. Algunas de ellas han conseguido préstamos avalados por el ICO, mientras que aquellas que no cumplen con los criterios de solvencia exigidos han tenido que pedir otro tipo de créditos.
El Ministerio de Hacienda no ha confirmado a Vozpópuli si se ha producido un aumento en los plazos de pago de las Administraciones por el coronavirus ni tampoco qué expectativas tienen de mejorarlo.
Sus últimos datos para el conjunto de las Administraciones corresponden al mes de marzo, en el que la Administración Central pagó con 25,02 días de retraso de media; la Seguridad Social con 10,73 días; las Comunidades Autónomas (CCAA) con 34,98 días; y la Administración Local (ayuntamientos) con 79,10 días de retraso.
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Tres veces más de lo permitido
Del mes de abril sólo hay datos disponibles del periodo medio de pago de la Administración Central (27,61 días) y la Seguridad Social (9,98 días), pero el Ministerio de Hacienda aún no dispone de datos relativos a comunidades y ayuntamientos.
Lorenzo Amor, presidente de la ATA -la asociación mayoritaria de los autónomos-, apunta a este periódico que precisamente son las comunidades y los ayuntamientos las que han empezado a retrasarse en los pagos, con lo que se espera un fuerte repunte en el periodo medio de pago para estos dos subsectores tanto en abril como en mayo.
La Ley de Morosidad estipula que las Administraciones Públicas no pueden demorarse más de 30 días en el pago a proveedores, pero de forma recurrente éstas exceden hasta tres veces el plazo máximo permitido.
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