El nuevo panorama político que se abre tras la convocatoria por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de elecciones generales para el próximo 28 de abril, afecta a los sectores y compañías fundamentales para la economía española.
Medidas legislativas proyectadas por el Gobierno quedan ahora en suspenso, mientras que otras podrán ser aprobadas en los próximos días. Aunque en general la nueva situación política genera incertidumbre y retrasa decisiones de inversión y reestructuraciones de negocio, cada sector se ve afectado de forma particular.
Banca
La nueva convocatoria de elecciones y la posibilidad de un cambio de Gobierno deja en suspenso algunas medidas que no habían sido bien recibidas por la banca española.
El impuesto a las transacciones financieras queda congelado una vez se disuelvan las Cortes. La conocida como 'tasa Tobin' pretendía gravar con un 0,2% todas las transacciones financieras. La medida previsiblemente encarecería el coste de los fondos de inversión y reduciría su rentabilidad.
La entidad más afectada sería la propia Bolsa. Para la compañía Bolsas y Mercados Españoles (BME) la tasa podía implicar un serio problema ya que sus volúmenes se podrían ver lastrados si plataformas alternativas quedaran exentas de este gravamen.
La Ley hipotecaria se salvará para evitar una multa de Bruselas
El organismo de defensa del cliente financiero, que iba a depender de la CNMV, Economía y Banco de España tendrá que esperar al próximo Gobierno. Sánchez anunció esta iniciativa después de que el Tribunal Supremo decidiera que fueran los hipotecados y no los bancos lo que tuvieran que pagar el Impuesto de Actos Jurídicos. La ministra de Economía, Nadia Calviño, pretendía que fuera diseñado como un nuevo órgano de defensa para el cliente cuando éste entrara en pleitos por temas relacionados con productos financieros.
La autoridad macroprudencial también se verá afectada. Se diseñó para frenar futuras crisis financieras y era una de las medidas estrellas de la actual ministra de Economía, Nadia Calviño. El texto se sometió a audiencia pública hace dos meses, pero la convocatoria de elecciones hará imposible que vea la luz.
La Ley hipotecaria se salvará para evitar una multa de Bruselas. En esta nueva norma destaca el refuerzo de la transparencia en la comercialización de hipotecas y el papel de los notarios, así como las rebajas en las comisiones por reembolso anticipado, el impulso al cambio a los contratos a tipo fijo o las hipotecas verdes. En líneas generales, establece también que el banco deberá hacerse cargo de todos los gastos derivados de la constitución de un préstamo hipotecario a excepción del de tasación.
La Ley de cambio climático no podrá ser tramitada en el Congreso de los Diputados
Otra medida como el Sandbox, que buscaba poner a España en la primera linea de la innovación tecnofinanciera, también queda en 'stand by'. Este banco de pruebas fue una propuesta del Gobierno de Rajoy y le dio forma la ministra de Economía, Nadia Calviño.
La transposición de Mifid II se completó a final de año. Se trata de una norma a nivel europeo que exige mucha más transparencia a los fondos de inversión a la hora de comercializar estos productos con el cliente comercial.
Energía
En el ámbito energético, el adelanto electoral llega en plena tarea por la confección de una hoja de ruta a largo plazo para tutelar el proceso de transición energética. El principal impacto se producirá en la Ley de Cambio Climático, cuya aprobación por parte del Gobierno está prevista para la próxima semana. Aunque los planes del Ejecutivo se mantengan, en ningún caso será posible su tramitación en el Parlamento, que se disolverá el próximo 5 de marzo.
El borrador del anteproyecto de Ley generó algunas polémicas, en especial, en lo referido a la prohibición de fabricar vehículos con motores combustión a partir de 2040, que se enmarca en la llamada batalla contra el diésel que impulsó el Gobierno y que quedó plasmada con una frase pronunciada por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera: "El diésel tiene los días contados".
El plan que contempla el cierre de las centrales nucleares queda a salvo del adelanto electoral
La otra punta de lanza de esta cruzada estaba incluida en los Presupuestos Generales del Estado: una notable subida de los impuestos al diésel, que haría que sus precios se pusieran a la altura de los de la gasolina. Con el fracaso del Gobierno a la hora de sacar adelante en el Parlamento las cuentas públicas y la consiguiente convocatoria de elecciones, ambas apuestas quedan desactivadas.
Con la disolución de las Cortes y el fin de la legislatura, todo el trámite parlamentario en torno a la Ley de Cambio Climático queda sin efecto, por lo que se tendrá que poner en marcha de nuevo, desde el principio, al inicio de la siguiente legislatura.
Una circunstancia que prolongará la incertidumbre en el sector, en especial si de las urnas sale un Gobierno de distinto signo y que pueda tener en carteras diferentes planteamientos y estrategias para cumplir con los compromisos medioambientales adquiridos con la Comisión Europea (que también se reformará tras las elecciones de mayo).
El desarrollo reglamentario del autoconsumo podría ver la luz a pesar de la convocatoria electoral
Lo que sí quedará a salvo del calendario electoral será el Plan Integral de Energía y Clima, que el Gobierno aprobará la próxima semana para su posterior remisión a Bruselas, toda vez que no tiene que pasar por el trámite parlamentario.
Actualmente, España es uno de los dos países miembros que aun no ha cumplido con el trámite, cuyo
plazo vencía inicialmente el pasado 31 de diciembre. En él se establecen las bases de cuestiones como el cierre de las centrales nucleares que, según confirmó Ribera el pasado martes, se producirá de forma progresiva entre los años 2025 y 2035.
El plan no tiene rango de Ley pero sí supone un compromiso con la Unión Europea que España debe cumplir. Bruselas debe dar el visto bueno al Plan antes de que concluya el presente año. El calendario fue consensuado con las propietarias de las centrales hace un par de semanas. Sin embargo, un posible vuelco electoral y el hecho de que el trámite de la Ley de Cambio Climático tenga que partir de cero abren posibilidades de alternativas.
Ábalos anunció una inversión de 1.000 millones de euros en carreteras
Otra de las cuestiones que podría ver la luz al margen de la disolución de las Cámaras es el desarrollo reglamentario del autoconsumo, que se tramita a través de un Real Decreto Ley que, además, cuenta con carácter de urgencia, por lo que podría estar listo antes de un posible cambio de Gobierno.
Construcción
En materia de infraestructuras, las principales consecuencias vienen por la no aprobación de los Presupuestos, que incluía un incremento superior al 14% en inversión real, con especial mención para la red ferroviaria de Cercanías y también en las partidas destinadas al mantenimiento de las carreteras.
Fuera de las cuentas públicas, el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció un plan de actuaciones en carreteras, de carácter público-privado, que tendría una dotación aproximada de 1.000 millones de euros para 2019 y que venía a sustituir al gran Plan de Carreteras del Gobierno de Mariano Rajoy. Los trabajos de Fomento en este punto se encuentran en una fase embrionaria por lo que un posible cambio de Ejecutivo lo dejaría sin posibilidades de salir adelante.
Maurici Lucena, presidente de AENA, previsiblemente tendrá que dejar el cargo si hay cambio de Gobierno
El Gobierno también trabajaba en alternativas para financiar el mantenimiento de la red de carreteras (ante la insuficiencia de los recursos públicos), con la vista puesta en un futuro sistema de pago por uso en todas las vías de alta capacidad, al tiempo que iba eliminando las concesiones que vencían. A tal efecto, creó una subcomisión en el Congreso cuyos trabajos se verán interrumpidos por la disolución de las Cámaras.
Otra parte importante del Presupuesto se centraba en completar la red de alta velocidad, con especial atención en el AVE a Galicia, cuya finalización definitiva estaba prevista para este año, y con avances significativos en el Corredor Mediterráneo y el AVE a Extremadura.
Turismo
"Existía la posibilidad de que se tramitara un nuevo decreto para la vivienda en alquiler", señala Ferran Font, director de pisos.com
Inmobiliario
El Ministerio de Fomento liderado por José Luis Ábalos preparaba una "reorientación" del ambicioso Plan de Vivienda que el Gobierno del PP aprobó en marzo de 2018. El nuevo plan, que ahora queda en suspenso, incidiría en el alquiler y preveía la construcción de 20.000 viviendas públicas.
El nuevo plan de vivienda estaba contemplado en el Real Decreto-ley de medidas urgentes "para mejorar el acceso a la vivienda y favorecer el alquiler asequible". El decreto, tumbado en el Congreso, sólo ha estado en vigor 35 días, y aumentaba el plazo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en la casa arrendada. Además limitaba las garantías adicionales a la fianza, hasta un máximo de dos mensualidades, salvo que se tratara de contratos de larga duración.
Con el Gobierno de Pedro Sánchez "existía la posibilidad de que se tramitara un nuevo decreto para la vivienda en alquiler", señala Ferran Font, director de pisos.com.
Podemos, aliado del Gobierno de Sánchez, ha señalado a las Socimi como causantes de los aumentos de los precios del alquiler
Podemos, socio del Gobierno de Sánchez, se negó a apoyar el Real Decreto del alquiler porque este no incluía la posibilidad de que los Ayuntamientos controlaran los precios de la vivienda en determinadas zonas. "Las 20.000 viviendas públicas anunciadas eran insuficientes, pero al menos era un primer paso", añade Font.
Para las Socimi, inmobiliarias cotizadas con ventajas fiscales, la posibilidad de un cambio de Gobierno podría mejorar sus expectativas de negocio. Durante la legislatura de Sánchez, estos vehículos de inversión inmobiliaria han sido señaladas por Podemos como causantes de los incrementos de los precios de alquiler.