Abengoa requiere cientos de millones de euros de dinero público para evitar la quiebra mientras que su presunta participación en el mayor caso de corrupción ocurrido en Almería tiene un coste de 50 millones.

Más de once años después de que tuviera lugar la mayor operación policial y judicial contra la corrupción en Almería, durante la que se intervino el Ayuntamiento de El Ejido y se detuvo a una veintena de políticos y empresarios, este martes volvieron a sentarse en el banquillo antiguos representantes de Abengoa.

El martes se reanudó en Almería el macrojuicio en el que se investiga la presunta trama urgida por el Ayuntamiento de El Ejido y Abengoa a través de la cual se habrían sustraído 71 millones de euros de dinero público: el caso Poniente.

El juzgado ha embargado bienes de Abengoa por su presunta participación en el 'caso Poniente'

El juicio se ha ido retrasando por diversas causas, las últimas debidas a notificaciones de positivos por coronavirus de testigos o investigados en el proceso. Y tiene lugar en otro momento crítico para la multinacional sevillana, que negocia la refinanciación de su deuda al borde del concurso de acreedores.

En ese proceso de negociación, Abengoa requiere cientos de millones de euros de dinero público para salvarse de la quiebra.

La multinacional energética ha exigido a la Junta de Andalucía 20 millones de euros, sin haberlo logrado. Y en el acuerdo que la compañía alcanzó a mediados del pasado año con acreedores, se contempla que el Instituto de Crédito Oficial (ICO)  avale una línea de crédito de 203 millones, y que la aseguradora pública Cesce cubra el 60% de otra línea de avales de hasta 300 millones.

Abengoa ha tratado de reducir la fianza solicitada en 14,5 millones, sin haberlo logrado

La compañía, en cuyo capital participa el Estado, a través de la Secretaría de Estado de Comercio (3,1% del capital),  informó la pasada semana, en la publicación atrasada de sus cuentas de 2019, que ha aportado 50 millones de euros a la causa del caso Poniente.

El espinoso asunto también ha supuesto el embargo preventivo de propiedades del grupo.

Abengoa se ha hecho cargo de las pólizas de seguro que cubren las responsabilidades pecuniarias de sus directivos investigados, por un importe de hasta 49,8 millones de euros, “establecidas para los directivos acusados pertenecientes al grupo empresarial de la compañía, aunque la misma solo responde de dicha responsabilidad civil de manera subsidiaria”, indica el grupo en sus cuentas de 2019 recientemente publicadas.

Mediante Auto de fecha 27 de mayo de 2019, el Juzgado de Instrucción número dos de Almería acordó el embargo preventivo sobre los saldos positivos en cuentas bancarias y devoluciones tributarias de Abengoa y de Abengoa Agua, y sobre un inmueble propiedad de la empresa.

El viernes finaliza el plazo anunciado por la compañía para refinanciar su deuda

Abengoa sostiene que la fijación del importe de la responsabilidad civil subsidiaria dependerá de las fianzas y cauciones aportadas por los responsables civiles directos, y que ha presentado recurso de apelación contra los embargos preventivos dictados.

La compañía, con la que se puso ayer en contacto este diario, insiste en que no ha tenido que pagar los 49,8 millones señalados, sino que "ha cubierto por esa cantidad la posible responsabilidad civil subsidiaria que se pudiera deriva". También indicó que ninguno de los acusados que fueron empleados de Abengoa en su día están hoy en la empresa.

La compañía asegura que se han detectado “errores aritméticos” en el cálculo de las fianzas exigidas reclamando una reducción de las mismas en 14,5 millones, pero hasta ahora no lo ha conseguido.

Abengoa se ha dado de plazo hasta este viernes 19 de febrero para cerrar el acuerdo de refinanciación. Posiblemente la compañía vuelva a extender ese plazo, algo que ha hecho ya en múltiples ocasiones desde el pasado mes de julio.